ESCUCHARLa Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del agente del Fisco Germán Bravo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Según se estableció, en junio de 2013 el encartado, en el marco de averiguaciones por infracciones tributarias llevadas adelante con especial urgencia por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), puso en marcha un procedimiento sin invocar las normas aplicables ante el Juzgado Federal de Campana, en lugar de acudir ante la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde la empresa investigada y sus titulares tenían sus domicilios, fiscal y real, con el objeto que se allanara el Club de Campo Chacras de la Cruz, situado en Capilla del Señor para, supuestamente, rastrear y secuestrar documentación.
La causa se inició por la denuncia que presentó el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.
El magistrado extrajo testimonios de un expediente a su cargo al detectar distintas irregularidades.
Fines espurios
Según López Biscayart –cuyo planteo fue promovido por la fiscalía y corroborado preliminarmente- “la investigación de la Afip se dirigiría en contra de la diputada nacional Elisa Carrió, líder de una agrupación política que, para esa época, competía en un proceso electoral nacional de medio término”, valorando que se utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios, ajenos a la misión del organismo recaudador.
La alzada concluyó que las pruebas corroboran de modo suficiente la imputación, pero le encomendaron al juez Daniel Rafecas dirigir la investigación con el fin de determinar la eventual participación de autoridades superiores en la época de los hechos.
“Hay indicios variados y unívocos que describen un contexto previo –por el proceder interno-, concomitante –por la particular forma en que se accionó- y posterior –por la inmediata filtración de datos secretos- que otorgan aval suficiente a la hipótesis en orden a la cual fue indagado Bravo, cuya intervención ha quedado a priori establecida, más allá del grado que, a la postre, quepa asignarle”, enfatizó.
Respecto de las alegaciones que hizo Bravo en su descargo, sobre las atribuciones que tenía, el tribunal precisó que se ha dicho varias veces que el uso incorrecto, arbitrario o improcedente de una facultad jurídica también configura la acción descripta por el tipo penal, que se concreta cuando el funcionario hace algo que la ley, como principio abstracto, le permite hacer, simulando que se encuentran dadas las condiciones para actuar de tal manera.
