ESCUCHARAunque por diversas razones, todo el abanico del empresariado cordobés rechazó ayer de plano los aumentos impositivos propuestos por el Gobierno provincial junto al Presupuesto 2010. Industriales, comerciantes de diversos ramos, productores agropecuarios, constructores y desarrollistas expresaron en audiencia pública su oposición a las distintas subas previstas en Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos y coincidieron en que tales alzas provocarán pérdida de competitividad al empresariado local y a la provincia con relación a otras jurisdicciones, además de impactar en el nivel de actividad, empleo e inversión. Propusieron, en cambio, revisar el esquema de gasto público y distintas opciones tributarias para sostener las finanzas estatales.
Tras la aprobación en primera lectura que la Unicameral realizó el pasado miércoles, ayer se realizó la audiencia prevista para escuchar las opiniones de organizaciones empresariales, sociales y partidos sobre el Presupuesto 2010 y las reformas propuestas por el Ejecutivo en el Código Tributario y la Ley Impositiva provincial.
Quejas de industria y comercio Por el lado de los empresarios fabriles, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) sostuvo que el sostenimiento de la alícuota de 0,5% en Ingresos Brutos para el sector “tendrá fuertes consecuencias en la actividad, el empleo y la inversión”. Anticipó además que el costo del combustible destinado a las industrias, que sufriría un aumento de la alícuota de más de 1.000% -de 0,25 a 2,90- impactará mucho en el sector.
Por su parte, en la Cámara de Industriales Metalúrgicos se quejaron porque “el Gobierno incumplió la promesa de quitar Ingresos Brutos al sector en 2010 y, por el contrario, propone aumentar a los mayoristas y a los que venden insumos”. Explicaron además que “no alcanzamos a descubrir cuál es la estrategia industrial de la provincia” y pidieron “mantener las condiciones de competitividad” de las empresas locales.
Por último, los representantes de Apyme señalaron que los cambios impositivos propuestos se traducirán en “mayor presión regresiva, pues se descargará sobre la población consumidora y sobre los costos de las pymes”. En ese sentido, precisaron que “resulta altamente perjudicial el aumento de 0,5% al comercio mayorista” -cuya alícuota quedaría en cuatro por ciento-; que el incremento a los Ingresos Brutos a las actividades financieras a cinco por ciento “seguramente será trasladado al costo del dinero para las pymes”; y que el aumento en el Impuesto a los Sellos pasará a engrosar los costos de las empresas, “sobre todo en los contratos de alquileres”.
Para los empresarios de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), resulta irrelevante “hacer referencia a la suba de alícuotas” para cada sector, porque “el costo impositivo lo pagará la sociedad”. Señalaron, además, que el aumento de la presión tributaria en los últimos años “estableció un incentivo a la actividad marginal o comercio “en negro”. Según sus datos, desde 2002 aumento 35% la presión impositiva promedio en la provincia sobre el comercio mayorista y 17% sobre el minorista. Por ello, pidieron “un nuevo sistema impositivo”, no apoyado prioritariamente en los Ingresos Brutos.
En la Federación de Expendedores de Combustibles se quejaron por el alza en la alícuota para las ventas minoristas, que pasará de 2,28% a 2,9%, lo cual “generará una carga importante para las pymes expendedoras, que ya se mueven en un negocio con márgenes b
