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La situación difirió de lo ocurrido en 2009, cuando no hubo ningún cuestionamiento que involucrara a Argentin.
Durante 2010, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) presentó cuatro demandas contra el Estado Argentino ante la Corte IDH. Además, en la Comisión se admitió un nuevo caso, se logró un acuerdo de solución amistosa en otros tres y se archivó igual número de procesos.
En cuanto a las demandas que la Comisión interpone, luego de no poder llegar a una solución amistosa, durante 2009 presentaron nueve demandas ante la Corte Interamericana, aunque ninguna fue contra el Estado argentino, mientras que en 2008 tampoco se habían presentado casos.
En 2010, dos de las demandas presentadas se interpusieron en la primera mitad del año. Así, en abril se elevó el caso “Iván Eladio Torres”, en el cual el Estado argentino será juzgado por la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de Torres en la provincia de Chubut en el año 2003. La familia del joven, que en el momento de la desaparición tenía 24 años, denunció la “falta de diligencia en la investigación de los hechos” y la “denegación de justicia”.
Ya en mayo del año pasado se presentó la demanda en el caso “Jorge Fernando Grande”, quien fue sometido a un proceso penal basado en una prueba que fue declarada nula. Grande fue privado de su libertad durante dos semanas en “condiciones brutales” y sujeto a un prolongado procesamiento “basado en pruebas obtenidas ilegalmente”, como por ejemplo, que la policía incautó documentos “sin orden judicial escrita”.
Por su parte, las últimas dos demandas se presentaron a días de terminar 2010.
Uno de los casos es sobre la guarda de una niña que derivó en la presentación ante la Corte. Se trata del caso “Milagros Fornerón y Leonardo Aníbal Fornerón” en el cual el padre de la menor denunció que el Estado le impidió “cuidar y criar a su hija, Milagros Fornerón, ignorando con ello sus derechos de padre, así como el interés superior de la niña”. La niña fue entregada en guarda provisoria sin el consentimiento de su padre.
El último de los casos presentados contra el país ante el tribunal internacional fue un caso sobre libertad de expresión. En la causa “Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico” se analizará el hecho de que fueran condenados por la Corte Suprema en la causa “Carlos Saúl Menem v. Editorial Perfil SA y otros” a indemnizar al actual senador, por haber difundido durante tres ediciones de la revista Noticias, informaciones sobre un hijo no reconocido de Menem con una diputada nacional.
El trabajo de la Comisión
Durante el año pasado, la CIDH admitió un sólo caso para su tratamiento (en 2009 se habían admitido cinco). Se trata de la petición del caso “Enrique Hermán Pfister Frías y Lucrecia Oliver de Pfister Frías”, en el que se alega la presunta responsabilidad del Estado argentino por la ausencia de reparación de los hechos que llevaron al exilio a la familia Pfister Frías durante la ultima dictadura militar.
Los peticionarios argumentan que la decisión judicial y la administrativa habían violado el derecho a la igualdad porque “no se les otorgó a las presuntas víctimas la indemnización prevista en la ley, a diferencia de otras personas que se encontrarían en circunstancias similares que sí habrían sido compensadas”.
En contrapartida, se logró arribar a un acuerdo de solución amistosa en tres hechos. Este acuerdo implica medidas de reparación pecuniarias para con las victimas y no pecuniarias.
El primero de ellos es el aprobado en el informe 15/10 “Rodolfo Correa Belisle” (el acuerdo fue firmado el 14 de agosto del 2006, aunque aprobado por la comisión en marzo del 2010); luego el informe 16/10 aprueba el acuerdo en el caso Mario Humberto Gómez Yardez (firmado el 5 de diciembre del 2006 y aprobado también en marzo del 2010); y por ultimo el informe 17/10 que aprueba la solución amistosa en “Raquel Natalia Lagunas y Sergio Antonio Sorbellini” (acuerdo firmado en noviembre del 2007). Además se pasó a archivo otras tres peticiones, “Daniel Ricardo Bellini”, “Juan Carlos Ruiz Díaz” y “Leonardo Cristian Rocha”.
Asimismo, durante el año pasado la CIDH otorgó una medida cautelar en julio pasado, sobre personas privadas de libertad en la comisaría tercera de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Medida cautelar otorgada de oficio tras una visita realizada a dicha comisaría el 8 de junio de 2010 en la que se constató que 20 personas estaban detenidas en situación de hacinamiento extremo en el área de calabozos.
La Comisión le solicitó al Estado de Argentina que las personas privadas de libertad en la citada comisaría sean ubicadas de inmediato en un lugar que cumpla con los requisitos para una detención en condiciones dignas.
