ESCUCHARLa denuncia ingresó al jury en agosto. La acusación fue formulada por el fiscal General Alejandro Moyano, a instancias de la familia del joven desaparecido. La vocal Aída Tarditti se apartó y fue notificado Sebastián López Peña. Cuenta regresiva antes de la renovación de la miembros del organismo acusador.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba (jury) trabaja contrarreloj para resolver si finalmente abre el juicio político contra el fiscal de Instrucción de Río Cuarto, Walter Guzmán.
La acusación contra el funcionario judicial ingresó al jury en agosto pasado desde la Fiscalía General de la Provincia, a cargo de Alejandro Moyano, quien consideró suficientes las pruebas enumeradas en contra de Guzmán, por supuesto mal desempeño de su función en la instrucción de la desaparición del joven Nicolás Sabena.
Según anticipó a Comercio y Justicia el presidente del Cuerpo, Juan Manuel Cid, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti se apartó de la causa puesto que fue quien tuvo a su cargo la instrucción del sumario. Por ese motivo se remitió una notificación al otro vocal de la Sala Penal del Alto Cuerpo, Sebastián López Peña, para que sea éste quien represente a los magistrados en el proceso.
Una vez integrado el nuevo jury, éste resolverá si abre el proceso contra Guzmán, cuya acusación tiene relación con una de las causas judiciales más estrepitosas y dolorosas ventiladas en la ciudad de Río Cuarto.
Cid advirtió a este medio de que están “haciendo todo lo posible” para tratar el caso antes de diciembre, cuando se renueve la integración del Jurado de Enjuiciamiento.
“Decidir si finalmente se abre el juicio político nos puede llevar siete reuniones o una, esto no es un ciencia exacta”, remarcó el legislador.
De no mediar incovenientes, la semana próxima o la subsiguiente podrá concretarse la próxima reunión del jurado para avanzar sobre el análisis de la acusación contra Guzmán.
El caso
La acusación es una consecuencia de la causa que se tramitó en los Tribunales de Río Cuarto a partir de la desaparición del joven Nicolás Sabena. La investigación llevó casi cinco años y consta de 22 cuerpos y se elevó a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación. Ese tribunal juzgó a José Francisco Vargas Flores, José “Pepe” Vargas y Lucía Inés Vargas.
En la acusación que remitió el fiscal General al jury se destaca que en los reiterados allanamientos que se realizaron sobre la propiedad de los condenados, un aviso telefónico previo los alertaba. Se apunta en el escrito de Moyano que esas llamadas correspondían a agentes de la Policía y se habrían hecho por orden de Guzmán.
En la argumentación del fiscal General se destaca que “si se avisaba previamente la presencia policial no es argumento sustentable decir que los allanamientos arrojaron resultados negativos”, y agregó: “Haciendo alusión a que desde el teléfono de la Comisaría, con conocimiento y por orden del Fiscal de Instrucción interviniente Dr. Guzmán, le avisaban telefónicamente a Vargas que iban a allanar su domicilio, momentos antes de realizar el procedimiento”. Y además, subraya que de no ser por la insistencia de Rosa, la madre de Nicolás, era muy posible que la pista de los Vargas quedara trunca en la investigación. Y ese dato es otro de los que reprocha el fiscal General en la enumeración de puntos que justifican la acusación de mal desempeño de Guzmán.
Luego, Moyano sintetiza que encontró, en la instrucción de Guzmán, lesión a los derechos de la querellante particular e irregularidades e inobservancias técnico-procesales.
