ESCUCHARTelecom presentó una nueva edición de Encuentros 4.0, denominado “Delitos en entornos digitales: los desafíos de la Justicia”, en la que varios expertos del derecho hablaron de los desafíos y oportunidades de la tecnología en la gestión de la justicia.
Según datos aportados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), durante 2020 se registró 565% más denuncias: los fraudes en línea crecieron más de 665%, el hackeo con softwares de ransomware 380% y la difusión no autorizada de imágenes íntimas, 373%.
Marcos Salt, director del posgrado CiberCrimen y Evidencia Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expresó que Argentina necesita modificar las leyes procesales porque no está prevista la prueba digital. “Estamos acostumbrados a usar la prueba física, algo tangible. Si yo secuestro un dispositivo informático lo que requiero son datos y necesito un perito que me los traduzca”, ejemplificó.
“En esta realidad, absolutamente diferente, estamos tratando de explicar por analogía las normas que tenemos en los códigos pensados para la evidencia física”, agregó Salt, y destacó la necesidad de armonizar las leyes y seguir planteando el problema de la invasión de la intimidad de las personas a través de la tecnología, señalando en tal sentido el sistema troyano y el agente encubierto digital.
“La discusión es la vieja del sistema penal: eficiencia y garantía, y eso se trasladó al ámbito digital y requiere un cambio cultural a ver cómo lo discutimos y estamos atrasados en el camino de construir una jurisprudencia coherente”, subrayó.
Durante el evento se resaltó la necesidad de cooperación internacional para aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen, y los expertos reconocieron la importancia de la reciente incorporación de varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, a la Convención de Budapest, en la que Europa “hace punta”.
Este acuerdo, el primero sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, trata en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de la seguridad en redes.
Los referentes destacaron que el perfil del investigador judicial vinculado con el cibercrimen está en construcción y acompaña el avance de las nuevas modalidades delictivas. En este nuevo escenario, la capacitación y la especialización son esenciales y, si bien aún no existen en Argentina carreras de grado específicas que respondan a este perfil, cada día aumenta la oferta académica.
