ESCUCHARLa importancia de la inversión estatal en I+D y la existencia de capitales privados de riesgo
Por Esteban Anoardo
Hablábamos en la entrega anterior sobre el rol estratégico que tiene para una nación contar con recursos humanos capacitados y una infraestructura disponible para estudios de alta complejidad.
Ldiferencia con la investigación aplicada o dirigida radica, principalmente, en que en este caso existe un problema concreto por resolver. Se busca comprender cuál es la mejor solución a un determinado problema, o al menos, encontrar una solución válida a éste. Los resultados se hacen públicos algunas veces, y en otras ocasiones derivan en registros de propiedad intelectual o informes institucionales internos. En este caso pueden verse investigaciones aplicadas direccionadas a problemas estratégicos regionales o de alcance internacional.
En cambio, hablamos de desarrollo tecnológico cuando una investigación, conocimiento, proceso, formulación o prototipo alcanza un grado de maduración que deriva en un producto o solución de concreta aplicabilidad (con algunos matices, podemos extender la idea a la innovación y tecnología social). Lejos de hacer públicos los detalles, se trata de resguardarlos sea por medio de registros de propiedad intelectual o recurriendo al secreto industrial. El objetivo final es llegar a su inserción en el mercado, sea regional, nacional o internacional, como sustitución de importaciones o para ser transferido a un sector estratégico del Estado.
Por ejemplo, alguien que investiga las toxinas naturales de la soja y su relación con sus propiedades nutritivas, está haciendo investigación básica (el interés está en aportar conocimiento sobre el tema). Quien -partiendo de este conocimiento- investiga en cambio posibles tratamientos para inactivar dichas toxinas, hace investigación aplicada (hay un objetivo concreto: eliminar las toxinas). Y quien protocoliza dichos tratamientos y los implementa a escala para la producción de soja libre de toxinas (como materia prima para la elaboración de alimentos) está haciendo desarrollo tecnológico (lo motiva el valor agregado a la materia prima y su comercialización). Cada una de estas personas hace su trabajo en forma independiente, y muy probablemente en forma extemporánea. Si trabajan juntas (aunque no necesariamente bajo el mismo techo) muy probablemente la suma de sus contribuciones será mayor que trabajando cada una en forma asilada.
Según indicadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el año 2013 la inversión en “investigación básica” era de 33%; en “investigación aplicada”, de 46% y “desarrollo experimental”, de 21%. Allí se define “desarrollo experimental” como “trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes derivados de la investigación y/o experiencia práctica y dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos y dispositivos, al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios o a la mejora sustancial de los ya existentes. Es decir, está orientado a la producción de tecnología.” O sea, podemos asociarlo con lo que en este artículo se refiere a “desarrollo tecnológico”.
Cabe preguntarse: ¿cuál es la cartera más conveniente, y la inversión neta en I+D, para lograr un impacto concreto y favorable en la economía nacional y en la generación de empleo calificado? ¿Hablamos de un gasto o de una inversión? ¿Cómo logramos un incremento de la inversión privada en este rubro?
Si hablamos de I+D (y queriendo, le podemos agregar una i más: I+D+i, ¡no nos olvidemos de la innovación!), imposible no referir a la educación. Sin educación, claro está que no hay posible desarrollo científico ni tecnológico.
Según datos del Banco Mundial, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Paraguay invierten en porcentaje del PBI lo mismo que países como Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Nueva Zelandia, Noruega y Suecia, entre otros. Nuevamente, aquí cabe la pregunta de cuál es la cartera de inversión en educación en cada caso, es decir, que porción corresponde a educación de alto nivel y que porción a educación elemental. Es claro que en los países desarrollados existe una equilibrada inversión en educación de alto nivel, en alta correlación con la correspondiente en I+D. Al contrario, en Latinoamérica, la balanza se inclina hacia la educación elemental, siendo a su vez ineficiente a nivel superior.
