ESCUCHARLa Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) advirtió de que un tercio de las empresas del transporte urbano del interior e interurbano “está en quiebra”.
En ese marco, reclamó medidas urgentes al Gobierno de Córdoba y al mismo tiempo propuso un acuerdo multisectorial de emergencia.
Por medio de un duro documento que exhibe la realidad de las prestatarias luego de la reanudación del servicio, el 15 de diciembre pasado, la entidad afirmó que las compañías tienen pérdidas por más de 115 millones de pesos, además de endeudamiento e incluso quiebre en la cadena de pagos.
“Existen más de 15 pymes del transporte interurbano y de urbanos del interior de la provincia en estado de virtual quebranto”, señaló la Fetap, al tiempo que indicó que esa situación “pone en jaque 1.800 empleos, la conectividad con la capital de 65 localidades del interior y el servicio urbano de una decena de ciudades”, agregó.
La Fetap consideró que las fuertes pérdidas que registraron las empresas son consecuencia, en parte, de la “asimétrica y discriminatoria compensación del Estado provincial con respecto al urbano de la ciudad de Córdoba y la imposibilidad de cubrir los costos con los pasajeros existentes”.
“Este mes, el sistema cubrirá 2,5 millones de kilómetros, es decir, poco más del 22 por ciento de la distancia que recorrían en un mes normal prepandemia, con pérdidas de 115 millones de pesos, de los cuales 60 por ciento será absorbido por empresas que realizan más de 60 kilómetros, es decir, las que menos compensaciones tarifarias reciben, mientras que 40 por ciento será cubierto por empresas que recorren menos de 60 kilómetros”, comunicó.
Reclamó al Gobierno provincial que ponga en marcha un acuerdo multisectorial y la reasignación de partidas.
Los empresarios consideraron que “parte de la solución” llegaría “destinando partidas de los Programas de Gobierno Boleto Adulto Mayor (BAM), Boleto Educativo Gratuito (BEG) y Boleto Obrero Social (BOS) que no fueron ejecutadas este año”.
Además, reclamaron por “los fondos que el Estado Provincial congeló y suspendió arbitrariamente desde junio de 2019 u otras partidas que el Ejecutivo provincial determine, en uso de sus facultades”.
Otro argumento es que “las empresas están dispuestas a trabajar sin ganancias ni renovación de unidades por un tiempo determinado, en procura del sostenimiento del transporte, pero es inútil obligar a poner en marcha un sistema que materialmente está imposibilitado de operar y, más aún, bajo amenazas de quita de subsidios y de licencias para los corredores”.
