Denunciaron a Kicillof por decretos citando supuesta lawfare

Un grupo de abogados denunció ante los Tribunales Federales de La Plata al gobernador bonaerense Axel Kicillof, por dictar dos decretos para poder designar en su gabinete a dos ex funcionarios de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner que tienen causas por corrupción en trámite.
Cabe recordar que a mediados de mes el mandatario acudió al concepto del lawfare (guerra judicial) para nombrar a Daniel Gollán como ministro de Salud y a Cristian Girard como titular de la Agencia de Recaudación provincial (ARBA).

Fraude
Gollán ya fue enviado a juicio por supuesto fraude en perjuicio de la Administración Pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, por las irregularidades detectadas en el denominado “Plan Qunita”. En tanto, Girard está incriminado en la causa “Dólar futuro”.
Ahora, los letrados José Bulacio, José Lucas Magioncalda y Yamil Santoro lo denunciaron por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles, omisión de denuncia y discriminación.
“Kicillof aprovechó el ejercicio de sus funciones para esgrimir una defensa de carácter político de los funcionarios y, de paso, de su propia persona, dado que él mismo se encuentra procesado en la causa ‘Dólar futuro”, consignaron los letrados en el escrito.
“Si bien el Gobernador está facultado para nombrar funcionarios procesados, tiene vedado hacer manifestaciones que implican inmiscuirse en cuestiones que competen al Poder Judicial, que vulneran la división de poderes, las normas que rigen el procedimiento administrativo que tienden a beneficiar funcionarios implicados en dos causas judiciales y que estigmatizan y promueven la persecución a grupos de personas, en este caso: funcionarios judiciales y periodistas”, acotaron.
El 12 de diciembre, Kicillof apeló al concepto de lawfare para desestimar los procesamientos que pesan sobre Gollán y Girard.
Lo hizo pese a que no la ley provincial que impide nombrar en el Estado a procesados y condenados no rige para funcionarios políticos.
El titular del Poder Ejecutivo bonaerense justificó sus elecciones al interpretar que, en ambos casos, los nuevos integrantes de su Administración fueron “injustamente perseguidos” por el Poder Judicial.
En los fundamentos de los decretos se deja constancia sobre por qué las sentencias de la Justicia no deben ser tomadas en cuenta, indicando que los procesos criminales que involucran a Gollán y a Girard se enmarcan en “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”.
“Una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública”, agregan los considerandos, para concluir que tanto Girard como Gollán “reúnen en plenitud los requisitos establecidos”.