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Aranguren, contra la ley sobre comercialización de combustibles

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El Ministerio de Energía indicó que el oficialismo no respalda el proyecto que se debate en el Congreso de la Nación, que cuenta con el aval de estacioneros y empleados de estaciones de
servicio. Aseguró que actualmente existe “el marco legal necesario” para regular el sector

El Ministerio de Energía consideró ayer que existe “el marco legal necesario” que permite regular las relaciones comerciales entre las empresas petroleras, las estaciones de servicio y el consumidor, al tiempo que desestimó que haya existido un eventual apoyo del oficialismo al proyecto de Ley de Comercialización de Combustibles Líquidos que está bajo análisis en el Congreso.
La iniciativa, que es debatida en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el legislador del Frente para la Victoria (FpV) Julio de Vido, ya había cosechado el apoyo de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) y el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios.
La iniciativa busca establecer que las petroleras sólo podrán realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta 15 por ciento de sus ventas totales en el mercado interno, y dispone que no podrán fijar precios de reventa, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización -entre ellos el sistema consignado- lo que permitirá a los estacioneros mejorar sus márgenes de ganancias.
Luego de las declaraciones de directivos de Cecha argumentando un eventual respaldo del ministro Juan José Aranguren a la sanción del proyecto en los términos conocidos, el Ministerio de Energía aclaró que el funcionario considera que “la Ley de Defensa de la Competencia, la de Defensa del Consumidor y el DNU 1060/2000 aportan el marco legal necesario para regular las relaciones entre petroleras y estacioneros y entre estos y los consumidores”.
Asimismo, Aranguren aclaró en un texto que “si los estacioneros consideraran que el sistema de consignación atenta contra el marco regulatorio vigente deberían dirimir dicha controversia en sede administrativa y judicial”.

Debate legislativo
Los directivos de Cecha, encabezados por el secretario Oscar Díaz, concurrieron hace más de un mes al Congreso de la Nación para reclamar una ley que regule la comercialización de combustibles, para transparentar el sistema, generar competencia leal y recuperar las 2.000 bocas de expendio que se cerraron en la última década.
“Es necesario ordenar el mercado a través de una legislación que fije un marco legal a la actividad, generando competencia entre actores de un mismo segmento y capacidad económica”, dijo el directivo, al reclamar “condiciones comerciales mínimas y homogéneas para los contratos de abastecimiento y exclusividad”.
De esta manera, Díaz demandó que se “impida que las petroleras puedan imponer a las estaciones de servicio precios de venta al público, márgenes de ganancia o cualquier otra condición comercial, de manera tal que el estacionero pueda administrar su propio margen en función de sus costos operativos y las condiciones del mercado”.
Posteriormente, la agenda de debate prevista por la Comisión de Energía iba a tener un capítulo central el próximo jueves 13, con la convocatoria a directivos de YPF para presentar la postura de la compañía, que representa más de 55% de los combustibles líquidos que se comercializan en el país.
No obstante, en las últimas horas fuentes legislativas dijeron que el encuentro fue postergado sin fecha prevista. Los detractores de la norma afirman que la sanción del proyecto permitirá a los empresarios estacioneros desplazar a las petroleras que dominan el mercado de refinación y comercialización de combustibles como YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil, y retomar el control del negocio con la potestad de fijar precios, márgenes de rentabilidad y el trato con los grandes consumidores.
Por su parte, la Federación de Sindicatos de Petroleros manifestó su rechazo al proyecto de regulación de la comercialización de combustibles al afirmar que su aplicación afectará los intereses de los consumidores y de los trabajadores de las estaciones.