ESCUCHAREl Ministerio Público Fiscal pidió que se revoque la exención de prisión y la resolución que lo desvincula de la causa.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, presidida por Liliana Navarro e integrada por Eduardo Avalos y Graciela Montesi, desarrolló ayer dos audiencias orales relacionadas con la causa de la financiera Cordubensis (CBI).
El Ministerio Público fiscal, representado en este caso por Enrique Senestrari, reclamó que se revoque la resolución que desvincula al empresario Euclides Bugliotti y que se revierta la exención de prisión asegurando deficiencias en su fundamentación y citando antecedentes jurídicos de la Cámara Federal de Apelaciones en casos similares. Para la Fiscalía, la magnitud de la pena que amenaza al imputado puede llevar “al peligro de fuga”.
Senestrari opinó que le están dando tiempo a los presuntos implicados “para que sigan haciendo lo que sospechamos que hacen, que es borrar pruebas, entorpecer la investigación y con alto riesgo de fuga, porque son personas con alto poder adquisitivo y poder de influencia política y económica”.
En su defensa, los abogados de Bugliotti adujeron que su cliente siempre se presentó ante la Justicia y que no existe en su caso peligrosidad procesal, ni riesgo de fuga , ni posibilidad de entorpecer la investigación.
En la otra audiencia, Senestrari se refirió a la falta de acción declarada por el juez Ricardo Bustos Fierro. “Nosotros hemos planteado que el propio juez había decidido citar a indagatoria y después se retrajo de su decisión sin fundamento, y eso es lo que tiene que resolver la Cámara ahora”, dijo.
El Tribunal fijó la fecha de la resolución para el próximo viernes.
El caso
A fines de mayo pasado, Bustos Fierro había desestimado la denuncia contra Bugliotti. De esta forma, los empresarios Bugliotti y Javier Fernando Guevara, por un lado, y Eduardo José Espinelli, por el otro, habían quedado fuera de la investigación por falta de elementos que los involucren.
Por entonces, el fiscal Enrique Senestrari acusó al titular del Grupo Dinosaurio de realizar aportes de capital a la financiera por medio del depósito de cheques de la obra social Osecac, por unos 40 millones de pesos. Pero según el juez Bustos Fierro, debe descartarse esa acusación.
Las imputaciones eran por la supuesta participación en el marco de una asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera ilegal por medio de CBI, la empresa que colapsó luego de la muerte de su vicepresidente, Jorge Suau.
