ESCUCHARSu instrumentación despierta no poca controversia, a favor o en contra
Recientemente entró en vigor en Francia la nueva ley de medidas para luchar contra el covid-19, entre ellas, acaso la más controvertida, la extensión del certificado sanitario para adultos.
Desde el 21 de julio empezó a ser exigido para entrar a los lugares cerrados que reúnan a más de 50 personas, así como -a partir del 9 de agosto- para utilizar restaurantes y viajar en aviones o trenes de larga distancia. Los jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 17 años quedarán exentos hasta el 30 de septiembre, en tanto se avanza con la campaña de inmunización de tal edad.
La ley ha motivado varias jornadas de protestas masivas en todo el país, llegando a echar en cara al presidente Emmanuel Macron haber establecido “una dictadura sanitaria”. Éste, por su parte, afirmó que la decisión de no vacunarse “no es libertad, eso se llama irresponsabilidad, eso se llama egoísmo”.
De hecho, en julio el proyecto de ley superó el trámite parlamentario horas después de que multitudes se manifestaron en diversas ciudades en contra del certificado y de la vacunación obligatoria para el personal sanitario.
Cuatro días antes de entrar en vigor las polémicas medidas, el 5 de agosto, el Consejo Constitucional francés validó dicho instrumento por entender que resultaba una “conciliación equilibrada” entre libertades públicas y protección de la salud.
Sin embargo, otras medidas -como el aislamiento obligatorio de 10 días de los pacientes con covid-19 positivos y el despido de los trabajadores con contrato temporal por incumplimiento de las disposiciones del pasaporte- no superaron el test de constitucionalidad y fueron anuladas por el consejo.
Este órgano del Estado, creado por la Constitución de la V República, tiene a su cargo de modo concentrado el control de constitucionalidad de las leyes.
El certificado sanitario (passe sanitaire, en francés) en disputa se presenta en formato digital mediante la aplicación TousAntiCovid. Puede obtenerse por tener un calendario de vacunación completo; una prueba PCR negativa o una prueba de antígenos de menos de 48 horas; o un certificado de que la persona se recuperó de la enfermedad hace menos de seis meses.
En similar sentido al francés, el gobierno suizo convirtió en obligatorio, a partir del 13 pasado, la presentación de un certificado sanitario para los mayores de 16 años para acceder a salas cerradas de bares, restaurantes, cines, teatros, casinos, piscinas, museos y gimnasios, entre otros sitios. Las formas de obtenerlo son similares a las de su homólogo francés: estar vacunado, haber padecido el SARS-Cov-2, o presentar un test que demuestre la no contaminación. Dejará de ser gratuito el 1 de octubre próximo. Asimismo, se mantiene en ese país el uso de máscaras en los transportes públicos y en los supermercados.
Las personas que acudan a éstos sin dichos certificados corren el riesgo de pagar multas de hasta el equivalente a unos 10 mil euros; y los establecimientos que los toleren, ser clausurados. El control no sólo es interno sino también en las fronteras, pudiéndose establecer cuarentenas para quienes provengan de países de riesgo sin estar inmunizados con vacunas reconocidas por Suiza.
Por su parte en Italia, a partir del 6 de agosto, es obligatorio mostrar el certificado sanitario del coronavirus para comer dentro de un restaurante, ir al cine, a un museo o practicar deporte en lugares cerrados, medida que generó igual polémica que en Francia y que entró en vigor un día después de que el gobierno la extendió a los profesores y a los medios de transporte de larga distancia.
También deben presentarlo los turistas y visitantes en los museos y sitios arqueológicos italianos para ingresar en ellos; y los mayores de 12 años con al menos una primera dosis de la vacuna del coronavirus, el certificado de que ya ha estado contagiado o un test de antígenos realizado en las últimas 48 horas. En caso de no poder entrar, se puede pedir la devolución del importe de la entrada.
La verificación se realiza merced al uso de una aplicación creada al efecto, “Verificationc19”, que lee el código QR. En el caso de infracciones se cobrarán multas de entre 400 y 1.000 euros tanto al operador como al usuario, y se clausurará del lugar 1 a 10 días.
La Unión Europea (UE) implementó en julio pasado un pasaporte sanitario denominado “Certificado Covid Digital de la UE”, que busca homogeneizar los documentos que expidan los países para que puedan ser reconocidos por todos los socios del bloque, garantizando el uso en toda la UE de los certificados nacionales que dan fe de haberse vacunado contra la covid-19, de haber dado negativo en una PCR o un test de antígenos avalado por Bruselas o de haberse recuperado de la enfermedad.
Los responsables de su emisión son los países miembros o bien los cuerpos administrativos que éstos designen. El ciudadano puede elegir su formato papel, digital o ambos.
De todos estos documentos de constatación de inmunidad, nacionales o comunitarios, pese a su vigencia, son pocos los que han tenido ya un test de legalidad; y cuando éste ha sido llevado a cabo, como en el caso francés, es respecto del instrumento en sí, sin atender al gran número de situaciones en que puede ocurrir su utilización. Por lo que todavía en la materia existen todavía bastantes cuestiones susceptibles de tener que ser analizadas, no sólo en su legalidad sino también respecto de su razonabilidad “in actu”.
