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Desde hace unos años, las grandes ciudades están buscando el modo de reducir la circulación de automóviles en sus áreas centrales. Como razones para llevarlo a cabo se esgrime la necesidad de reducir la siniestralidad, la contaminación ambiental, la contaminación acústica, e incluso se ha alegado la necesidad de disminuir la brecha entre ricos y pobres (se calcula en Europa que el 1% más rico conduce casi cuatro veces más que el conductor medio), lo que lleva a sostener la injusticia de que los costos generados por una pequeña minoría sean afrontados por la mayoría.
Es por ello que los gobiernos impulsan distintas medidas destinadas a reducir el impacto del uso de automotores, entre las que se cuentan la imposición del uso de medios alternativos de movilidad tales como el transporte público y uso de bicicletas, entre otros. En este sentido, un estudio realizado en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, sobre los efectos del uso de bicicletas, ha concluido que cada kilómetro recorrido en éstas beneficia a la sociedad en 0,64 euro, mientras que el mismo recorrido en coche supone una pérdida neta de 0,71 euro.
Esta tendencia ha llegado también a la ciudad de Córdoba, cuyos distintos gobiernos han tomado medidas en este aspecto, tales como aumentar el espacio destinado a área peatonal, la restricción de estacionamientos en la zona céntrica y construcción de bicisendas, por mencionar algunas.
En este marco, hace unos días la Municipalidad dio a conocer su decisión de poner en marcha un programa de alquiler bicicletas, cuya primera etapa alcanzará la zona céntrica y Nueva Córdoba. Según lo informado por La Voz del Interior, de acuerdo con declaraciones del intendente, “el servicio estará a cargo de la empresa municipal de transporte Tamse y no requerirá la incorporación de nuevo personal para prestarlo. En principio, será gratuito para promover su utilización y sólo se deberán dejar los datos personales para poder llevarse una”.
La noticia ha generado, como casi todas las medidas de gobierno, voces a favor y en contra. No entraremos a analizar cada una de ellas ni discutiremos la importancia y beneficios que políticas alternativas al uso de vehículos a motor producen, sino que nos centraremos en uno de los problemas que el uso de estos medios alternativos de transporte genera, sin ser muy difundidos ni atendidos. Nos referimos a las inconductas viales que suelen tener ciclistas, skaters, patinadores e incluso ahora quienes circulan con monopatines eléctricos.
Parece un lugar común poner el ojo en el maltrato que sufren estos usuarios por parte de los automovilistas, pero no en las infracciones y sus consecuencias, desde simples molestias a incidentes de gravedad que aquéllos generan.
Es muy común verlos violar las reglas de tránsito, pasar semáforos en rojo, no respetar el carril que les corresponde, no circular con las debidas medidas de seguridad, tal como manda la ordenanza municipal de tránsito Nº 9981, entre otras acciones. Pero no solo eso, muy común es verlos circular por veredas, áreas peatonales o sin luces durante horas nocturnas. Tal como si anduvieran a pie. Está de más decir que muchas veces han chocado o atropellado a peatones, pero si alguien dice algo o protesta, recibe como respuesta que están ejerciendo su derecho y lo “cancelan” por plantear “algo políticamente incorrecto”. Tan es así que, dentro y fuera de las redes, algunos ya hablan de la “dictadura de los ciclistas”.
Compartimos la idea de reducir los efectos nocivos del uso de vehículos a motor. Pero ello debe ir acompañado por políticas que impliquen el cumplimento de las normas de tránsito por todos; y generar la conciencia de que ningún medio se halla por encima de obedecerlas. Es que el respeto a los demás es una de las maneras, no sólo de ganar legitimidad en la actividad que se ejerce sino de evitar que nuestro caos cotidiano ciudadano sea aún mayor.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas. (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
