Dan por cierto que un magistrado fue destituido por un tribunal parcial

La CSJN admitió el recurso extraordinario que presentó Mauricio Frois, juez en lo Penal de Santa Fe, ya que cuatro de los funcionarios que lo removieron son ministros del Alto Cuerpo de esa provincia. Se pronunció en el mismo sentido que en el caso referido al derecho de consulta de los pueblos originarios que resolvió la semana pasada. [privado] Pronunciándose en el mismo sentido que en el caso referido al derecho de consulta de los pueblos originarios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reiteró que los máximos tribunales provinciales deben dictar fallos “constitucionalmente válidos”, en los cuales se traten correctamente los agravios de las partes. El decisorio del Alto Cuerpo se dio en el planteo que promovió un juez destituido, que acusó a la Corte santafesina de proceder con parcialidad; ello así, porque cuatro de sus magistrados integraron el Jury de Enjuiciamiento. Se trata del caso de Mauricio Frois, quien hasta su destitución se desempeñó como magistrado de primera instancia en lo Penal, a quien se responsabilizó por dos supuestos contenidos en la ley de enjuiciamiento local, tipificados como “ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada” e “incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales o infracción de sus normas prohibitivas”. Defensa Frois presentó un recurso de inconstitucionalidad, invocando la violación por parte del jurado de la garantía de defensa en juicio. Así, argumentó que fue destituido por una imputación que no integró debidamente la pieza acusatoria, que se prescindió de prueba decisiva y que la medida de basó en fundamentos aparentes. Su planteo fue rechazado por la Corte Suprema santafesina, lo que motivó que interpusiera el recurso extraordinario federal. En esa oportunidad el magistrado sostuvo que no fue juzgado por un tribunal imparcial, ya que cuatro de los miembros de la Corte local habían actuado en el Tribunal de Enjuiciamiento. La CSJN le dio la razón, dejó sin efecto la sentencia que rechazó el recurso y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. En su fallo indicó que la intervención de una Corte integrada por cuatro jueces quienes, junto con otros siete, constituyeron con anterioridad el tribunal de enjuiciamiento que tomó conocimiento del caso, participó como director del procedimiento y juzgó al recurrente, examinando su conducta y estableciendo su responsabilidad política para concluir en su destitución configuró una “patente infracción a la garantía del tribunal imparcial”. Herramienta En ese sentido, destacó que el propio ordenamiento procesal local brinda la herramienta apropiada para asegurar la garantía de que se trata, al contemplar como causales de recusación y excusación que el juez haya intervenido como integrante de un tribunal inferior. En tanto, citó el precedente “Llerena”, en el que se estableció que hay “ausencia total” de imparcialidad cuando un magistrado que integra el tribunal revisor falló sobre el fondo de la cuestión anteriormente. En ese sentido, la Corte Suprema reiteró que en casos que impliquen decisiones de los Jurados de Enjuiciamiento de Magistrados, el Superior Tribunal de provincia del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario, “es, en principio, el órgano jurisdiccional erigido como supremo por la constitución local, pues sin soslayar el principio en virtud del cual las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas, y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional”. Criterio Por ello, aplicó el mismo criterio fijado en el fallo “Pilquiman”, en el que se criticó que el Tribunal Superior de Justicia de Chubut no hubiera tratado los agravios en materia constitucional invocados por el recurrente. En ese caso, la resolución se dio en el marco del amparo promovido por Crecencio Pilquiman contra el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) de Chubut. Pilquiman, miembro de las comunidades aborígenes Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo pidió que se garantizara el derecho de participación indígena en los asuntos concernientes al territorio y a los recursos naturales. El demandante invocó normas constitucionales y reclamó la nulidad de la resolución 60/07 del IAC, por la cual se adjudicó una superficie aproximada de 2.500 hectáreas, ubicadas en un terreno en el que se encuentra un cementerio de esa comunidad. El Tribunal Superior chubutense rechazó el recurso contra el fallo de la Cámara de Apelación de Trelew y el actor llegó hasta la CSJN, argumentando que se violentó el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas. La Corte lo respaldó y expuso que los órganos judiciales inferiores omitieron el tratamiento del planteo. [/privado]

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