ESCUCHARLa política de la actual administración en materia de seguridad es errática desde que asumió. El debate sobre si es o no necesario que los uniformados cuenten con armas no letales se reactivó a raíz del crimen de una mujer policía porteña. La semana pasada se admitió el amparo por mora que la CABA presentó en noviembre de 2022, para que la Anmac conteste si pueden ingresar al país los 60 dispositivos que compró la jurisdicción
En enero de 2020, a menos de un mes de iniciar su gestión, la ex ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic implementó medidas que generaron críticas, no sólo de la oposición.
En su cruzada por desmantelar la “era Bullrich”, que en aquel momento parecía su único plan, la antropóloga dejó sin efecto previsiones sobre pistolas Taser y armas de fuego. Sergio Berni, su par bonaerense, fue el primero en fustigarla.
Cabe recordar que definió como “un disparate” la decisión de Frederic. “Nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo”, sostuvo, y agregó que hay lugares donde las Taser son imprescindibles.
También fue contundente al referirse a la portación de armas fuera del horario de servicio de los agentes. “¿Cuál es el sentido de evitar que la policía use armas? ¿Vamos a evitar los ‘gatillos fáciles’ porque no porten armas? Es un error”, manifestó.
En ese marco, mientras los dispositivos de electrochoque eran demonizados por integrantes de la actual administración y sus aliados -dentro y fuera de la estructura estatal-, el radicalismo criticó la confusa política de seguridad del Gobierno nacional.
La UCR cuestionó la agenda “anti Bullrich” de Frederic en un comunicado firmado por su por entonces titular, Alfredo Cornejo. El partido denunció que desde que asumió la ex funcionaria no difundió un plan claro y que se limitó a demoler las pautas que había fijado su antecesora, sin contrapropuestas.
El diputado Mario Negri se enfocó en las disputas entre Frederic y Berni y estimó que mostraban la “improvisación del Gobierno” sobre un tema “extremadamente sensible”. También valoró que las controversias que protagonizaron la antopóloga y el médico eran “una invitación al delito para multiplicarse”.
“Si manda la ideología a la hora de combatir a los delincuentes, seguro gana la muerte”, escribió el cordobés en su cuenta de la red social Twitter hace dos veranos.
Alberto Fernández respaldó a Frederic y le sugirió a Berni que se ocupara de los problemas de Buenos Aires.
Lejos de calmar el revuelo, la intervención del Presidente reveló su amateurismo, ya que las tareas de ambos funcionarios se superponen en muchas zonas de la jurisdicción y la coordinación es vital.
Berni no se calló: ventiló más diferencias con Frederic y con el primer mandatario y argumentó que no expresaban lo que la mayoría de los bonaerenses pensaba.
Crimen organizado
Ante ese panorama, el mendocino Cornejo advirtió: “Un Estado desorganizado no puede combatir el crimen organizado”.
“Que el referente en seguridad de la provincia más poblada del país y la ministra de la Nación tengan criterios diferentes en la materia deja a la intemperie a los ciudadanos para con los delincuentes”, consideró.
En la misma línea que Negri, el ex gobernador de Mendoza expresó que debía dejarse de priorizar el “ideologismo” en materia de seguridad y reemplazar las declamaciones por el diseño de soluciones reales.
Mientras el kirchnerismo ventilaba una de sus primeras internas, Rosario ya era un polvorín. A poco de iniciarse enero de 2020, 17 personas habían perdido la vida por causas violentas y otras cinco murieron por razones similares en distintas localidades de la provincia de Santa Fe.
Santa Fe
Mientras Santa Fe aguardaba respuestas de la Nación, el ex jefe de la Policía rosarina, Víctor Sarnaglia, autorizó a los agentes a que llevaran una bala en la recámara de sus armas; es decir, los habilitó para que procedieran a disparar de inmediato.
Frederic se reunió con Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad santafesino, pero seguían sin una estrategia y se ignoraba si autorizaría el traslado de más gendarmes.
En plena incertidumbre, Sarnaglia anunció que el Gobierno nacional tenía previsto enviar a unos tres mil agentes de fuerzas federales para colaborar con la lucha contra el narcocrimen; en especial, en Rosario. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación se limitó a confirmar que se estaba “avanzando” en la creación de un Comando Conjunto de fuerzas.
Internas
En febrero de 2020, las internas del kirchnerismo en el campo de la seguridad acumularon más capítulos. Frederic siguió propalando conceptos en contra de la ex ministra Bullrich y abundando en dislates ideológicos para fundamentar sus planteos. En ese afán, sumó detractores y su contienda con Berni llegó a un punto delicado cuando trascendió que el funcionario de Axel Kicillof directamente puso en duda la capacidad de la mujer para manejar a las fuerzas federales.
