ESCUCHAREn el mundo actual, además de elites experimentadas y responsables, se requiere alcanzar un nivel formativo de la población que garantice el acceso a los nuevos procesos so pena de quedar irremisiblemente excluida.
En el siglo XIX, las ideas de Juan Bautista Alberdi y, especialmente, de Domingo Faustino Sarmiento fueron potentes faros de luz que marcaron la senda a seguir para encarar, en un extenso país semidesértico, sólidas bases de progreso. El símbolo de aquella época fue la promulgación y aplicación intensiva de la pionera ley Nº 1420 de enseñanza primaria.
Por entonces, los requerimientos eran mucho más modestos pues abarcaban a una población que no llegaba a dos millones de habitantes. No en vano se encomendó realizar visitas informativas a Estados Unidos y Europa Central, para tener ideas y captar experiencias precisas sobre lo que se estaba realizando en esa materia. La gestión fue muy exitosa y ello permitió un avance extraordinario que colocó a nuestro país, hasta 1930, entre los que marchaban a la vanguardia.
Originalmente y hasta la primera mitad del siglo XX, su objetivo era marcadamente educativo; pero con posterioridad se ha venido extendiendo el escenario de forma tal que sustenta las finalidades sociales más amplias y exigentes, integrando todos los sectores de la sociedad así como el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
Un ligero vistazo respecto a la inserción en los puestos de trabajo es útil para advertir de que quienes han interrumpido o no han iniciado los ámbitos formativos están condenados a quedar rezagados para el resto de su vida. La sociedad de base capitalista esta concebida como generadora de una gran exclusión de la mayoría de la población y la consecuente concentración de la riqueza y el saber. Con frecuencia se impulsa la concurrencia a clase como la vía más apta para acceder a mejores condiciones laborales y, por tanto, a escalar en el espectro social a niveles más promisorios.
Obviamente, el horizonte cultural y del conocimiento se actualiza permanentemente, por tal causa es indispensable adecuar la tarea docente, los programas, contenidos y métodos de los establecimientos, en sus diversas etapas, tratando así de no quedar postergados como país y sociedad.
La realidad actual
Siguiendo el resultado de las investigaciones, estudios especiales de campo han verificado en el ámbito internacional que cursar el jardín de infantes y/o el ciclo preprimario desde los tres años redunda en un mayor rendimiento -10% en promedio- al momento de elegir disciplinas como matemática, y esa influencia se hace notar hasta acceder al ciclo medio.
Ello se debería a que en ese lapso se desarrollan y potencian las bases de ciertas aptitudes indispensables que sustentarán la instrucción posterior.
Conviene tener muy en cuenta que, según los especialistas, Argentina aparece entre los 10 países donde la enseñanza preprimaria y primaria registra mejor nivel y genera superiores resultados. Esta presencia es bastante tranquilizadora pues -según lo enfatiza el Premio Nobel de Economía, James Heckman- las inversiones en educación respecto de los primeros años del niño son los pilares de todo el proceso educativo, que se va completando en el transcurso de la vida de las personas. Debe recordarse que en nuestro país alcanzar los más altos índices de la región, sigue siendo la meta obligada para eliminar o disminuir sensiblemente las desigualdades. No obstante, debe preocuparnos que en el último medio siglo haya habido un cierto desmejoramiento general.
Ello llevó en su momento a extender la obligatoriedad, inicialmente al ciclo primario y luego al secundario, aunque se admite que todavía no se detectan mejoras tangibles de haber retornado al otrora elevado estadio de plenitud. Según información brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la franja más problematizada es la que tiene entre 18 y 24 años de edad, la cual estaría constituida por alrededor de 2,5 millones de personas, de las cuales están ocupadas apenas 1.201 miles (48%); 551 mil permanecen desocupadas (22%) y nada menos que 746 mil lo constituyen los conocidos “ni-ni”, es decir, los que por propia voluntad ni trabajan ni estudian. El cuadro precedente es verdaderamente preocupante y se torna aún más urgente de encarar si, como lo advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de la mitad de los ocupados no lograron acceder a lo que denominan un “trabajo decente”. La OIT califica como tal al que coadyuva a desarrollar las aptitudes potenciales y asegurar los ciclos formativos integralmente, garantizando la igualdad de sexo y oportunidades.
La evolución de los ciclos
La prestación en nuestro país de los servicios antes aludidos está a cargo de los sectores públicos de las tres jurisdicciones y también del privado -obviamente, sujeto en esta última área a un pago retributivo-. Esta circunstancia establece una barrera económica casi infranqueable pues exige esfuerzos financieros adicionales, los que suelen ser algo menos cuantiosos cuando las entidades receptan subsidios totales o parciales del sector público, en la inteligencia de que cumplen una función originaria del Estado que éste ha procedido a delegar. De todas maneras, la diversa capacidad económica de las familias y el costo signan esa opción, reservándola en forma preferente para integrantes de las franjas centrales y superiores de la pirámide distributiva, pues ellos son inmensa mayoría en las instituciones atendidos por educadores privados.
