ESCUCHARLas indecisiones políticas y económicas que exhibe el gobierno se suman al descontento social, haciendo más difícil el tránsito hasta las primarias de agosto.
Como cada semana, los eventos acumulados en los días previos signarán el destino de los días por venir. En una semana corta por el feriado religioso, hubo algunas cosas que se amontonaron en los tres días laborables y que orientaron la discusión pública.
Lo que marcó la agenda de medios por tocar de cerca un aspecto central de la vida cotidiana en Argentina fue el asesinato del colectivero en provincia de Buenos Aires, un hecho de inseguridad en la periferia empobrecida del conurbano bonaerense que impactó de lleno en el humor social.
La protesta de los compañeros del chofer asesinado tuvo un giro político y violento cuando el Secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se acercó a los trabajadores a hacer su habitual número de hombre fuerte. No le sirvió. Los trabajadores lo agredieron, obligándolo a retirarse escoltado por agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que vino de allí se convirtió en un espectáculo obsceno de olvidarse que en el medio la única víctima era un chofer al que le quedaba apenas un mes para jubilarse después de 30 años de servicio.
Desde el oficialismo bonaerense armaron un escenario de un supuesto complot, una conspiración para perjudicar al gobernador Kicillof. Se habló de un operativo comando, “como si fuese un asalto a un blindado”, dijo el gobernador, que agregó que usaron “un arma de sicario”. La mente política es prolífica cuando busca excusas para justificar su inoperancia.
Lo que vino después mostró la verdadera naturaleza de la concepción política del kirchnerismo. El operativo para detener a los agresores de Berni fue un despliegue cinematográfico de fuerza pública para demostrar que representan a un sector intocable de la sociedad. No son primus inter pares, sino que son los funcionarios que parasitan al Estado en todas las dimensiones posibles, porque los ciudadanos de a pie no ven que sus derechos y su integridad física se defienda con la misma vehemencia con la que se lanzó el operativo para dar con los agresores de Berni.
El viernes, segundo día del fin de semana largo, los operativos para cachear a la gente en los colectivos fueron la nota más destacada. A plena siesta, en retenes ubicados a plena vista, justo donde los pudieran detectar las cámaras y para que se cumpliera su objetivo intimidatorio, la policía que responde a Berni y Kicillof se encargó de hacer acto de presencia.
El nivel de desorientación del oficialismo es tan grande que son incapaces de darse cuenta del impacto negativo que tienen esas cosas para los ciudadanos comunes, a los que no les resuelven los problemas pero les refriegan en la cara que tienen el poder para hacerlo. Con una intención de voto que cae en picada, este tipo de cosas abonan a profundizar la erosión de la confianza que gente común deposita en el Estado.
Cupón PBI
Kicillof fue noticia otra vez el miércoles, cuando en los tribunales de Londres se consumó un fallo adverso contra el país por los efectos de la manipulación de datos del Indec. El Tribunal Superior de Londres falló respecto a los pagos que cuatro hedge funds dijeron que se debían por valores denominados en euros vinculados al producto interno bruto (PBI) de Argentina en 2013, los “cupones PBI”.
Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited demandaron al país en 2019, solicitando una indemnización de hasta 643 millones de euros (US$704 millones). El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos, diciendo en un fallo escrito que Argentina debe pagar 643 millones de euros más intereses, unos 1.330 millones de euros en relación con todos los valores vinculados al PBI, de los que los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%. En dólares, la cifra asciende a casi US$1.500 millones al tipo de cambio actual.
Los Valores Negociables Vinculados al PBI fueon instrumentos utilizados en 2005 por los por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Determinaba pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba 3%. Fueron apodados como “cupones PBI”, una herramienta pensada para tentar a los bonistas para que entraran a los canjes de deuda llevado adelante ese mismo año. La Argentina pagaría más si su economía crecía.
En marzo de 2014, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido de 3%, inferior al 3,2% necesario para que se ejecutara el pago del Cupón PBI -en diciembre de ese mismo año-, por un total de US$3.000 millones. Lo burdo de la operación fue que un mes antes, en febrero, el Indec habia afirmado que la economía había crecido 4,9% en 2013.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, se revisaron los datos de crecimiento económico durante la gestión anterior y se determinó que durante 2013 el PBI había crecido 2,4%, también por debajo del umbral que gatillaba los pagos.
