ESCUCHARLejos de ser el anuncio de una competencia pedestre de medio fondo o alguna publicidad encriptada de quien sabe qué producto está por venir, la cifra de 10 mil, citada en el título, alude a los recursos en juego que el gobernador que asuma el próximo 10 de diciembre deberá atender mediante tres frentes básicos: déficit de la Caja de Jubilaciones, tasa vial y vencimientos de corto plazo de la deuda pública.
Ese monto, de por sí, es un condicionante clave para cualquier gestión y es un escollo insalvable a partir del 10 de diciembre.
La salida del diferimiento previsional y la eliminación de la tasa vial son compromisos inexcusables del futuro gobernador. En tanto, el pago de los vencimientos de deuda es una valla cada vez más cercana en el horizonte, en este caso 2017.
Caja y tasa vial
Por lo pronto, la salida del ajuste previsional determinará que el año próximo el rojo de la Caja orille 3.000 millones de pesos. Sólo un acuerdo con la Nación, hasta ahora esquivo desde diciembre de 2009, permitirá cubrir parte de ese quebranto. El resto -que habrá que ver a cuánto asciende en función de la cobertura que afronte la Nación-, será solventado por la Provincia.
Respecto a la tasa vial, su eliminación tendrá un impacto de 972 millones de pesos según el Presupuesto de este año.
Al igual que el déficit de la Caja, aunque en menor medida, la supresión de ese cuestionado gravamen tendrá que ver con la pericia del futuro gobernador para negociar con la Nación asistencia para determinadas obras. Con todo, a diferencia del rojo previsional, la tasa que grava los combustibles fue una cuestionada decisión del gobernador José Manuel de la Sota frente a la denunciada falta de envíos de recursos para obras como las autovías sobre rutas nacionales, presupuestadas desde hace años en la pauta nacional aunque nunca ejecutadas.
De no obtener respuesta favorable de la Nación, la próxima gestión deberá arbitrar los medios para cubrir un bache fiscal anual de 4.000 millones de pesos por ambos conceptos, cifra que equivale a más de dos recaudaciones anuales del impuesto Inmobiliario, un desafío mayúsculo por delante.
Vencimientos en carpeta
El otro frente ineludible es la deuda con vencimiento de corto plazo.
Según datos a abril pasado (los últimos disponibles), el pasivo de corto plazo, con vencimiento en los próximos cinco años, suma poco más de 6.000 millones de pesos. Con todo, de esa cifra, 5.710 millones de pesos corresponden a las tres emisiones de Boncor 2017, todas dolarizadas ya sea directamente en divisas estadounidenses o bien pagaderas en pesos pero al tipo de cambio oficial.
Esos vencimientos que deberán pagarse en 2017 exigen una ineludible reestructuración del pasivo, según coinciden economistas de todos los perfiles, dirigentes políticos y el propio ministro de Finanzas, Ángel Elettore.
En rigor, resulta a esta altura casi una obviedad esa alternativa. Es impensado un esfuerzo fiscal que permita en un solo año atender a vencimientos de ese tenor que hoy representarían casi 10 por ciento de los ingresos totales previstos para este año.
Por lo demás, el monto de 5.710 millones de pesos de Boncor incluye un elemento clave: es deuda dolarizada y por consiguiente atada a un tipo de cambio cuya fluctuación futura puede derivar en un aumento considerable de los recursos a pagar en función de un valor de la divisa que seguramente se irá ajustando a futuro.
El punto en todo caso será ver si la mayor o menor devaluación futura se mueve en línea con el aumento de la recaudación de la Provincia, variable fundamental para analizar las chances de repago de ese pasivo.
También habrá que golpear puertas
En línea con el análisis respecto a la situación de la Caja de Jubilaciones, en el caso de la reestructuración de la deuda también será clave la negociación con la Nación, en este caso para obtener la autorización para emitir nueva deuda a más largo plazo y mejor tasa o bien para el canje de los títulos por vencer.
Más allá del aval de la Nación que hasta ahora resultó esquivo, un dato no menor será la situación del mercado y las tasas vigentes a la hora de esa eventual reestructuración.
En el mismo sentido, la necesaria inclusión de Córdoba en el plan de refinanciación de deudas de la Nación con las provincias será un desafío a encarar para evitar pagos anuales por mas de 700 millones de pesos.
En definitiva, la relación con la Nación será clave para sortear los tres escollos planteados y marcarán cualquier política pública que pretenda encarar la futura gestión de cara a los próximos cuatro años.
* Sección Economía Comercio y Justicia