Aunque es el último en consolidarse, el ciclo preprimario ha logrado los mayores avances. En el tiempo que se lleva transcurrido en el siglo XXI y hasta 2013 inclusive, logró incrementar su matrícula nacional 22%. Ello no obsta para que todavía exista un 23,5% de niños de cuatro años y 63,4% de tres que no han sido todavía incorporados. Eso implica que alrededor de 560 mil niños pertenecientes a los escalones de más bajos recursos, que coinciden en mayor medida con la realidad de las provincias menos dotadas, están condenados a permanecer en el atraso y la miseria.
Por contraste, las salas de cinco años han logrado captar 95,2% del colectivo total existente, constituyéndose ese logro en un señalado éxito que suele ser elogiado en el ámbito internacional. A título informativo, merece mencionarse que en Córdoba la gestión es muy contradictoria pues las salas de tres años contienen apenas 15,1% de los que debieran concurrir; aunque en las de cuatro años ascienden a un óptimo nivel de 97,5%.
En cuanto a los jóvenes de 18 a 24 años, o sea desde cuando deberían haber concluido el ciclo medio, 52% del total no ha logrado acceder a un trabajo que les permita disponer de un ingreso decoroso. El “empleo informal”, no inscripto ni legalizado en forma adecuada, marca una curva no todo lo descendente deseable. En 2003 alcanzaba a 71,75% de esa franja y, si bien hasta 2008 logró reducirse a 54,4%, desde entonces hasta 2013 se mantuvo casi estable para a fines de 2013 ubicarse en un casi inamovible 54%, lo cual denota que todavía hay mucho por hacer en ese aspecto.
El flamante “Plan Progresar”, que apunta en esa dirección y fue lanzado el 22 de enero ppdo., permite obtener un subsidio de $600 mensuales con el solo requisito de su inscripción y presentación del certificado de concurrencia al respectivo ciclo educativo. El resultado fue que se han receptado más de 800 mil solicitudes, lo cual indica que ha venido a movilizarlos positivamente. Entre las falencias que aún perduran puede señalarse que, pese a la importancia que parece dar a la “asistencia”, no es acompañada por una performance muy satisfactoria en cuanto a la captación de nuevos conocimientos. Según el Indec, de los 4,5 millones (55,6% del total) que componen dicho tramo, a los 2,5 millones a que apuntan está integrado por 1,32 millón de mujeres y 1,18 millón de varones. Quizá la faceta más negativa sea que prima una clara discriminación, tanto en materia remunerativa (-25,6% a las mujeres por el mismo trabajo), lo cual surge con nitidez cuando realizan encuestas, y también por una acendrada tendencia a encarar despidos o suspensiones entre ellas (71,4%).
En cuanto al nivel universitario, hasta mediados de 1958 sólo se podía cursar en una de las cinco casas de altos estudios dependientes del Gobierno nacional. A partir de entonces, cuando se autorizó al sector privado a crearl y administrar universidades, se multiplicaron de manera notable, llegando a 67 las privadas donde cursan 218,1 miles alumnos, y a 52 las públicas, en las cuales hacen lo propio 1.351,9 miles (86,2%). Si bien se han diversificado mucho los campos del saber en que actúan, la calidad no es tan satisfactoria pues sólo dos figuran más allá del puesto 200º entre las quinientas más reconocidas del planeta.
Argentina ha destinado en 2013 a Educación y Cultura el equivalente a 6,4% del PIB, con lo cual queda incluida entre los 16 países que en el orbe ostentan los registros más elevados, que marcan una notable triplicación en lo transcurrido del presente siglo. Un análisis de los resultados y de las carencias que todavía subsisten permite advertir de que los que se mantienen al margen de los ciclos educativos o los que optan por abandonarlos constituyen una amarga realidad.
La política a seguir en tales ámbitos, hasta el momento, no ha sido lo suficientemente efectiva para corregir en forma definitiva todas las carencias aún existentes. No sólo es indispensable disponer de fondos, sino de programas integrales consecuentes con los avances del área en quienes desde la vanguardia marcan el rumbo a seguir.
Siguiendo la metodología de establecer escalas de mérito y resultados mediante la relación “inversión/producto”, el caso de mayor derroche sin optimizar nada se verifica en Estados Unidos; mientras Francia, Alemania y Suecia, por el contrario, denotan la vigencia de sendas muy idóneas administraciones que con erogaciones sensiblemente menores vienen constituyéndose en los faros más poderosos de la educación ecuménica.
Ello no supone que deba copiarse nada sino detectar nuestras falencias, analizarlas en profundidad y adoptar sólo lo que sea válido para coadyuvar a optimizar la realidad de la sociedad argentina.
