En la audiencia pública por el presupuesto, los letrados se quejaron por la suba en la tasa de justicia. Pidieron la rebaja en las que se fijan para divorcios y recursos directos. A su turno, la AGEPJ reclamó infraestructura, cargos y salarios
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) concurrió ayer a la audiencia pública que se desarrolló en la Sala Protocolar de la Legislatura Unicameral por el Presupuesto 2017. Como todos los años, el planteo se centró en la necesidad de dotar de más recursos al Poder Judicial para que brinde un servicio más acorde con las necesidades de la ciudadanía.
Los problemas edilicios fueron uno de los ejes planteados por el gremio que preside Federico Cortteletti. Alertaron sobre la “inhabitabilidad” de las unidades judiciales y los accidentes laborales que han sufrido algunos trabajadores en diferentes dependencias, muchas de ellos en el interior de la provincia.
La necesidad de dotar de más cargos a la carrera judicial fue otro de los planteos. También se refirieron a la urgencia de pasar a planta permanente a los 400 empleados contratados que tiene la Justicia provincial.
Como no podía ser de otra manera, Cortelletti también pidió a los legisladores que resuelvan la inequidad que generó la ley de equiparación para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Aseguró que esta situación causó “ una brecha” entre empleados y magistrados que debe ser resuelta a la brevedad. También aprovechó para denunciar la acordada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dio marcha atrás con el 12% de aumento que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había otorgado a sus empleados -a lo que los salariaos de los judiciales provinciales están atados.
Divorcios y recursos más caros
El Colegio de Abogados de Córdoba también fue parte de la audiencia pública de ayer y, al igual que el año anterior, hizo escuchar sus reclamos sobre el aumento previsto el año próximo en materia de la tasa de justicia. La suba será de 23,5 por ciento, en promedio. La vicepresidenta del Colegio, Patricia Guzmán, se mostró preocupada por estos incrementos y remarcó que esta decisión de aumentar todos los años la tasa de justicia a los ciudadanos termina por convertir la justicia en un servicio “cada vez más restrictivo”, lo que impide el acceso a quienes tienen menos recursos.
Los letrados alertaron sobre el precio que tendrá la tasa para los divorcios sin bienes y los recursos directos. En el primer caso, el valor será de 2.000 pesos que, sumado a los aportes que el ciudadano deben pagar también a la Caja de Abogados, el monto termina siendo de 3.500 pesos, explicó Guzmán.
Para ella, este tipo de trámites debería tener un valor equivalente al de un juicio por monto indeterminado, que ronda 800 pesos.
En el caso del recurso directo al TSJ, el valor fijado en el presupuesto es de 30 jus, esto es, unos 15.000 pesos. Los abogados pidieron que el monto se reduzca a 20 jus.
Finalmente, Guzmán pidió a los legisladores que inviten a los abogados a participar de la discusión de los presupuestos. “Somos invitados a estas audiencias públicas para cumplir con un trámite formal pero después nada de lo que aquí se dice es tenido en cuenta, y lo vemos con mucha precupación”, concluyó la representante de los abogados en diálogo con Comercio y Justicia.