ESCUCHAREl juez civil remitió copia del expediente a la Dirección General de Control de Conducta Policial Para que se evalúe el eventual actuar “disvalioso” de los agentes que intervinieron en el suceso
El juez en lo Civil y Comercial de 51ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Gustavo Massano, condenó al Gobierno de la Provincia a pagar una indemnización de 347.663,97 pesos –más intereses- a un ciudadano que circulaba en una motocicleta y sufrió lesiones tras una persecución protagonizada por móviles de la Policía de Córdoba. El magistrado también dispuso -como mandato preventivo exhortativo- remitir copia del expediente a la Dirección General de Control de Conducta Policial, a fin de poner en conocimiento de la dependencia todos los datos de la causa puesto que, eventualmente, pueden revelar un actuar “disvalioso” de los agentes que intervinieron en el suceso.
En este sentido, el magistrado consideró que la persecución habría derivado en un choque entre el vehículo de la fuerza y la motocicleta, que no sólo causó lesiones en el ciudadano, sino que -además- “habría sido acompañado de un posterior maltrato transgresor de las normas reguladoras del protocolo de detención y de las pautas monitoras que sobre la materia contienen los tratados de derechos humanos”.
La sentencia también dispone enviar copias de la causa civil a la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda, a los efectos de que dicha dependencia tome conocimiento de lo allí documentado y disponga las acciones que entienda pertinentes; ello en función de lo dispuesto en el artículo 317, inciso 1 del Código Procesal Penal de Córdoba, que establece el deber de los funcionarios públicos de denunciar la posible comisión de ilícitos penales que se adviertan en expedientes sometidos a su competencia.
Los hechos analizados en el expediente civil ocurrieron el 7 de julio del año 2008, cerca de la medianoche, cuando Sergio David Suárez circulaba en una motocicleta por las calles de barrio Villa El Libertador. Según el damnificado, el vehículo policial embistió la moto y esta colisión ocasionó que él cayera a la calzada. Suárez relató que, a pesar del fuerte impacto, intentó levantarse del suelo, pero un efectivo policial le propinó un puntapié en el pecho que le impidió incorporarse. De inmediato –siempre según el relato del demandante- el personal policial le colocó unas esposas, “sin mediar orden o palabra alguna”. Como consecuencia de hecho, se fracturó el fémur, mientras que la rodilla quedó prácticamente destruida.
La Provincia alegó que el suceso se produjo en el marco de una persecución policial destinada a la aprehensión del actor, y que fue éste el causante del desenlace dañoso por no haber respondido a la voz de alto.
Sin embargo, el juez en lo Civil y Vomercial consideró, en función de los testimonios ofrecidos por el actor y el resto de la prueba obtenida, que existió una ejecución irregular del servicio por parte de los agentes de la Policía de la Provincia.
En efecto, a partir de una gestión instrumentada por el propio Juzgado, se localizó el sumario elaborado en ocasión del procedimiento policial y en él se advirtió que no consta imputación alguna sobre el demandante, e inclusive, obra glosada la declaración del presunto damnificado por el robo, quien descartó que haya sido Suárez la misma persona que horas antes lo había asaltado a mano armada.
Tangible
“Se vislumbra así la tangible probabilidad de que los agentes hayan abusado del poder coercitivo que la sociedad les ha confiado como herramienta para la misión encomendada, la que supone el límite infranqueable del respeto irrestricto a los derechos humanos que le cabe a tan delicada facultad, y la consecuente rigurosidad en la investigación del eventual exceso”, afirmó el juez Massano.
En el plano civil, la sentencia ordena al Gobierno de la Provincia para una indemnización al damnificado –cuando la sentencia quede firme- de 77.583,04 pesos, en concepto de lucro cesante pasado; 114.018,24 pesos, en concepto de pérdida de chance pasada; 75.962,20 pesos, en concepto de lucro cesante futuro; 100,49 pesos, por gastos de farmacia; y 80.000 pesos, en concepto de daño moral; más los intereses devengados desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago.
