El gobierno de esa provincia envió siete leyes para combatir la inseguridad. Se pretende la reforma del Código Procesal Penal, limitar los juicios abreviados y dar más facultades a los fiscales
El gobierno de la provincia de Santa Fe pidió a la legislatura la sanción de siete leyes destinadas a combatir la inseguridad. Uno de los proyectos pretende la reforma del Código Procesal Penal para otorgarle más facultades a los fiscales, endureciendo la prisión preventiva y limitando los juicios abreviados. También se destaca la ley de decomiso y administración de bienes vinculados al delito.
El Poder Ejecutivo propuso reformar el Código Penal para darles más facultades a los fiscales y obliga a la policía a detener a los imputados en delitos de flagrancia. Además, plantea una rigurosidad para la prisión preventiva y limita los juicios abreviados para los delitos graves.
En cuanto a la ley de decomiso y administración de bienes, en caso de conseguir un dictamen favorable, Santa Fe será una de las primeras provincias del país que autorice la detección y cautela temprana de bienes vinculados al delito y adquiridos con sus ingresos, para poder posteriormente decomisarlos, aun sin que exista una condena firme en ciertos casos.
La iniciativa crea un registro único de bienes cautelados y decomisados y un organismo específico que los administre, como política de recupero de activos para abordar a bandas organizadas y apuntar al poder económico con el que se sostienen.
En el paquete de leyes enviado a la legislatura, aparece también la modificación de la designación subsidiaria de fiscales y defensores generales y regionales. Actualmente, los cargos jerárquicos de las fiscalías y del Servicio Público de la Defensa duran seis años y se busca que los funcionarios con experiencia dentro del Poder Judicial puedan concursar para estos puestos de dirección de ambas instituciones, con la posibilidad de que al finalizar su mandato pasen a ser fiscales o defensores.
El gobierno de Miguel Lifschitz quiere ampliar de esta manera el número de fiscales titulares y adjuntos para las cinco circunscripciones de esa provincia. Asimismo, obtener un mecanismo de lista de subrogantes para la gran cantidad de vacantes que existen en esos cargos y los magistrados puedan ser reemplazados a la brevedad.
Por otro lado, se busca la reforma a la ley de personal policial y del Código Contravencional, donde la investigación de las faltas quedará a cargo de los fiscales y abordará temáticas relativas al entorno de los estadios de fútbol, pintadas, disturbios en las calles, ocupaciones de espacios públicos, etcétera.