ESCUCHARLa Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar como presidente y los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, confirmó la condena a una banda, integrada por siete personas, que lavaba activos provenientes del narcotráfico.
En marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOFC) los había condenado con penas de hasta 13 años de prisión, en lo que fue la sanción más alta en el país para este tipo de delito.
Para los jueces de Casación, las penas impuestas por ese tribunal fueron graduales y fundadas, de acuerdo con la participación que tuvieron las personas condenadas en el hecho delictivo.
El tribunal revisor tuvo por probado que los imputados guardaban vínculo con sujetos que se dedicaban al tráfico de estupefacientes y habían prestado colaboración en hechos de transporte, todo lo cual -indicó- constituye una serie de indicios con fortaleza suficiente para inferir que el dinero que se ponía en circulación a los fines de darle una apariencia legal procedía de esa labor.
Por otro lado, se acreditó la existencia en el ámbito de custodia de los imputados de una cantidad de bienes de gran valor, como automóviles de alta gama y sociedades comerciales, y se descubrieron numerosas actividades sospechosas.
Asimismo, se consideró que la actividad y las declaraciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de los imputados no tenían correlato con los bienes que figuraban en su patrimonio.
El juicio
En 2018, el TOCF condenó a los siete imputados como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse con habitualidad y en banda. En tal sentido, le impuso a Roberto Eduardo Rodríguez, identificado como el líder de la organización, una condena de 13 años de prisión, mientras que su madre, Elba Aquino, su ex pareja Romina Sosa, y su socio José Rafael Glibota, recibieron 10 años de prisión. Asimismo, a María de los Ángeles Herrera -pareja de Glibota-, Daniela Villalba -ex pareja de Rodríguez- y Rosa Gladys Ramos -cuñada de Rodríguez- se les impusieron condenas de cuatro, seis y ocho años de prisión, respectivamente.Además, el tribunal ordenó el decomiso de los vehículos y los muebles e inmuebles que fueran objeto y/o medio del lavado de activos. También, resolvió clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip, que comercializaba autos de alta gama, y el corralón Cerro Corá, firmas por las que circularon más de 158 millones de pesos originados en la venta de drogas.