En plena crisis de seguridad en el territorio que concentra 40 por ciento de la población del país, le reclamó que las retirara de la jurisdicción.
En el escrito que presentó para formalizar su pedido, Berni dijo que la presencia de aquéllas “sin una conducción clara” era inútil y que agravaba y complejizaba “la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales”.
Las reuniones entre Frederic y Berni y el promocionado “convenio de cooperación” para clarificar la situación de las fuerzas federales apostadas en territorio bonaerense, entre otros pasos burocráticos, no dieron resultado.
Mientras el kirchnerismo debatía y sumaba grietas, Buenos Aires y Santa Fe seguían golpeadas por la inseguridad.
A febrero de 2020, la provincia gobernada por Omar Perotti sumaba 29 decesos por causas violentas.
Saín -el ex titular de Seguridad de Santa Fe que tras su deslucido paso por el cargo comenzó a asesorar al actual ministro Aníbal Fernández y en noviembre de 2022 quedó imputado por liderar una asociación ilícita que hacía espionaje sin orden judicial, un comportamiento prohibido por la Ley de Inteligencia- carecía de estrategia y se limitaba a replicar el “formato Frederic”.
Mientras el narcocrimen avanzaba sin piedad sobre el territorio en Santa Fe, que por estos días vive una crisis sin precedentes, Sain se tomó tiempo para indignarse con una nota periodística que reflejó los reparos de la nueva conducción del PRO sobre su gestión.
Sain, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el mandato de Néstor Kirchner y a quienes algunos definen como “un duro de la progreseguridad”, escribió en su cuenta de Twitter: “No hay mejor elogio que una buena crítica de la derecha que destruyó la Argentina en tan sólo cuatro años”.
Bullrich le contestó. “Nuestro aporte a la seguridad en Rosario ha sido relevante, así que menos ideología y más trabajo. La gente necesita vivir segura y en la provincia de Santa Fe ésa es su responsabilidad”, escribió. También alentó a Sain a “no distraerse”. Fue un buen consejo: a horas del posteo del santafesino el número de fallecidos en su jurisdicción pasó de 49 a 52.
Frederic y Berni se reunieron, bajaron el tono de su disputa y se comprometieron a “generar las condiciones mínimas para que los efectivos federales puedan actuar coordinadamente”, según comunicaron.
No obstante, al salir del encuentro, Berni se encargó de recordarle a la prensa que a pesar de sus diferencias ideológicas con Horacio Rodríguez Larreta siempre pudieron trabajar juntos. “El Gobierno no es un club de amigos, es representar intereses y ponerse de acuerdo en políticas públicas”, disparó.
Comedia de enredos
No había terminado febrero de 2020 y la comedia de enredos en la que se convirtió la política de seguridad de la Nación sumó un nuevo capítulo.
A pesar de que no cesaba de dar pasos en falso y de que su aptitud ya estaba en duda, Frederic abundaba en arengas ideológicas y usaba cada oportunidad disponible para sumar partidarios.
Bajo esa premisa, al plantear la necesidad de poner en marcha una política federal de seguridad para enfrentar al narco, la antropóloga acotó que había que hacerlo sin “recetas foráneas” ni “shows punitivos”. También dijo que se imponía tomar distancia de la mirada “porteñocéntrica”. Lo hizo en Tucumán, escoltada por la ex ministra de Justicia Marcela Losardo, al inaugurar la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior.
Ante el por entonces gobernador y ex jefe de Gabinete Juan Manzur y el ahora “superministro” de Economía Sergio Massa, y representantes de las provincias y de las fuerzas federales, la funcionaria expuso los principales lineamientos de su gestión, que llevaba más de dos meses con alto perfil pero sin rumbo.
Entre otros anuncios, Frederic aseguró que se profundizarían los diagnósticos sobre las redes criminales que operan en cada territorio y, una vez más, pinceló su discurso: habló de “fantasmagóricos enemigos internos” y pidió desmantelar esa noción, la cual, según estimó, lleva a hacer uso abusivo de la fuerza y a “demonizar y a criminalizar al prójimo” dentro del país y en las fronteras.
El “episodio Manzur”
Durante el acto hubo una pausa y Manzur protagonizó un episodio que, de haber ocurrido durante la administración Macri, habría generado titulares catástrofe y exigencias de declaración de emergencia en seguridad y de gobierno de coalición.
