ESCUCHAREs por problemas de agenda de uno de los jueces subrogantes designado para integrar el tribunal. El presidente del TOF 2, Julián Falcucci envió una nota a la Cámara de Casación y espera que el debate pueda comenzar antes de la feria judicial
Una nueva postergación sufrirá el juicio a los ex funcionarios judiciales acusados de encubrir crímenes de lesa humanidad, que iba a comenzar la semana próxima en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba. Problemas de agenda de uno de los integrantes del tribunal motivaron la suspensión del debate oral.
Cabe recordar que luego de la elevación a juicio se determinó que el tribunal quedaba conformado por los jueces Julián Falcucci (presidente), José Quiroga Uriburu y Juan Carlos Reynaga. Sin embargo, como éste integra actualmente otro tribunal en otro juicio por crímenes de lesa humanidad en Tucumán (“Operativo Independencia”), que terminaría en julio, pidió ser apartado o posponer el inicio del proceso en Córdoba.
En ese marco, se solicitó a la Cámara Nacional Federal que se nombre a otro magistrado y salió sorteada la rosarina María Ivón Vella. Cuando todo parecía encaminarse, esta jueza también pidió posponer del juicio por encontrarse integrando otro tribunal, y que la primera audiencia se realice recién en septiembre.
Ahora, la querella, mediante una presentación a cargo de las abogadas Patricia Chalup y Adriana Gentile, solicitará que se vuelva atrás esta definición y se constituya el primer tribunal designado; que se tenga en cuenta el pedido original de Reynaga y se lo espere para el comienzo del juicio, sin dilatar más.
Conocida la novedad, Falcucci indicó que, pese a todo, seintentará iniciar el juicio antes de la feria judicial y que se está trabajando en ese sentido.
Precisamente Falcucci envió un pronto despacho a la Cámara Federal de Casación Penal y en una nota dirigida a a la presidenta Liliana Catucci solicitó que se designe un magistrado subrogante que complete el tribunal. Sostuvo que en la jurisdicción Córdoba y La Rioja quienes podrían intervenir son: Ricardo Bustos Fierro, Roque Ramón Rebak, Carlos Arturo Ochoa y Sergio Pinto (de los juzgados federales Nº 1 de Córdoba, de Villa María, de Río Cuarto y de Bell Ville, respectivamente). Asimismo, según expresó en la nota, para facilitar las cosas y evitar mayores dilaciones adjunta el listado de funcionarios que se han excusado o fueron apartados.
Destacó que la finalidad es “brindar una respuesta inmediata a todas las partes interesadas y evitar una modificación sustancial en la agenda de juicios”. Tal decisión, explicó, apunta a garantizar “el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y como contrapartida el derecho de las presuntas víctimas de ser oídas y obtener una pronta respuesta jurisdiccional”. Agregó que al no conocer con exactitud la fecha en que concluirá el juicio en Tucumán, “no es posible otorgar una prórroga como pide Reynaga”. Hay que agregar que la fecha de inicio del debate oral había sido acordada entre los magistrados de acuerdo con el calendario de juicios orales previstos para el corriente año, dado que los tres jueces participan en otros procesos en distintas provincias.
Falcucci debe atender a causas elevadas a juicio en el TOF1 y también en San Luis. En tanto que Quiroga Uriburu tramita otras en La Rioja y Catamarca.
Los acusados y los delitos que se les enrostran
En esta causa serán juzgados Miguel Ángel Puga (ex juez) Antonio Sebastián Cornejo (ex fiscal), Carlos Otero Álvarez (ex secretario Penal del Juzgado Federal Nº 1, en ese entonces a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido) y Ricardo Haro (defensor oficial). El imputado Luis Molina, también defensor, fue separado por razones médicas.
Están imputados por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público (art. 248), incumplimiento de la obligación de perseguir a delincuentes y encubrimiento (art. 277).
El proceso se inició a partir de los testimonios de víctimas de la dictadura en distintos juicios por crímenes del terrorismo de Estado realizados en Córdoba desde 2008. Entre ellos, el dirigente de Derechos Humanos Miguel Baronetto, cuya esposa fue fusilada en la vieja cárcel de barrio San Martín (UP1) junto a otros 30 presos políticos, entre abril y octubre de 1976.
