El Superior Tribunal de Justicia de Formosa anuló un fallo y dispuso que se tramite nuevamente una acción de amparo que había sido iniciada por una empleada pública a quien no se le renovó su contrato por una supuesta “discriminación política”, según la denunciante.
El máximo estrado judicial de la provincia litoraleña ordenó que el proceso se tramite otra vez, con expresa apertura de la causa a prueba, al considerar que “el hecho denunciado, por su inusitada gravedad, merecía mayor atención en materia probatoria, porque de ser así, ya no se estaría en presencia de un conflicto particular en una relación de empleo público sino en una grosera violación del orden constitucional”.
Los vocales Ariel Coll, Arminda Colman, Eduardo Hang, Ramón Sala y Ricardo Rojas opinaron que la desestimación de la demanda en las instancias inferiores “sin dar razón suficiente para ello” con base en el estatuto aplicable a los agentes públicos provinciales, fue arbitraria.
Los magistrados también opinaron que en el caso se omitió aplicar el régimen específico que, en materia probatoria, contiene el artículo 11 del decreto ley 749 y ordenó reabrir la causa, para determinar si, fehacientemente, el despido de la amparista se basó en razones de índole política.