ESCUCHARMauricio Paschetti, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (Fecacor), denuncia serias falencias en el Poder Judicial. Advierte que en el interior no se cuenta con equipos interdisciplinarios, tal como exige el nuevo Código Civil y Comercial. Las vacantes, la falta de peritos y la escasa infraestructura atenta contra el servicio de justicia, explicó.
El 14 de abril de este año el abogado leonense Mauricio Paschetti asumió como presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia, que agrupa en la actualidad a 15 mil abogados; de los cuales unos 12 mil corresponde a la ciudad de Córdoba y sus alrededores.
Su llegada a la presidencia de la federación fue consensuada por todo los colegios de la provincia. Con 47 años, Paschetti tiene una larga trayectoria representando a sus colegas. Fue titular del Colegio de Abogados de Marcos Juárez en el período 2013-2015 y, antes, vicepresidente de la misma entidad. Paralelamente fue autoridad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, siendo primer vocal entre 2011 y 2013.
Con motivo del Día del Abogado, Paschetti dialogó en exclusiva con Comercio y Justicia. Reflexionó sobre el rol de los profesionales del derecho, la situación del Poder Judicial, la mora en la tramitación de las causas y la necesidad de que el Poder Judicial reciba un presupuesto más acorde a las necesidades de este Poder del Estado.
– Usted representa a todos los abogados de la provincia de Córdoba y, por lo tanto, tiene contacto con la realidad de todo el territorio cordobés. ¿Cómo es la tarea de los abogados en el interior?
-Dadas las particularidades de las pequeñas ciudades o localidades del interior de la Provincia, los abogados que litigamos fuera de la capital debemos especializarnos no sólo en una rama del derecho sino que debemos estar preparados y actualizados para dar respuesta a todos los casos, sea el fuero del que se trate. Tiempo atrás resultaba dificultoso actualizarse por la distancia que separaba de los centros académicos o de información a los abogados pero desde hace más de una década, ese inconveniente ha desaparecido gracias a las nuevas herramientas disponibles que permiten tomar cursos online, por ejemplo. Además, los propios colegios de Abogados han comenzado a organizar cursos, jornadas, conferencias o diplomaturas en sus sedes con disertantes de todo el país, lo que permite también que la capacitación esté al alcance de todos los profesionales, aun cuando no residan en la ciudad de Córdoba.
Por todo esto, hoy contamos con abogados que viven en el interior debidamente preparados para el ejercicio de la abogacía. El problema, quizás más importante radica en los inconvenientes que deben sortear los letrados en el ejercicio de sus funciones: costos de traslado de una ciudad a otra para poder litigar, falencias del servicio de justicia que no les permiten dar a sus clientes la pretendida respuesta eficaz y oportuna. La demora en la tramitación de las causas es una realidad cotidiana para los abogados que vivimos en el interior.
– En este sentido y según su perspectiva ¿cuáles son las principales falencias que deben enfrentar los letrados en el interior?
– Son muchas. No se cubren las vacantes de funcionarios, magistrados y empleados. Los juzgados existentes no son suficientes, urge crear nuevos juzgados de primera instancia. Existe una falta de dotación del personal necesario en las oficinas de Oficiales de Justicia y Notificadores; en la actualidad hasta que se logra un “turno” para un procedimiento se llega tarde con los mandamientos de embargo o secuestro. Tampoco tenemos Gabinetes Técnicos Multidisciplinarios como exige el nuevo Código Civil y Comercial. Las listas de Peritos Oficiales son alarmantes, hay sedes que no tienen peritos en varias disciplinas o en algunas sólo tienen uno. En esas condiciones, diligenciar una prueba pericial hace demorar el procedimiento varios meses y, a veces, años.
La situación de las vacantes es muy grave. Hay juzgados que han estado hasta dos años sin juez, Cámaras de Apelaciones por un año y medio con un solo vocal, Asesorías Letradas, Secretarías de Cámara, de Juzgados de Primera Instancia, por el mismo tiempo. Esta cuestión es la primer causa que atenta contra la eficacia y la normal duración de los trámites judiciales.
En mi discurso de asunción remarqué este tema y, a los pocos días, el Consejo de la Magistratura de Córdoba abrió concursos para 11 tipos de cargos en toda la provincia, que hoy están en pleno proceso. Se agradece la pronta respuesta, pero debe corregirse el sistema de selección de magistrados para que las vacancias duren el menor tiempo posible. Además, no hay que perder de vista que deben crearse los juzgados que resulten necesarios para atender la mayor conflictividad surgida del natural crecimiento poblacional y de las crecientes cuestiones judiciables propias de las relaciones interpersonales de los tiempos que corren.
Teniendo en cuenta esto, el Poder Judicial debe avanzar hacia el logro de la asignación de la partida presupuestaria que necesita para poner en pleno funcionamiento los juzgados actuales y crear los que fueren necesarios, tener edificios, mobiliario, medios técnicos y tecnológicos adecuados a la “elevada función” que debe cumplir. Las herramientas legislativas existen, también los buenos jueces, funcionarios y empleados, hay abogados preparados, sólo hace falta que haya mayor presupuesto para poder llevar a la práctica la ley vigente y ponernos a trabajar. Hace falta que se aumente el actual 5,7% del Presupuesto Provincial. El más importante de los tres poderes de nuestro Estado republicano así lo requiere.
Con presupuesto y con un gran sentido de pertenencia al Poder Judicial y al Servicio de Justicia, y con compromiso, se puede lograr el objetivo que constituye un Estado de derecho pleno y ciudadanos que sientan confianza en la justicia y ésta pueda decir que está brindando tutela judicial efectiva.
– Hubo una polémica respecto de los honorarios que reguló la Anses para el trámite que harán los abogados a los jubilados ¿qué opina al respecto?
– Los honorarios que pretende imponer la Anses es un tema que no quedará sólo en la polémica sino que seguirá al punto de que habrá reclamos concretos a nivel judicial no sólo de los abogados previsionalistas en particular sino de los colegios y federaciones de Abogados vía amparos o acciones declarativas de certeza según el caso. Y es lógico que así sea: no puede un decreto del Poder Ejecutivo establecer cuánto debe cobrar un profesional por su trabajo porque ello se determina por ley arancelaria o por pacto con el cliente según los casos. Ahora, $500 por una tarea profesional resulta un monto que atenta contra la dignidad de la profesión y ello no requiere de mucha prueba para ser entendido. En lo estrictamente jurídico es ilegal e inconstitucional. Es más, también queda fulminado con la letra del artículo 1255 del Código Civil y Comercial.
Por otro costado, debe agregarse que este reconocimiento del error y consecuente “reparación histórica” es el resultado de años de colegas que cuestionaron e impugnaron las erróneas determinaciones de la Anses en contra de los beneficiarios. De no haber habido abogados en los trámites, la Anses se quedaba, sin más, con parte del dinero de la gente.
Mirá el suplemento especial del Día del Abogado