Sin advertir que los micrófonos y las cámaras estaban activos, la ministra y el caudillo tucumano mantuvieron un diálogo inquietante. “Viste, Juan, que estaba la idea de crear la Agencia Federal de Seguridad para darle participación a la oposición. Y también se habló de un consejo. La idea es fortalecer todo”, le comentó Frederic a Manzur. Él respondió: “Vos tenés que poner a alguien que los escuche, que los atienda, y después hacemos lo que nosotros queremos”.
El pseudoasesoramiento del ex ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, celebrado con risas por la antropóloga, se inscribió en la lógica que el kirchnerismo “somos más, ergo, tenemos razón”. Venía de ganar las elecciones, de “volver”, y era -y, según muestra la realidad, sigue siendo- una suerte de teflón cuando de aportes o críticas se trata.
A su vez, mostró su incapacidad para llegar a acuerdos mínimos en el seno de la alianza que derivó en el Frente de Todos. Poco antes, Massa había declarado que las políticas de seguridad del Estado debían fijarse “con pluralidad de voces políticas”.
Bullrich se refirió a lo ocurrido en su cuenta de Twitter. “El sincericidio de Manzur muestra la verdadera cara del Gobierno. Dicen que quieren federalismo pero se ríen de los ministros provinciales”, escribió.
Además, difundió su punto de vista sobre la cumbre en Tucumán para, según expresó, responder “las inconsistencias” de las palabras de Frederic.
Consejo Federal
En el escrito, que tituló “Un Consejo Federal de Seguridad para no escuchar a los participantes”, la líder del PRO recordó que la institución nació en 1992, a partir de la votación unánime de la ley 24059, y que durante su gestión “tuvo récord de reuniones”, con un promedio de tres por año.
La ex funcionaria fustigó la actitud de Frederic ante el “incidente Manzur” y objetó que no respondiera ante “la barbaridad” que espetó.
“La ministra dijo que nuestra gestión tenía una mirada ‘porteñocentrica’, sin recordar que fue nuestro Gobierno el primero que transfirió la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires y permitió un trabajo federal nunca visto”, acotó. Por otro lado, objetó que Frederic departiera sobre supuestas miradas fantasmagóricas de enemigos internos “sin entender y valorar que el narcotráfico, sus bandas y sus asesinos son enemigos de todos los ciudadanos”.
Anomia
“La construcción del orden y no la anomia propuesta, es la solución verdadera de la política criminal del país”, enfatizó.
“El orden es un valor, no parece serlo para la actual ministra. El orden es la construcción de convivencia y todo lo contrario a la construcción de enemigos, típica política del Gobierno del cual forma parte”, señaló también.
Por último, remarcó que Frederic seguía atacando la lucha en contra del narcotráfico que ella motorizó y, según valoró, fue exitosa.
Sobre la frontera, argumentó que “sin duda” su administración la convirtió en un punto “especialmente cuidado, vigilado y con un gran despliegue de tecnología” y explicó que el objetivo de esa política fue que quedara claro que no era más “tierra liberada”.
“Lástima que la única política de la ministra sea seguir destruyendo en vez de aprovechar todo lo positivo que se logró. La invitamos a no convertir nuestra gestión en su enemigo fantasmagórico”, sumó.
Aníbal Fernández
En septiembre de 2021 Aníbal Fernández relevó a Frederic y al mes siguiente protagonizó un escándalo: difundió el nombre de la escuela a la que asisten los hijos menores de edad del humorista del diario La Nación Cristian Dzwonik, “Nik”, como una suerte de réplica a un posteo del dibujante, quien criticó al Gobierno por, entre otras cosas, solventar viajes de egresados durante la campaña electoral.
Además de propalar aquel dato, Fernández mintió sobre el presunto subsidio que recibe el colegio ORT de la Administración porteña.
“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca las palabras ‘trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir’. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, escribió Nik en su cuenta.
El 10 de octubre de 2021, Fernández posteó: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”.
El cruce siguió escalando y Nik le contestó: “Me dedica un tweet persecutorio con una amenaza velada dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar seguridad a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”.
Además, aclaró que el establecimiento al que van sus hijos no está subsidiado por el Estado.
Ante las repercusiones de sus acciones, Fernández eliminó el tuit, pero quedaron registros.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudiaron las expresiones de Fernández.
Adepa manifestó: “El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave; máxime. por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”. Fopea se expresó en la misma línea.
Dzwonik adelantó que denunciaría a Fernández por amenazas, pero el ministro minimizó lo sucedido y aseguró que se comportó como “un caballero”.
“Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó.
El senador fueguino Pablo Blanco (Juntos por el Cambio-UCR) presentó un proyecto pidiendo que Diputados promoviera el juicio político de Fernández, para determinar si incurrió en mal desempeño.
