ESCUCHARTras el dictámen de comisión, la cámara baja comenzará hoy la discusión de la Ley Bases y el articulado de los proyectos fiscales. En principio, el oficialismo tendría los votos para aprobar las normas. No se descartan nuevos cambios. La media sanción recién se concretaría el martes
La Cámara de Diputados iniciará hoy el debate de la nueva de Ley de Bases y Puntos de Partida que negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, tras el estrepitoso fracaso de su primera versión.
Al mismo tiempo, también comenzará la discusión sobre el paquete fiscal, que incluye el impuesto a las Ganancias y un blanqueo.
El comienzo está previsto para el mediodía y se producirá a menos de un mes de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, motorizado por el presidente Javier Milei.
El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. El debate que incluyó nuevos cambios permitió que, el jueves pasado, se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría. De esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse en la jornada de hoy.
La sesión se extendería al martes y, posiblemente, también el miércoles a la madrugada.
La Libertad Avanza (LLA) intentó en reiteradas oportunidades abarcar varios ejes reformistas, pero algunos puntos que impulsaban determinados bloques eran rechazados por otros y viceversa. La versión final no terminó de conformar a nadie a excepción del oficialismo, naturalmente, y del PRO.
La votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor, según informó la agencia Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias de LLA. También remarcaron que difícilmente puedan perforar los 150 votos, que sería el techo.
En el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo. La parte más difusa y complicada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta algunos puntos hasta el último momento.
Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le fugue ningún voto.
Desde la oposición dialoguista reconocen una mejor predisposición del oficialismo para negociar. Un diputado de Hacemos Coalición Federal afirmó que el Gobierno «aprendió» luego del traspié de enero.
También destacó la mayor predisposición a la escucha de funcionarios como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal.
Cómo quedó el dictámen
El oficialismo debió sacrificar artículos para poder arrimar un dictamen que fuera firmable por las fuerzas de la oposición dialoguista. Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica, quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a apenas ocho la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación).
Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones.
Pese a compactar el proyecto, igualmente quedó una iniciativa de 240 artículos y 162 páginas, que será desmenuzado en el recinto durante al menos dos jornadas de debate a partir de hoy al mediodía.
Reforma laboral
Un foco de conflicto que no termina de sofocarse tiene que ver con la reforma laboral, que tuvo en vilo hasta último momento pero finalmente se plasmó en el dictamen de mayoría en una versión comprimida.
Fue la forma salomónica de «cortar al medio» entre dos posturas antagónicas.
La UCR machacó con una reforma laboral ambiciosa, que inclusive se metía con los intereses sindicales eliminando las cuotas solidarias de los no afiliados.
En un momento dado, cuando trascendió que el Gobierno hacía lugar al pedido radical, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, dio un golpe de puño sobre la mesa amenazando con no votar la ley Bases a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral. El rionegrino está convencido de que este tema no pasa en el Senado y no quiere que se pierda el tiempo en Diputados.
Al final, se incluyó una versión comprimida de la reforma circunscripta básicamente a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica (ésta última pertenece a HCF pero tiene juego propio, al punto que presentó un dictamen de minoría en el plenario de comisiones) intentarán plasmar cambios y agregados en el recinto en lo que refiere a la reforma laboral y el impuesto al tabaco (en este caso en la ley fiscal).
Además, fiel a su tradición de no otorgarle «superpoderes» a ningún presidente, la fuerza política de Elisa Carrió no votará la delegación de facultades.
También hay muchas dudas respecto a lo que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos. El radicalismo está dividido respecto de esta propuesta del Gobierno y podría haber un batacazo en este sentido.
Por si fuera poco, hay diputados de la UCR y de HCF que no están convencidos de las «bondades» del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.
Los diputados del espectro «dialoguista» están en una encrucijada: aseguran que quieren darle a Javier Milei las herramientas para que gobierne y deje de lado las excusas, pero no están conformes con la redacción final de algunos artículos y saben que si aplican su poder de veto el presidente, un fundamentalista del «todo o nada» podría volver a ordenar el retiro del proyecto en plena sesión, levantando el dedo acusador contra toda la oposición.
Críticas de Cristina
En línea con la frontal crítica que hizo el sábado a la política económica y social del gobierno de Javier Milei al inaugurar el microestadio “Presidente Néstor Carlos Kirchner” en Quilmes, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) sentó en un posteo en la red social X (antes Twitter) una posición claramente negativa respecto del proyecto de “Ley de Bases” que se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación.
En particular, y en línea con la parte de su discurso quilmeño referida al sector energético, CFK criticó los aspectos del proyecto del Ejecutivo vinculados a la declaración de emergencia en materia de energía y a la rescisión o modificación de contratos celebrados antes del 10 de diciembre del año pasado. Esto es, antes del inicio de la actual gestión presidencial.
“Mañana (por hoy) se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la autodenominada ‘Ley de Bases’, cuyo Título III sobre ‘contratos y acuerdos transaccionales’ autoriza al Poder Ejecutivo, ‘por razones de emergencia’, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023″, dice un pasaje del posteo de la dos veces presidente y una vez vice.
CFK objeta la exclusión del régimen establecido en el proyecto oficial “de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también) … aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”.
De este modo, argumenta, la norma a discutir en el Congreso “faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos en nuestra charla en Quilmes”.
