ESCUCHARLo resolvió el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien consideró que existe gravedad institucional y además sostuvo que “no es cierto” que el Máximo Tribunal no pueda funcionar con tres miembros. También opinó que todas las decisiones que tome este cuerpo podrían estar viciadas de nulidad.
El decreto del presidente Mauricio Macri por el que designó a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ayer un nuevo capítulo, esta vez con una resolución contraria al Gobierno firmada por el juez federal de Dolores (Buenos aires), Alejo Ramos Padilla, quien hizo lugar a una medida cautelar interina para suspender los nombramientos “en comisión” de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
En su parte resolutiva, el fallo suspende por vía de una medida cautelar la asunción de ambos juristas y le advierte a la propia Corte que no podrá tomarles juramento, pero reconoce que en cuanto los dos candidatos propuestos reciban acuerdo por parte del Senado automáticamente el fallo cesará en sus efectos.
La acción de amparo fue planteada por el ciudadano Mariano José Orbaiceta, con el patrocinio letrado de la abogada Lorena Herrera. Según Ramos Padilla, “a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta”.
“No existen dudas”, expuso el juez, de que “todos los ciudadanos pueden verse afectados” si dos de los cinco miembros de la Corte “son designados de manera unilateral por el PEN sin acuerdo del Senado de la Nación y sin siquiera poder ejercitar el derecho que les acuerda el artículo 6 del decreto 222/03”, que prevé que los ciudadanos puedan formular “observaciones” sobre los candidatos.
“La etapa histórica que atraviesa el país y la debilidad de sus instituciones, en medio del desprestigio de las estructuras judiciales, hacen aconsejable asegurar al ciudadano todas las formas posibles de participación y contralor para compensar su insignificancia frente a la abrumadora hegemonía de estructuras estatales que, lamentablemente, no gozan del mejor predicamento”, agregó. El magistrado consideró que existe “gravedad institucional” y remarcó la urgencia que conlleva la cuestión porque, destacó, a Rosatti y Rosenkrantz sólo les falta que la Corte les tome juramento para comenzar a desempeñarse como jueces de ella.
Ramos Padilla indicó que “no es cierto que el tribunal supremo no pueda funcionar hasta tanto no se designen los nuevos jueces, pues, como se dijo, existe un procedimiento específico previsto en el artículo 22 del decreto ley 1285/58 ratificado por la ley 14.467 y sus modificatorias que establece el modo en que deben cubrirse las vacantes transitorias”. El juez decidió notificar la acción de amparo al Poder Ejecutivo Nacional para que en el plazo de cinco días hábiles demuestre el interés público que habría justificado el dictado del decreto y 10 días más para que haga un “informe circunstanciado” sobre la norma presidencial.
Polémica por el decreto
Días atrás, Macri decidió firmar el decreto 83/15 para cubrir las vacantes dejadas por Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt en la CSJN. Después de las enconadas reacciones negativas que generó en casi todo el arco político la polémica decisión, el jefe del Estado acordó con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, postergar las juras de Rosatti y Rosenkrantz hasta, en un principio, febrero próximo.
La idea del Gobierno es que en enero se avance con el mecanismo previsto por el decreto 222/03, que establece el procedimiento para el nombramiento de los jueces de la CSJN, con la exposición de los antecedentes académicos de los candidatos y el período para revisión por la sociedad civil. Ese proceso comenzó la semana pasada con la publicación de los currículum de Rosenkrantz y Rosatti en el Boletín Oficial y en solicitadas en medios de comunicación.
