ESCUCHARDaniel Cesano se desempeñó como juez de Ejecución penal en Córdoba durante casi una década. Mariela Yesuron es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Ambos analizaron la problemática a la que se enfrenta el Estado cuando de delitos contra la integridad sexual se trata. Qué cosas se toman en cuenta para dejar en libertad a un condenado por abuso, qué posibilidades tiene de reinsertarse y cómo evitar que vuelva a cometer el mismo delito. Éstas son algunas de las cuestiones que intentaron dilucidar, en esta nota, para Comercio y Justicia.
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Con el paso de las horas se acrecienta la presión sobre el juez de Ejecución penal entrerriano Carlos Rossi, quien está en el centro de la escena por haber concedido, a mediados del año pasado, la libertad condicional a Sebastián Wagner, que cumplía una sentencia a nueve años de cárcel por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay. El magistrado tomó la decisión de otorgarle ese beneficio -ya gozaba de salidas transitorias familiares- luego de desestimar informes negativos del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial de Entre Ríos que desaconsejaban la liberación de Wagner.
Desde distintos sectores sociales y políticos surgieron pedidos de juicio político contra Rossi. El primero fue el del senador entrerriano Nicolás Mattiauda, quien pidió ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados su remoción por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El regimen de salidas transitorias también fue puesto en tela de juicio a patir de la muerte de Micaela. El ministro bonaerense Gustavo Ferrari pidió modificar la ley “para terminar con la libertad condicional” en casos donde se produzcan homicidios, secuestros seguidos de muerte y delitos sexuales.
Con el asesinato y abuso de la joven entrerriana cobra fuerza la idea de que los jueces pueden resolver con discrecionalidad -apartándose de las pericias técnicas- sobre la libertad de los condenados. También adquiere valor la idea que los agresores sexuales son irrecuperables y el sistema carcelario poco puede hacer para salvarlos. Ahora bien, ¿esto es efectivamente así?
Pareciera que no. Daniel Cesano fue nueve años juez de Ejecución penal en la ciudad de Córdoba. A lo largo de su vasta trayectoria ha tenido que resolver sobre la libertad de personas condenadas por abuso sexual y, según aclara, ningún magistrado puede apartarse de una pericia técnica si no tiene un fundamento sólido que lo avale.
“Si uno le pide a un experto que le exprese su opinión, después uno no puede antojadizamente apartarse”, explicó en diálogo con Comercio y Justicia el ahora camarista penal.
Cesano recordó que la reforma de la ley nacional 26813, sancionada en enero de 2013, prevé la intervención de un gabinete especializado encargado de emitir dictamen en el caso de los delitos de abuso sexual. Así, por ejemplo, cuando un juez debe resolver sobre una libertad asistida recibirá el informe de administración del servicio penitenciario y, además, otro informe pericial elaborado por un equipo dependiente del Poder Judicial. Aunque ninguno de ellos es vinculante, sí son condicionantes de la decisión que luego adoptará el juez.
“Aunque los jueces no tienen el oraculo para saber si una persona va a volver a delinquir, siempre lo que uno trata de hacer es rodearse de la mayor cantidad de elementos para que, una vez otorgada la libertad condicional, la persona no vuelva a delinquir. Indudablemente esto es parte de la responsabilidad del juez”, explicó Cesano.
Bajo nivel de reincidencia
En el imaginario colectivo surge la idea de que quien comete un delito contra la integridad sexual de una persona es irrecuperable y volverá a hacer lo mismo apenas sea liberado. Cesano hecha por tierra esa hipótesis, fundando su respuesta en su experiencia personal.
“Desde mi experiencia, los casos de reincidencia en el caso de los delitos de abuso sexual han sido prácticamente inexistentes; no he tenido ningun caso de una revocación de una libertad condicional a un abusador por comisión de otro delito igual. En cambio, sí me ha sucedido de personas condenadas por delitos contra la propiedad que, luego de la libertad condicional, vuelven a cometer el mismo delito”.
La opinión del magistrado es compartida por Mariela Yesuron, profesora de la Facultad de Psicología de la UNC e integrante del equipo de investigación que en 2013 analizó el perfil psicológico del agresor sexual de los condenados en la provincia de Córdoba.
Según la especialista, los estudios internacionales realizados explican que es menor el nivel de reincidencia en aquellos que cometen delitos contra la integridad sexual respecto de aquellos que, por ejemplo, cometen delitos contra la propiedad. Sin embargo, advierte que el impacto en la sociedad, en uno y otro caso, es muy diferente una vez que el victimario vuelve a reincidir.
Yesuron aclara que no todos los casos de abuso sexual son iguales: “no es lo mismo un violador serial con 16 hechos que un padre que abusa de su hija o hijastra -que son la mayoría- y, por lo tanto, la intervención del Estado no puede ser la misma. Allí es clave la evaluación del riesgo de incidencia que pueden hacer los profesionales y sobre el cual un juez resolverá si otorga una libertad condicional”, explica.
Ahora bien, la psicóloga va más alla y se plantea sobre qué ocurre cuando el abusador cumple la condena.
“La persona en algún momento saldrá en libertad y a casi nadie le importan las condiciones en las que lo hará. Saldrá a la calle sin ninguna recomendación, sin ningún tratamiento psicológico que pueda pedir un juez porque éste ya no tiene más intervención y lo que está claro es que la cárcel no es el lugar para cumplir ningún tratamiento psicológico”, concluyó la investigadora.
Perfil
Una investigación de la UNC realizada en 2013 demostró que no todos los psicópatas son agresores sexuales ni todas las personas condenadas por este delito son psicópatas. Según el estudio, sólo el 30% encuadra como psicópata, una cifra muy inferior al 70% que indicaban informes anteriores.
El estudio reflejó además que las víctimas son generalmente menores de edad y de sexo femenino. “Esto revela que el grueso de la violencia sexual en Córdoba es un problema de violencia intrafamiliar, que tiene a las niñas como blanco principal
