ESCUCHAREn Estados Unidos, el Tribunal Supremo escuchará las impugnaciones al intento del presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra el coronavirus a millones de trabajadores del país.
En septiembre pasado, después de meses de hacer llamamientos públicos a las personas indecisas o reacias a recibir sus dosis, Biden aumentó la presión. “Nuestra paciencia se está agotando”, dijo, y ordenó que la vacunación fuera obligatoria en firmas con 100 empleados o más (aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral del sector privado, lo que equivale a unos 80 millones de personas), así como para los trabajadores de la salud que se desempeñan en instalaciones que reciben fondos federales (aproximadamente 10 millones de personas).
El primer mandatario dispuso que los empleados no vacunados tendrían que presentar pruebas negativas semanales y usar mascarillas.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional les dio plazo a las empresas hasta el 9 de febrero para cumplir con las reglas; de lo contrario, serán multadas.
La obligación de vacunarse fue cuestionada de inmediato por algunos legisladores miembros del Partido Republicano y propietarios de empresas, que la ven como una violación de los derechos individuales y un abuso de poder de parte del gobierno.
Se produjo una oleada de demandas y el máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, está celebrando una audiencia especial para decidir si las obligaciones pueden implementarse mientras se tramitan causas.
Se espera que la decisión se conozca en pocas semanas.
En un escrito presentado al tribunal en nombre del gobierno, la fiscal General, Elizabeth Prelogar, dijo que las medidas eran necesarias “frente a la pandemia más mortífera en la historia de la nación”.
“Los trabajadores se enferman gravemente y mueren porque están expuestos al virus”, declaró Prelogar, quien sostuvo que la obligación de vacunarse salvará la vida de más de 6.500 trabajadores y evitará más de 250.000 hospitalizaciones en seis meses.
Sin embargo, un grupo de 26 asociaciones empresariales consideró que la imposición de la vacunación le infligirá un daño irreparable a cientos de miles de compañías.
Los Estados gobernados por republicanos estiman que obligar a los trabajadores de la salud a vacunarse amenaza con crear una crisis en las instalaciones de atención médica en las zonas rurales de Estados Unidos. “Se estaría obligando a millones a elegir entre perder sus puestos o cumplir con un mandato federal ilegal”, argumentaron.
El gobierno respondió precisando que el número de personas que han dejado sus trabajos ante la obligación de vacunarse es muy bajo.
Cabe recordar que varias grandes corporaciones estadounidenses, incluido el gigante de la carne Tyson Foods y la aerolínea United Airlines, impusieron mandatos de vacunación en septiembre sin sufrir grandes alteraciones.
Primer fallo
El primer fallo en la materia fue dictado en agosto del año pasado, cuando la Corte Suprema de EEUU ratificó el mandato de vacunación obligatoria contra el coronavirus que dispuso la Universidad de Indiana para el cursado presencial.
Lo hizo al rechazar una “solicitud de emergencia” para bloquear el requisito, presentada por un grupo de estudiantes de la escuela del medio oeste de Estados Unidos, en junio pasado.
El planteo fue desestimado por Amy Coney Barrett, jueza conservadora que ingresó a la máxima instancia judicial de EEUU durante el tramo final del mandato de Donald Trump.
Fue la primera vez que la Corte Suprema abordó una normativa sobre la vacunación contra el coronavirus, mientras mandas similares comenzaban a implementarse en universidades, empresas y organizaciones gubernamentales de todo el país. La Universidad de Indiana introdujo el requisito en mayo de 2021. Ordenó que todos los estudiantes, profesores y personal se vacunaran, excepto aquellos que calificaran para una exención, que se puede pedir por motivos religiosos, éticos o médicos.
Los ocho alumnos que demandaron a la casa de estudios con sede en Bloomington, Indiana, alegaron que la obligación que se les impuso viola los derechos constitucionales que se describen en la 14ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. “La Universidad de Indiana está coaccionando a los estudiantes para que renuncien a sus derechos a la integridad física, la autonomía y la elección del tratamiento médico a cambio del beneficio discrecional de matricularse”, arguyó el abogado de los estudiantes.
Después de que un juez de distrito federal en Indiana falló en contra de su pretensión, los jóvenes enfrentaron un segundo rechazo cuando una corte de apelaciones ratificó lo resuelto por el a quo. “Las personas que no quieran vacunarse pueden ir a otra parte”, escribió el magistrado de apelaciones Frank Easterbrook. “Muchas universidades requieren la vacunación pero muchas otras no. Los demandantes tienen amplias oportunidades educativas”, agregó.
Además, indicó que las operaciones universitarias se beneficiarían de las vacunas contra el coronavirus, ya que los estudiantes no tendrían miedo de contagiarse.