Recordó que tenía el mando de las fuerzas federales y la Dirección de Inteligencia Criminal y cargó contra el jefe de Estado, al estimar que al guardar silencio y no pedirle la renuncia a su funcionario avalaba “una actitud peligrosa, despreciable y antidemocrática”.
En marzo pasado, Fernández le pidió disculpas a Nik en el marco de una audiencia de conciliación en la Justicia porteña, en la que estuvieron frente a frente. El caricaturista las aceptó, pero insistió en la desproporción existente entre un ministro de Seguridad y las expresiones de un simple ciudadano como él.
En mayo del año pasado, Fernández no acusó recibo de la gravedad de la situación de Santa Fe, que detonó este mes, y tuvo un exabrupto luego de que el vocal de la Corte Ricardo Lorenzetti dijera que no había “una decisión clara” para combatir el flagelo en un encuentro de funcionarios judiciales en Rosario sobre juzgamiento de narcotráfico.
“Las fuerzas federales de seguridad no son un repasador del Poder Judicial”, disparó.
Patagonia
Por lo demás, Fernández no hizo mucho para paliar la dramática situación en la Patagonia por las tomas de tierras y los ataques a propiedad pública y privada por parte de grupos mapuches.
Durante la madrugada del lunes 30 de enero, la Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en una vivienda de El Bolsón.
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) estaba prófugo de la Justicia de Chile desde febrero de 2022 y dirigentes opositores le atribuyeron su posible presencia en la zona a la escalada de violencia en el sur.
Uno de ellos fue el diputado nacional Gerardo Milman (PRO), quien aseguró que el último atentado grave en el sur del país, registrado el pasado septiembre, se debió a “la pasividad y el abandono del Gobierno”.
Una vez que Jones Huala quedó bajo custodia, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, alertó nuevamente sobre la peligrosidad del dirigente y afirmó que la administración nacional tenía que tomar cartas en el asunto.
En declaraciones radiales, Frutos estimó que Jones Huala –en cuyo proceso de liberación condicional previo a su fuga el gobierno intervino a nivel diplomático, a su favor- es el cabecilla de los encapuchados sindicados como autores de los recientes ataques incendiarios, que están prófugos tras escapar hacia la montaña hace cuatro meses.
Además, cuestionó al ministro Fernández. “Nos menospreciaba a los vecinos cada vez que denunciamos el lugar exacto donde estaba; yo denuncié el lugar exacto donde estaba mirando la final del Mundial (de Fútbol)”, sostuvo.
Metropolitana
La necesidad de que los uniformados cuenten con armas no letales volvió a ser materia de debate tras el crimen de la oficial de la Policía Metropolitana Maribel Zalazar, el pasado martes, en el barrio porteño de Retiro.
El juez en lo Contencioso-administrativo federal Walter Correa le ordenó al Gobierno nacional que en 30 días defina si la Administración de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires (CABA) puede importar 60 pistolas Taser.
La semana pasada, Correa admitió el amparo por mora que el gobierno porteño presentó en noviembre de 2022, porque la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria, no resolvía la cuestión.
Ahora, Correa concluyó que “tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares”.
El magistrado resaltó que la Anmac “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora”.
Luego del asesinato a quemarropa de la oficial Zalazar, el ministro de Seguridad de la CABA en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, sostuvo en su cuenta de Twitter que “el enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser”.
“Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan”, sumó.
Paralelamente, reseñó que hace dos años la CABA compró 60 unidades y que “el Gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”.
Ramiro Urristi, ex titular de la ANMAC, había autorizado el ingreso de los insumos, pero dejó el cargo. Según el Gobierno porteño, fue echado por una pelea ideológica porque un sector del kirchnerismo rechaza las Taser por considerar que su uso viola los derechos humanos.
Con la llegada del nuevo titular se retiró la autorización y la Administración de Rodríguez Larreta avanzó con el trámite, pero la Anmac no dio respuestas. Por eso acudió a la Justicia vía amparo.
La Anmac alegó que la pandemia “dificultó y ralentizó la búsqueda de expedientes” y “el dictado de los actos administrativos correspondientes”, pero Correa ponderó que no hay argumentos que avalen que el asunto no se haya resuelto y aclaró que su fallo no significa que la agencia deba pronunciarse en un sentido o en otro, sino que la intima a expedirse y a “vencer la inactividad formal”, quedando fuera de su ámbito un pronunciamiento sobre la legalidad de la respuesta, la que, en su caso, podrá ser cuestionada por las vías que correspondan.
Por su parte, Berni volvió a respaldar el uso de las Taser. “Son necesarias e imprescindibles para el trabajo de los policías”, declaró. “La discusión de Taser sí o no es totalmente estéril, en el mundo ya no se discute más”, acotó.
