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De los hogares más pobres, 30% recibe sólo 7% de los ingresos provenientes del Estado, mientras el 10% más rico concentra un tercio del total de esta fuente.
En una semana en la que los medios de comunicación locales se abocaron a los dimes y diretes surgidos a partir del proyecto de ley enviado a la Unicameral que propiciaba un incremento de 50% en los salarios de los legisladores y funcionarios públicos, SEL Consultores difundió un trabajo en el que se demuestra que la distribución de los ingresos familiares provenientes de fuentes públicas es más desigual que la proveniente de fuentes privadas.
De esta manera y según el informe privado, los tres deciles (cada una de las diez partes iguales de un todo) de hogares de menores ingresos per capita, que albergan 40% de la población, reciben 13% de los ingresos de fuentes públicas, versus poco menos de 15% de los de fuentes privadas. “En el extremo superior de la pirámide, los dos deciles de ingresos per capita más elevados, con 14% de la población, concentran cerca de 40% de los ingresos de fuentes públicas versus algo más de 37% de los de fuentes privadas”, se indicó.
Cabe destacar que estos datos surgen del procesamiento de las bases de usuarios de la Encuesta Permanente de Hogares que monitorea el Indec.
Aportes públicos
La expansión del gasto público desde 2003 se refleja, de acuerdo con lo consignado por SEL, en un aumento muy significativo de los ingresos de los hogares provenientes de fuentes públicas, esto es remuneraciones pagadas por el sector público consolidado: jubilaciones y pensiones (incluyendo cajas provinciales) y transferencias monetarias por programas de empleo, subsidios, becas de estudio, etc.
“Las fuentes públicas aportan un tercio de los ingresos totales de los hogares”, aseguró el informe. “Entre 2003 y 2009 se multiplicaron más de tres veces por persona en términos nominales, y más de 40% (esto es, casi 6% anual per capita) una vez descontada la inflación” (para el ajuste se utilizó la serie IPC-Indec para 2003-2006 e IPC Buenos Aires City para 2007-2009).
Por el “peso” en el ingreso de los hogares y la velocidad de crecimiento, “parecería que las fuentes públicas han contribuido de un modo considerable a la reducción de la desigualdad desde 2003. Sin embargo, el examen de su distribución puso en duda la hipótesis”.
Comparado con los ingresos de fuentes privadas (salarios registrados + salarios no registrados + ingresos del trabajo no asalariado), la consultora demostró que los ingresos de fuente pública no están mejor distribuidos.
“La explicación de esta aparente paradoja se encuentra en la composición de los ingresos de fuentes públicas y en la distribución de cada una de éstas entre los hogares. Más de la mitad del total corresponde a los salarios pagados a los empleados públicos (gobierno nacional, provincias, municipios); poco más de 40% a las jubilaciones y pensiones (incluyendo cajas provinciales), y un escaso 5% a las transferencias monetarias por la Asignación Universal por Hijo, planes de empleo, becas de estudio, seguro de desempleo y otros”.
Como ya es sabido, las transferencias monetarias tienen mucha importancia para los hogares pobres; pero pesan muy poco en el total de los ingresos familiares de fuentes públicas. En cambio, los salarios por empleo público, que tienen un peso elevado, están distribuidos muy desigualmente: el 30% inferior de los hogares recibe sólo 7% de ellos; en tanto que el 10% más alto concentra un tercio del total de esta fuente principal. “La razón de esta desigualdad es que el piso salarial en el sector público es comparativamente alto (un promedio de $4.000 de remuneración neta en el cuarto trimestre de 2009), por encima incluso del sector privado formal ($3.000 de salario neto promedio en el mismo trimestre)”, se explicó.
En términos distributivos, “esto coloca a los empleados públicos, aun los que están en las categorías más bajas del escalafón, en los estratos superiores de la pirámide, a mucha distancia de los hogares que reciben transferencias monetarias, o aun de aquellos cuyo ingreso más importante de fuente pública son las jubilaciones y pensiones. La distribución ciertamente menos desigual de estas últimas no alcanza a compensar la disparidad originada en los salarios de los empleados públicos”, concluye la consultora.
Coeficiente de Gini
A la hora de confirmar o refutar la hipótesis, SEL recurre al coeficiente de Gini, utilizado para medir cualquier forma de distribución desigual. El índice es un número entre 0 y 1, en el que 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
“No parece sorprendente, en las circunstancias, que el Coeficiente de Gini de los ingresos familiares de fuente pública son sensiblemente más altos que el de los ingresos de fuentes privadas (incluyendo en éstas el empleo no registrado): 0,51 y 0,41, respectivamente. Pero lo que llama la atención es que mientras desde 2003 este coeficiente disminuyó 8 puntos para las fuentes privadas, se mantuvo igualmente alto (hasta subió un punto) para las fuentes públicas. Es que, distinto del empleo público, que llega muy poco a los pobres, el crecimiento del empleo privado registrado permea en alguna medida los estratos inferiores”, explicó.
“En 30% de hogares de menores ingresos per cápita, el peso de los salarios privados formales en el ingreso familiar total aumentó de poco más de 12% en 2003, a 23% en 2009. Es esto, antes que la expansión del gasto público, lo que permitió reducir la desigualdad desde el pico de la crisis de 2002”, concluyó.
