ESCUCHARSe desarrolló la segunda reunión de la comisión y el próximo jueves puede darse apertura a la investigación
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanza sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
En el mediodía de ayer se desarrolló la segunda reunión de la comisión presidida por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard. Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados expusieron ayer ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Los oradores ratificaron sus denuncias por diferentes causales y no fueron sometidos a preguntas. Éste fue el paso previo a lo que, el próximo jueves, será el sometimiento a aprobación del informe de admisibilidad, donde se evalúa la sustentabilidad o no de las denuncias. Allí se espera que el Frente de Todos imponga su mayoría en la comisión (tiene 16 sobre 31 integrantes) y dé paso a la apertura de la investigación.
Las acusaciones del Gobierno se fundan, principalmente, en el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso. Se cuestiona también el haber legitimado en 2017 el cómputo del 2×1 para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de las causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación que es administrada por la propia Corte.
En el final del encuentro, el vicepresidente de la comisión, el cívico Juan Manuel López, resaltó que “hay muchas denuncias” y ya que no se va a formar una subcomisión para evaluar la admisibilidad hay que “encontrar un método de votación claro” sobre “cada uno de los cargos y hechos” que se investigarán, además de notificar correctamente a los jueces.
Gaillard aclaró que “los cargos se definen en el dictamen de acusación”. “Vamos a evaluar los hechos que tienen sustento y los que no”, dijo sobre la próxima reunión y señaló que “una vez abierta la admisibilidad se notifica que hay un proceso de juicio político en trámite” a los jueces.
Acusaciones
Uno de los testimonios más fuertes fue el de Patricia Isasa, detenida ilegalmente durante la dictadura, quien imputó al juez Rosatti, actual presidente del tribunal, de haber apañado y protegido, cuando se desempeñó como intendente de Santa Fe, al represor y ex policía Eduardo Ramos, quien la secuestró y torturó en la década de 70.
Isasa relató que Ramos era conocido como “el matón de Rosatti” cuando era jefe comunal de la capital santafesina y que por eso se reunió con él para ponerlo en conocimiento de los antecedentes penales que tenía esa persona. “Le dije que fue quien me secuestró, me torturó. No me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro, no se comprometió a nada”, relató Isasa. “Nos merecemos jueces probos, no nos merecemos una persona como Rosatti”, concluyó.
A continuación, Claudia Rocca, presidente de la Asociación Argentina de Juristas, leyó los fundamentos del proyecto presentado por esa organización, teniendo a su lado a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien tuvo una intervención en la que manifestó que “es una buena idea iniciar este juicio político, que es oportuno. No solo es admisible, sino que llega muy tarde. Estos jueces de la Corte han hecho mucho daño ya”. “Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando”, agregó.
Además de los denuncias presentadas por particulares, como el caso de Isasa, también ratificaron sus acusaciones los diputados del Frente de Todos y los de la Coalición Cívica que, diferenciándose del oficialismo, al que acusó de avanzar contra la Corte por estar en desacuerdo con algunos fallos del tribunal, insistió con su pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti.
