lunes 25, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

La UIF investiga ahora a los hermanos Juliá por lavado de dinero

La UIF, organismo presidido por José Sbatella (foto), sostuvo que no puede haber dudas de que los hermanos Juliá “desarrollaban su actividad delictiva con antelación a aquel embarque secuestrado en Barcelona.
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Los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, condenados en España por haber ingresado un avión con 944,5 kilos de cocaína, están siendo investigados por la Unidad de Información Financiera (UIF) por el delito de lavado de dinero.

El organismo apeló la resolución de juez federal Alejandro Catania, quien rechazó el pedido para llamar a indagatoria a un grupo de personas acusadas de lavado de dinero, entre ellos a los hermanos Juliá.

La causa que tiene Catania se formó a partir de investigar la posible participación de otras personas en el embarque de la droga secuestrada en Barcelona, el 2 de enero de 2011. Allí se investiga a seis personas que habrían viajado varias veces de Argentina a Estados Unidos “extrayendo ilegalmente lingotes de oro y platino que totalizaban más de 2,4 millones de dólares entre 2009 y 2010”, precisó la UIF.

Según el organismo que encabeza José Sbattella, al ingresar a Estados Unidos declaraban el ingreso de los metales preciosos ante las autoridades estadounidenses y “legitimaban su tenencia”. Luego los vendían en el mercado legal estadounidense. “El dinero fruto de la venta era depositado en las cuentas de una sociedad de propiedad de los Juliá, para luego ser en algunos casos transferidos a Uruguay y en otros extraído por caja y transportado en mano por los imputados en su regreso a la Argentina”, agregó la UIF en un comunicado de prensa.

En su apelación, la UIF sostuvo que no puede haber dudas de que los hermanos Juliá “desarrollaban su actividad delictiva con antelación a aquel embarque secuestrado en Barcelona, ya que sería impensado que se hayan decidido de la noche a la mañana a realizar un viaje intercontinental con 944,5 kilos de cocaína, con un valor estimado en unos 30.000.000 de euros”.

En el mismo escrito, el organismo se quejó de que Catania no se expidió en relación con las medidas de pruebas solicitadas ni sobre la solicitud de acceso a la causa principal.

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