El crecimiento del delito, el uso abusivo de la prisión preventiva y la baja utilización de las medidas alternativas a la detención convierten a los lugares de encierro en espacios de hacinamiento. La violencia institucional es moneda corriente y la resocialización se ha transformado en una utopía
Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info
Las cárceles y lugares de encierro del sistema penitenciario argentino se encuentran, desde hace décadas, en una situación de emergencia que ningún gobierno atiende. Córdoba no es la excepción.
La ausencia de derechos humanos (DDH)) es una constante. Esto queda claramente expuesto en el informe realizado por la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba, que aborda los malos tratos y torturas que padecen quienes se encuentras alojados en diferentes contextos de encierro en la provincia de Córdoba.
Respecto al ámbito carcelario, el relevamiento alerta sobre el hacinamiento que se vive en las cárceles como consecuencia de las políticas punitivistas aplicadas en la provincia en las últimas décadas.
La persecución del narcomenudeo por la Justicia provincial, la utilización de la prisión preventiva como regla y las limitaciones a las liberaciones anticipadas (libertad condicional y asistida), así como la baja utilización de las medidas alternativas a la prisión, son algunas de las causas que han contribuido a este fenómeno, advirtió la comisión en su informe.
Las últimas cifras oficiales que se conocen son de 2021 y han quedado absolutamente desactualizadas. En ese momento, había en la provincia 10.409 personas privadas de la libertad (PPL): 9.923 varones, 468 mujeres, 7 varones trans y 11 mujeres trans. El número registrado en 2021 se estimó cercano a 11 mil internos.
Si se toma en cuenta la cifra de hace poco más de una década, la cantidad de personas detenidas es el doble: en 2010 había 5.862 presos.
Cabe destacar que el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) cuenta con nueve establecimientos carcelarios cuya capacidad total declarada por la Provincia al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en 2021, era de 10.993 plazas.
Si bien dicho número parece mostrar que en Córdoba no hay superpoblación, la comisión destacó que ello “debe ser relativizado si tenemos en cuenta la capacidad declarada por la provincia en años anteriores”.
En 2020, para un total de 9.691 PPL, se declaraba una capacidad de 10.497 plazas; mientras que en 2019, para 9.962 PPL había 10.290.
“Esta evolución de las plazas disponibles ha ido acompañando el crecimiento de la población sin obras que justifiquen la ampliación de plazas disponibles, lo que nos permite suponer que existen prácticas que evidencian un intento de forzar la capacidad declarada de los establecimientos penitenciarios”, advierte el informe.
Sobre este punto, Adriana Revol, defensora de los DDHH y militante anticarcelaria, denunció a Comercio y Justicia que en la actualidad las cárceles están absolutamente desbordadas. “No hay espacio para nadie, los internos se turnan para salir al patio dos veces al mes y pueden hacerlo dos horas. Además, por la cantidad de personas detenidas, sólo 5% puede acceder a la educación, y la atención médica es absolutamente insuficiente”, destacó.
Preventiva y domiciliarias
Párrafo aparte merece el tema de las personas que permanecen privadas de la libertad sin condena firme. Del total de PPL, en 2021, 59% (6.137) estaba procesado y sólo 41% (4.272) tenía condena firme. El número de personas detenidas con prisión preventiva es varios puntos porcentuales superior a lo que ocurre con la media nacional (54,8%).
En lo que refiere a la utilización de la prisión domiciliaria, la comisión destaca que, tanto por las limitaciones impuestas por las diversas modificaciones de la ley 24660 como por las decisiones de los juzgados de Ejecución Penal, que desde hace unos años imponen la necesidad de informes psicológicos y socioambientales realizados por equipos del Poder Judicial (complementarios a los realizados por el SPC), la autorización para que una persona quede privada de su libertad en el domicilio se demora meses por no tener turnos disponibles de los equipos judiciales.
“Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no se hace cargo de lo que sucede en las cárceles y el Poder Judicial es cómplice de lo que pasa. Hemos denunciado que hay personas que trabajan por $1.200 por mes y los jueces de Ejecución lo niegan”, aseguró Revol, y agregó: “Los detenidos están encerrados sin poder hacer nada y los pocos que tienen posibilidad de trabajar son esclavos del Estado”.
Muertes y torturas
Además del crecimiento de la población carcelaria, el informe alerta sobre la falta de registro oficial y las escasas respuestas estatales ante las muertes bajo custodia en espacios de encierro.
En este sentido, se destaca que particularmente en los últimos años en el Establecimiento Penitenciario N° 3-Cárcel de Mujeres se produjo una serie de “suicidios” que fueron caratulados como “muertes de etiología dudosa”, que dieron lugar a una crisis penitenciaria -que llevó a la intervención del establecimiento- y expusieron la falta de estrategias judiciales efectivas para la investigación y registro de las muertes ocurridas en custodia.
Sobre este punto, la Comisión de Derechos Humanos denuncia una situación frecuente relativa a la falta de atención médica: señala que son numerosos los casos de personas presas que terminan muriendo en los hospitales por falta de aquélla, adecuada y en tiempo y forma. “Las patologías se agravan y deben ser trasladadas de urgencia a hospitales donde finalmente fallecen”.
