ESCUCHARLejos de tener beneficios como corresponde a las entidades solidarias, son perjudicadas por el sistema
Por Javier De Pascuale – [email protected]
Las entidades que integran el sector cooperativo de crédito se enfrentan a cargas impositivas y a regulaciones legales que, lejos de darles un tratamiento acorde a su naturaleza jurídica, las gravan generando perjuicio respecto del resto del sector en el que operan.
Efectivamente, las cooperativas de crédito son parte del sector crediticio formal de la economía junto con los bancos, pero no cuentan con los mismos beneficios que tienen éstos.
Por ejemplo, en el impuesto al Valor Agregado (IVA), las cooperativas de crédito son sujetos de éste con la alícuota general de 21%. Mientras a los bancos y demás entidades financieras la ley los beneficia con una reducción de alícuota a 10,5 % cuando el sujeto tomador está inscripto en el impuesto, las cooperativas de crédito no tienen un tratamiento de exenciones similar.
Del impuesto a las Ganancias están exentas pero se les exige una serie de trámites que, al menos durante un tiempo, tornan imposible esa exención. En cuanto al impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios -el llamado impuesto al cheque-, las cooperativas de crédito no tienen una alícuota reducida ni operaciones exentas o tratamiento especial. Mientras los bancos y demás entidades financieras cuentan con una exención específica que los transforma en prestadores financieros exentos, las cooperativas de crédito no tienen un tratamiento similar, lo que genera una duplicidad del impuesto.
Por otro lado, las financieras solidarias deben tributar impuestos que otros sectores no, como el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (ley N° 23427), que sólo tributan las cooperativas y alcanza 2% del patrimonio neto y, al ser patrimonial, se tributa con o sin ganancias.
Esta realidad llevó a la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) a una búsqueda de visibilización de esta problemática. Conscientes de que eventuales cambios normativos en materia tributaria (la anunciada reforma en los impuestos) no las tendrá en cuenta si no logran alzar su voz en la opinión pública, estas entidades financieras solidarias contrataron al economista Fausto Spotorno para que elabore un informe sobre cuánto tributa el sector y cuáles cambios hacen falta para modificar una ecuación imposible: pese a registrar resultados económicos deficitarios que reducen progresivamente su patrimonio social, muchas cooperativas deben efectuar contribuciones crecientes que en los hechos reducen y tienden objetivamente a la progresiva extinción de ese patrimonio.
En los últimos días, la FACC abogó por incluir la eliminación de la doble imposición de su operatoria bancaria y con cheques en el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno impulsará luego de las elecciones legislativas de este mes. “Este tributo atenta contra la competitividad y la formalización de las pequeñas y medianas empresas que atiende el sector. Esta distorsión constituye un fuerte estímulo al uso de efectivo como única vía para evitar la doble imposición”, indicó el secretario de la FACC, Marcelo Kremer.
Explicó que “a contramano de lo que se opina habitualmente, las cooperativas de crédito no sólo pagan el impuesto a los Débitos y Créditos en cuenta corriente sino que, a través de los créditos que otorgan impacta dos veces, tanto a la cooperativa en su cuenta bancaria como al asociado en la suya”.
Kremer subrayó que “esta inequidad genera una distorsión muy importante en el costo financiero total para el asociado que toma crédito de corto plazo”.
Y precisó: “Se configura de este modo una evidente inequidad considerando que los únicos prestadores crediticios exentos del impuesto a los Débitos y Créditos son las propias entidades financieras ley 21526 y no las cooperativas, siendo que en las operaciones crediticias realizadas por las entidades bancarias sólo soporta la carga tributaria el tomador del crédito y no así el dador, la entidad”.
En este marco, puntualizó “la importancia de implementar alguna variación del sistema actual que combine un impuesto de recaudación eficiente y económica con una disminución del costo para los contribuyentes”.
Indicó asimismo que “para promover la formalidad en la economía, la FACC propone establecer un gravamen a la extracción de dinero en efectivo y la disminución de la alícuota por débitos y créditos para transferencias dentro del sistema, con el objetivo de castigar el efectivo que sale del sistema, limitando o indirectamente gravando la economía informal, y premiar los movimientos de fondos que circulan en la economía formal”.
Destacó Kremer: “Con esta propuesta, el Estado impulsaría la inclusión financiera de miles de pequeños y medianos emprendimientos en todo el país y estimularía la producción al hacer menos gravoso el acceso al crédito para ellos”.
Finalmente, concluyó que “más allá de la decisión que tome el Estado de abandonar o continuar con el impuesto al cheque, se espera que el mismo funcione a cuenta de otros impuestos, favoreciendo de esta manera la formalización”.
