Indemnizan por lesiones y secuelas de por vida

El tribunal tuvo en cuenta la incapacidad vital de la joven mujer damnificada, quien padece invalidez parcial. La minoría discrepó en cuanto a que no se pueden tarifar las consecuencias incapacitantes como si se trataran de valores en sí mismos. [privado] Al predicar que “en este tipo de casos y a los fines de juzgar la procedencia y cuantía de la indemnización, debe tenerse en cuenta además de la aptitud para trabajar, todas las actividades del sujeto, en un aspecto genérico de considerable aptitud como lesión patrimonial a su personalidad íntegramente considerada”, la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba -por mayoría- ratificó su criterio sobre la materia y determinó que sea indemnizada a título de incapacidad vital la joven ama de casa que padece invalidez parcial a raíz de las lesiones que le ocasionó el accidente de tránsito ventilado en la causa. La incapacidad vital fue reconocida como rubro indemnizatorio autónomo hace casi siete años por medio de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Superior de Justicia en la causa “Dutto c/ Carranza” (sentencia Nº 68, del 5/06/08) y así se amplió el espectro de los capítulos resarcitorios que se establecen cuando se verifican minusvalías en los pleitos tramitados ante el fuero –pues tradicionalmente la Justicia cordobesa sólo ordenaba el resarcimiento el daño material como lucro cesante o frustración de chance económica-, aunque cabe aclarar que en el citado precedente del Alto Cuerpo se trató de una víctima de muy avanzada edad y resultaba inverosímil computar pérdida de capacidad laborativa. En este caso, la damnificada tenía 19 años de edad al momento del siniestro y sufrió la fractura de tibia derecha que le genera una invalidez de 25% de la total obrera, no obstante en primera instancia la indemnización fue concedida bajo el rubro pérdida de chance económica, con la consiguiente disminución del monto resarcitorio, acotándolo a 25.768 pesos debido a que se circunscribe a resarcir la “mera expectativa” de obtener ingresos. Concepto En función de la apelación de la accionante, la mencionada Cámara, merced a la mayoría conformada por Walter Adrián Simes y Silvia Palacio Caeiro, revocó lo resuelto y resolvió acoger el reclamo en concepto de incapacidad vital por el importe de $ 91.522. En sus fundamentos, el órgano de Alzada estimó que “estando probada la existencia de las dolencias, no corresponde disminuir el monto indemnizatorio por la simple razón de que la actora no haya sufrido merma en sus ingresos desde que los perjuicios a considerar no son únicamente los vinculados a la faz laboral del sujeto”, en tanto “lo resarcible no son sólo las frustraciones laborales sino también el hecho de acarrear por el resto de la vida con secuelas que lesionan la integridad psicofísica”. En la misma inteligencia, se reafirmó que “estando acreditada la existencia de secuelas incapacitantes, el individuo debe ser indemnizado bajo el rótulo de ‘incapacidad vital’ no obstante no haya sufrido mermas en sus ingresos”, pues “la existencia de secuelas incapacitantes de carácter permanente importan una dolencia que atenta contra la integridad psicofísica de todo ser humano y el solo hecho de padecerlas da lugar a una minusvalía que necesariamente debe ser indemnizada, pues según el curso normal y ordinario de las cosas provoca una serie de inconvenientes y molestias en el desenvolvimiento de las actividades que a diario realiza cualquier persona, como así también, se traduce en una desigualdad de oportunidades de progreso y bienestar”. Alberto Zarza, a pesar de que arribó al mismo monto indemnizatorio, votó en disidencia por entender que no resulta “viable indemnizar las secuelas incapacitantes ‘per se’, como si se tratara de un valor en sí mismo sino en relación con las consecuencias disvaliosas que de ellas se infieren ya sea en el ámbito patrimonial (lucro cesante–pérdida de chance) o en el ámbito espiritual (daño moral)”. Autos: “DELMAS, NELSON EMANUEL Y OTRO C/ ACEVEDO, FRANCO GASTÓN – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – RECURSO DE APELACIÓN – EXPTE. N° 2179572/36”

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