“Estas muertes no son investigadas en la provincia y el Poder Judicial no aplica los principios del protocolo de Minnesota sino que se limita a cerrar las causas con el certificado de defunción que consigna las causas de muerte declaradas por el SPC”, puntualiza el relevamiento.
En el mismo sentido se pronunció oportunamente el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) en su informe sobre la visita a Argentina. Expresó preocupación por el número de muertes que son tratadas como suicidios, así como por la falta de investigación para aclararlas y deducir responsabilidades.
En virtud de ello, recomendó al Estado que adopte las medidas necesarias para “investigar con prontitud y de manera exhaustiva e imparcial todas las muertes de personas en detención, practicando en su caso las autopsias correspondientes a fin de determinar cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales; y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas”.
Sobre este aspecto, Adriana Revol precisó que en lo que va del año han registrado la muerte de ocho internos en las cárceles de Córdoba. Como caso paradigmático destacó el de un joven de 23 años que murió de apendicitis. “No lo llevaron a tiempo y el cuadro se agravó y terminó muriendo”, señaló.
Control y seguimiento
Consultada por este medio, la investigadora Valeria Plaza Schaefer, quien estuvo a cargo del informe realizado por la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos de la FCS, destacó la importancia de avanzar en el diseño e implementación de mecanismos de control con participación de la sociedad.
En este sentido, recordó que el Gobierno de Córdoba no ha cumplido en todos estos años con la obligación de crear un comité de prevención de la tortura, previsto en el marco de la ley nacional N° 26827.
“Este mecanismo no sólo permitiría monitorear cárceles sino otros espacios y prácticas específicas de las que tampoco se dispone de información confiable, como lugares de encierro de jóvenes en conflicto con la ley penal”, advirtió Schaefer.
Según la investigadora, la demora en cumplir con la puesta en marcha de este comité no tiene causa económica -atento a que su creación requiere de una estructura mínima- sino de las disputas entre el SPC y otras instituciones reacias a ser controladas.
Cabe recordar que en el año 2012, mediante la ley 26827, el Congreso Nacional creó el Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por la demora en constituir los mecanismos locales de prevención, el Estado argentino ha recibido observaciones de distintos órganos del sistema universal de DDHH. Así, el relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, después de visitar el país, recordó que el establecimiento y el buen funcionamiento de los mecanismos locales “es una obligación jurídica internacional aceptada por la Argentina en virtud del Protocolo Facultativo, y que la vigilancia periódica e independiente de todos los lugares de privación de libertad es uno de los instrumentos más eficaces para reducir el riesgo de tortura y malos tratos”. El funcionario exhortó “a las autoridades a que aseguren el funcionamiento y la efectividad plenos de los mecanismos locales de prevención de cada provincia, de conformidad con las obligaciones que incumben a la Argentina en virtud de los tratados”.
La Provincia de Córdoba aún no creó ni designó su mecanismo local de prevención aunque registra desde el año 2014 varios antecedentes parlamentarios tendientes a crear el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura; y un proyecto previo mediante el cual se adhería a la ley nacional 268276. Ninguno de ellos fue considerado por la Legislatura Unicameral.
El fenómeno del narcomenudeo y las mujeres
En los últimos años se observa la presencia de distintas generaciones de mujeres detenidas, muchas veces por el mismo hecho, vinculado con el narcomenudeo. La población detenida en las cárceles de Córdoba es mayoritariamente joven. En el año 2021, 81% tenía menos de 44 años y 54,67% tenía menos de 34 años.
Adriana Revol alertó sobre que este universo de la población carcelaria es víctima del uso abusivo de los psicofármacos. “Nosotros les llamamos ‘los chalecos químicos’; estimamos que 80% de las detenidas recibe psicofármacos, es la manera que tiene el servicio penitenciario de tenerlas tranquilas”. Revol aseguró que éste es el único medicamento que nunca falta en la cárcel.
Córdoba, en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 4 de abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio el visto bueno al pedido de medida cautelar contra el Estado Argentino, que tiene por víctimas a todas las “personas que se encuentran alojadas en los establecimientos penitenciarios de la Provincia de Córdoba”.
Jorge Cardozo es uno de los abogados que firmó el amparo presentado ante la CIDH, en el que detalló la realidad carcelaria cordobesa. Se trata del mismo letrado que participó en el proceso que debió atravesar la Provincia de Mendoza -en tiempos en que la gobernaba Julio Cobos- ante una situación carcelaria semejante, que le valió cautelares de la CIDH y también medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana (CorteIDH).
Violencia institucional
El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Córdoba publicó en 2020 un informe en el que analiza los casos de abusos cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad entre 2013 y 2019.
Según él, en esos siete años se sustanciaron 65 nuevas causas por hechos relativos a malos tratos y torturas, en los que resultaron imputadas 169 personas, en su mayoría pertenecientes a la Policía de la Provincia (122), en gran parte calificadas como “vejaciones, severidades y apremios ilegales a presos (80 casos). A esa fecha, 52% de las causas continuaba en investigación penal preparatoria, 25% había sido elevado a juicio, 20% contaba con sentencia firme y 3% había resultado archivado. A su vez, 16 funcionarios fueron condenados, 10 absueltos y 10 sobreseídos. En cinco casos, sus causas fueron archivadas y en el resto (128) aún estaban pendientes de resolución.
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