Un informe de la Unesco con relación a los países de la región dice: “(…) los países deben fortalecer sus instituciones universitarias –especialmente las grandes universidades públicas– para generar una capacidad propia de producción científica y tecnológica, aspecto en el que la región se encuentra crónicamente retrasada; finalmente, las universidades deben hacer mucho más para conectarse con las necesidades de desarrollo de sus sociedades (…)”. Pese a esta observación, lo cierto es que muchas universidades de Latinoamérica egresan a individuos con formación de excelente nivel (grado y posgrado) que no son capaces de retener sus propios países o la región.
La descorrelación con la inversión en I+D, la demanda laboral calificada desde el sector privado, y la pobre cultura emprendedora favorecen la pérdida de individuos formados que emigran al hemisferio norte en busca de mejores condiciones laborales. Al contrario, en los países desarrollados, hay una mayoría de individuos formados a un alto nivel que permanecen en instituciones de sus propios países (con un flujo casi nulo hacia el sur). Esta balanza desfavorable de materia gris pega muy fuerte, mientras pasa desapercibida. Lo concreto es que invertir en formación superior sin hacerlo en I+D (y en su transferencia a sectores estratégicos) es dilapidar recursos de la forma más descerebrada posible. Quien invierte en I+D sin hacerlo en educación, tiene sólo la opción de importar materia gris (o soluciones enlatadas). Quien invierte en educación pero no lo hace en I+D, termina regalando materia gris a otros países. Argentina posee amplios antecedentes en el segundo caso, con el agravante de que dicha materia gris se financió mayoritariamente con fondos públicos. Hay casos de repatriación exitosos, pero la balanza siempre fue negativa.
Tal vez, un aspecto clave para que los recursos del Estado destinados a I+D sean mejor aprovechados tenga que ver con la capacidad de los gobiernos de lograr políticas adecuadas para la formación de Empresas de Base Tecnológica (EBT). Para el caso particular de las spin-off que emergen desde el sector académico, es poco probable que cuenten con financiamiento propio. Bancos, ángeles inversores y otras fuentes de capital de riesgo no son moneda corriente por estas latitudes. Sin embargo, el desarrollo de estas empresas en economías típicas de países en vías de desarrollo es fundamental, a tal punto que las pymes se imponen como uno de los principales motores del desarrollo económico en dichos países. Aquí cabe resaltar que la pyme tecnológica juega, en general, con la ventaja de un importante valor agregado, es decir, materia gris puesta en forma de producto o servicio.
La incorporación de estas empresas en los mercados financieros genera, tarde o temprano, una amplia satisfacción a sus inversores. Basta ver la evolución en los mercados financieros de empresas como Google, Microsoft y Apple. Muchos de estos gigantes nacieron en un garaje, otros en una universidad, pero un factor común y fundamental fue la existencia de al menos un inversor para su despegue.
A la luz del manejo que realizaran otros países hoy desarrollados, un presupuesto jugoso y balanceado en educación e I+D, la existencia de una fuerte tracción desde el ambiente académico al emprendedor, y la existencia de capital de riesgo, parecen ser una combinación virtuosa. Podemos considerar también modelos estatistas, pero los ingredientes de base son los mismos: educación, I+D y la posterior tracción al mercado, sea local o global, o hacia sectores estratégicos del Estado. Esto parecería ser una cuestión más empírica que filosófica. Claro está que es un problema complejo ligado a otros aspectos sociales, culturales, etcétera y los modelos implementados dependen de cada caso. Pero una nación que no es capaz de mantener una política de Estado en estas cuestiones condiciona su soberanía y transforma dichas inversiones cíclicamente en gastos estériles que son aprovechados por otros países. Por lo pronto, el presupuesto para ciencia y técnica anunciado por el Gobierno para 2018 registra un aumento del orden de dos por ciento, frente a una inflación estipulada cerca de 16%. Tal vez debamos consolarnos que se espera un aumento de cinco por ciento en educación….
(*) Profesor de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf), Universidad Nacional de Córdoba. Investigador de Conicet, Instituto de Física Enrique Gaviola.
