ESCUCHAREl fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pidió que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada por el delito de asociación ilícita en el caso de la obra pública, conocido como “Vialidad”.
Villar hizo una presentación ante la Sala IV en la que amplió los fundamentos de la apelación del fallo que le impuso la vicepresidenta la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
La defensa, en tanto, pidió la absolución de la encartada.
Ahora, el tribunal quedó en condiciones de convocar a una audiencia oral a las partes para que vuelvan a exponer sus argumentos.
Luego podrá resolver si confirma o revoca las condenas y las absoluciones, en 2024.
Cabe recordar que en el juicio, el fiscal Diego Luciani solicitó que la vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión por administración fraudulenta y asociación ilícita, pero que, por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 descartó el último delito.
Luciani apeló y Villar sostuvo su planteo.
“Al constituirse la asociación ilícita resulta claro que tenía planes de múltiples delitos, todos lo que fueran necesarios para tergiversar el sistema de asignación legítimo de la obra pública, pudiéndose hacer de esos fondos, en todas las ocasiones que pudieran hacerlo, mientras permanecieran en el poder. Esto es lo que exige el tipo penal de la asociación ilícita en cuanto al elemento pluralidad de planes delictivos, no exige su ejecución real (en el futuro), ni de uno, ni de varios delitos”, menifestó.
Villar agregó que al asumir la presidencia de la Nación, la acusada “continuó con la dirección, ejecución y subsistencia del esquema de corrupción en la obra vial que se venía desarrollando desde la presidencia de su cónyuge”, en referencia al fallecido Néstor Kichner.
El fiscal resaltó además que junto con el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obras Públicas, José López -ambos condenados- la mujer implementó “un aceitado procedimiento que aseguraba el pago en condiciones más beneficiosas” al empresario Lázaro Báez por sobre el resto de los contratistas de obra pública.