La maniobra fue vendida en aquel entonces como una jugada maestra de ingeniería contable y política, aunque en el mundo real las acciones tienen consecuencias que, como en este caso, pueden ser gravosas para las arcas públicas. El fracaso de la estrategia de Kicillof se suma al revés por el caso de YPF que ocurrió la semana previa, una muestra más de la espantosa gestión económica en la que incurrió el cristinismo una vez que se aisló de la sensatez para ingresar en una deriva ideológica de la que nunca pudo salir.
Dólar soja y dólar agro
Otra de las noticias del miércoles fue la implementación de un nuevo tipo de cambio diferenciado para beneficiar al campo, tanto al sector sojero como al de las economías regionales. La decisión, muy esperada por los exportadores, no parece ser lo que necesita el país para resolver sus problemas económicos, por cuanto el otorgamiento de un tipo de cambio diferencial para el sector implica un posterior aumento de la emisión y el consiguiente aumento de la inflación.
Las dos ediciones anteriores del mecanismo dejaron en evidencia sus limitaciones, al empujar los costos de productos de otros sectores hacia arriba, porque el mercado es un sistema interconectado en el que todos los precios están interrelacionados donde tocar un precio tiene consecuencias en los demás.
La jugada se hizo al mejor estilo Massa: se hizo un anuncio sin todas las precisiones. Ahora llegará el tiempo de los ajustes sobre la marcha, las rectificaciones y modificaciones que terminarán limitando enormemente el impacto de la medida en términos de beneficios a los productores.
La lectura política demuestra que la decisión ha tenido un impacto solamente destacado por los medios afines al gobierno, porque muchos sectores políticos y económicos fueron críticos de un mecanismo que consideran insuficiente. El campo, acuciado por el tercer año de sequía, pretende un cambio de políticas incompatible con la naturaleza del kirchnerismo, cuyos militantes más fervorosos sostienen que este trato preferencial al campo no se corresponde con las banderas que siempre han defendido.
Sin embargo, la necesidad tiene cara de hereje. La sangría de reservas del Banco Central es un hecho demasiado evidente como para que los que administran el Estado se encierren en gestas ideológicas antes que en gestiones pragmáticas, lo que hace que el Gabinete Económico desarrolle las políticas que estén a su alcance para prolongar la sobrevida de un gobierno que ha perdido buena parte de su capital político y su poder de iniciativa frente a la sociedad.
Ley de Alquileres
Una muestra de la capacidad del gobierno de seguir licuando su capital político fue el affaire de la Ley de Alquileres, cuando se deslizó de manera irresponsable que se iba a trabajar en la suspensión de la normativa vigente. El obstáculo formal de que el ejecutivo no puede derogar ni suspender una ley dictada por el ejecutivo fue pasada por alto por decenas de medios y cientos de personalidades públicas, que comentaban el rumor con total desconocimiento del funcionamiento de la división de poderes republicana que ordena nuestras vidas.
Mas allá de eso, el problema es generar expectativas desmedidas en gente que se ve perjudicada por la normativa actual, pero sin llevar ningún tipo de solución concreta. Además incorpora un ruido a todas las discusiones y negociaciones del área, aumentando el nivel de incertidumbre respecto a las reglas de juego que van a regular los contratos en los meses venideros.
Ante la falta de ofertas para alquilar, la irresponsable jugada contribuye a profundizar esa situación, por cuanto aquellos con propiedades que podrían salir al mercado preferirán esperar un tiempo hasta terminar de ver cómo se resuelve el tema referido a la polémica ley. La especulación es una condición inherente al ser humano, así como la búsqueda de un mayor beneficio. Si todo indica que el trato que se puede obtener en un futuro no muy lejano será mejor que el que se puede obtener hoy, lo lógico es esperar un tiempo y retirar la propiedad del mercado.
Todo en esta última fase descendente del gobierno está teñido de los mismo problemas. Tensiones internas, idas y vueltas en la definición de políticas públicas e inexistencia de un rumbo y un liderazgo claros contribuyen al agotamiento de un ciclo que corre el riesgo de estallar y empeorar aún más las cosas.
