ESCUCHARLa semana pasada, Alejandro Vandenbroele dio varias entrevistas y sostuvo que su declaración como arrepentido en la causa Ciccone fue libre.
El ex titular de The Old Fund manifestó también que la filtración de su legajo como testigo protegido buscó favorecer a Amado Boudou.
Asimismo, el empresario manifestó que “el plan de quedarse con Ciccone fue del gobierno K” y denunció que la idea incluía el proyecto de fabricar dinero para países de África.
Vandenbroele dijo además que “el grupo de Boudou” le pagó “durante años para que se quedara tranquilo” y que decidió hablar el 2017, gracias al apoyo de su familia.
A horas de que trascendieran las entrevistas, el Gobierno derogó el decreto de Mauricio Macri que jerarquizó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y le dio rango de agencia.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la anterior Administración le dio mayor autonomía al área, la sacó de la esfera del Ministerio de Justicia y conformó un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el Procurador General y el Secretario de Seguridad de la Nación.
DNU
El jueves 20, vía DNU, el presidente Alberto Fernández fulminó el cambio y reinstauró la dependencia funcional del programa, que volvió la órbita del Ejecutivo.
Al día siguiente, Vandenbroele renunció al programa modificado alegando que bajo ese régimen su seguridad quedaría en riesgo, porque existe un “claro y abierto” conflicto de intereses entre las “nuevas autoridades políticas” y él.
Ahora, Vandenbroele reclamó formalmente la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), al considerar que peligran su libertad y su integridad física y moral.
Ante la CIDH, los letrados de empresario mendocino pusieron en duda que el juez federal Ariel Lijo, a cargo de continuar con la investigación del segundo tramo del caso “Ciccone”, sea capaz de hacer su trabajo en el marco de lo que definieron como “una embestida” del “espacio político” que integra en condenado Boudou.
En el escrito que enviaron a sede de la Comisión en Washington, los abogados de Vandenbroele apuntó en particular apuntó contra el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, a otros miembros del Poder Ejecutivo y al nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien recientemente afirmó que hay sentencias “basadas en testimonios complejos, como testigos comprados, como pasó en el caso de Boudou”.
Según Vandenbroele, declaraciones como las de Lugones, quien representa al estamento de los magistrados en aquel organismo, constituyen un claro prejuzgamiento y configuran “una coacción” hacia los jueces intervinientes en el expediente que se abrió como consecuencia de las filtraciones de su legajo en el Programa de Protección de Testigos.
A principios de este mes, la Justicia Federal abrió un proceso para establecer si el gobierno de Mauricio Macri le otorgó financiamiento a Vandenbroele para comprar una propiedad a cambio de que se presentara como arrepentido en “Ciccone”.
Todo surgió a partir de una denuncia según la cual “el macrismo le puso un hotel boutique” a Vandenbroele, el arrepentido clave para responsabilizar a Boudou.
El artículo periodístico incluía documentación que acreditaba que el arrepentido había solicitado 1.500.000 pesos al Programa de protección de Testigos para un emprendimiento productivo y que había recibido parte del dinero solicitado.
A raíz de ello, Lijo pidió que se investigara el presunto ilícito.
La semana pasada Vandenbroele dio varias entrevistas. Entre otras cosas, dijo que “el grupo de Boudou” le pagó “durante años para que se quedara tranquilo” y que decidió hablar el 2017, gracias al apoyo de su familia.
