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Por Luz Saint Phat/ [email protected]
Silvana María Chiapero, presidenta de la la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, dialogó con Vida Profesional sobre temáticas transversales de la actualidad como coyuntura del país, avances tecnológicos, comunicación judicial y perspectiva de género
En un escenario nacional y global en permanente transformación, es necesario reflexionar de manera profunda sobre la justicia y los desafíos que enfrentan los magistrados y funcionarios judiciales.
– ¿Cuáles son los principales desafíos profesionales que enfrentan los magistrados y funcionarios judiciales en la provincia de Córdoba, en una coyuntura de importantes transformaciones a nivel nacional?
– La magistratura y el funcionariado no pueden ignorar las circunstancias conflictivas que aquejan a la sociedad actual, donde existe una realidad socio económica en la que reina la desocupación y un alto porcentaje de la población sumida en necesidades vitales y grandes desigualdades.
Para construir una república hay que profundizar el apego a la legalidad porque es la ley quien debe nivelar las desigualdades. Para ello se debe trabajar incesantemente por fortalecer una justicia independiente, formada por personas con decisión inquebrantable de utilizar la porción de poder político que la Constitución les ha delegado, de modo adecuado.
Ya no es un mérito quedar limitado a formular subsunciones formales pues ello importaría desentenderse de la realidad concreta. Todo operador judicial debe ocupar el rol de verdadero portavoz del derecho para la realización de la justicia, conciliando la rigidez legal con la realidad social imperante.
Esa labor exige responsabilidad social, para aportar de modo progresivo e infatigable la construcción de la paz social. Sus integrantes deben colocarse en actitud de servidores sociales a quienes se les otorga un delicado instrumento para pesar, medir y valorar los intereses con vista a decisiones que perfeccionen el equilibrio colectivo.
Creo que sería muy positivo para la administración de justicia, reconocer que se debe a la sociedad, a la que tiene obligación de dar cuenta, como institución pública. Porque es imprescindible que la sociedad tenga confianza en el Poder Judicial, último garante de las libertades individuales de la población, además de ser responsable de fortalecer el Estado de derecho brindando seguridad jurídica, condición indispensable para que cualquier país pueda progresar.
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– ¿En qué medida los avances, como la digitalización y/o inteligencia artificial, inciden en la labor de este campo profesional? ¿Qué ventajas y desventajas pueden vislumbrarse en la actualidad?
– La inteligencia artificial (IA) contribuye al avance de los modelos de gestión no solo judicial sino gubernamental, por lo que lo que serán infaltable en las agendas las cuestiones referidas al gobierno electrónico y abierto, que garantice la transparencia de los datos en línea y la rendición de cuentas públicas.
La justicia en línea es el fruto de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), incorporando a la tarea judicial la IA, informatizando los procesos jurídicos tradicionales. Creemos que cualquier concepto que involucre un procedimiento institucional efectuado por medios electrónicos (la figura del expediente electrónico, la firma digital, las videoconferencias y las actas digitales) constituye un avance en la tarea judicial en cuanto a celeridad, economía procesal, inmediación y acceso a la justicia.
Pero ello siempre que se desarrollen con debido respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos para que el uso de TIC garantice a los justiciables transparencia y confiabilidad en el sistema. Su implementación requiere la incorporación de medidas normativas adecuadas para la protección de los datos personales, y el respeto a esas garantías que son pilares de un estado de derecho y democrático y de toda sociedad avanzada, que quiera su progreso moral.
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– En materia de comunicación judicial ¿cuáles son los avances hasta el momento y qué aspectos quedan por mejorar o transformar?
La actual conducción de la asociación está convencida de que una buena política de comunicación no sólo asegura la interpretación correcta de las decisiones de los jueces y fiscales, sino que valoriza su imagen pública.
Habitamos una sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, con rasgos de exuberancia, omnipresencia,velocidad y multilateralidad
Por ello creemos que deben hacerse los cambios útiles para el mejoramiento de la administración de justicia, partiendo de la premisa que el quehacer jurisdiccional ya no puede considerarse cumplido con la sola aplicación eficaz y correcta del derecho constitucional y convencional, los tratados de derechos humanos y leyes fundamentales. Hoy los operadores están urgidos de efectuar un análisis puntual de las particulares circunstancias que atraviesa la sociedad actual, acudiendo a sus habilidades actitudinales y blandas para transparentar los actos emanados de la Justicia, publicitar los detalles y pormenores de su tarea como carril para el mejoramiento de la imagen y credibilidad de la sociedad con la tarea que realiza el Poder Judicial.
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– ¿Y en materia de género?
Nuestra flamante Oficina de Género está en constante actividad en pos de custodiar el cumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado Argentino para garantizar a las mujeres y demás colectivos la no discriminación e igualdad de condiciones en todas las esferas. La tarea es incesante y debe ser incansable porque implica un cambio cultural necesario y porque entendemos que la equidad y paridad de género es uno de los indicadores de la calidad democrática de una comunidad.
Creamos este espacio de reflexión transversal de la problemática de género porque nos acerca al rol fundamental que deben cumplir las instituciones: contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de malas prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, o en los papeles estereotipados para el hombre y para la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres.
Sabemos que hoy el ordenamiento privado constitucionalizado respeta el principio de igualdad de género y eliminó todo resabio de legislación fundada en modelo patriarcal con contenidos discriminatorios específicamente hacia la mujer. Esto implica un gran y profundo avance porque la recepción de los derechos de las mujeres en el ámbito civil, es el primer paso de armonización de nuestro derecho interno a los postulados de los tratados de derechos humanos suscriptos por la República Argentina.
Pero sigue siendo necesario que los avances en la materia legislativa se acompañen con el efectivo cumplimiento de tales derechos en la vida social y familiar. Es decir que ahora no solo es tarea de los operadores interpretar con perspectiva de género, para que esta igualdad abstracta de las normas se transforme en una igualdad real. Sino que toda la comunidad y las instituciones cercanas a la Justicia –como la nuestra- con mayor razón debemos estar ocupadas en colaborar para que el cambio cultural que hace falta se concrete con la mayor velocidad que sea posible
Todas las instituciones de modo transversal tenemos tarea que cumplir en torno al conflicto complejo de desigualdad de género. Debemos capacitar para identificar si existen situaciones de poder que generan desigualdades; cuestionar hechos y valorar sin preconceptos estereotipados; y coordinar con otras instituciones para el abordaje transversal y conjunto.
Creemos que los esfuerzos institucionales en ese sentido no redundan exclusivamente en favor de algún colectivo en particular, sino que enriquecen a toda la comunidad porque pluralizan las miradas.
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PERFIL
Formación y trayectoria
- Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. Electa en Asamblea Anual Extraordinaria. Período: 2021 -2024.
- Abogada, especialista en Derecho registral por la Universidad Notarial de La Plata y Doctora en Derecho y Ciencias Sociales.
- Profesora Titular de la materia “Derecho Privado I”, de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Vocal de Cámara Civil y Comercial (Sociedades y Concursos) en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
- Miembro del Consejo Directivo del Centro de perfeccionamiento del Poder Judicial “Ricardo C. Núñez” y Miembro del Instituto de Derecho Civil e Instituto de Derecho de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba.
- Profesora permanente en carreras de postgrado (Derecho procesal concursal y Maestría en Derecho Civil Patrimonial) en: Universidad Nacional de Córdoba, de Villa María y de la Universidad Empresarial Siglo XXI.
- Profesora invitada en maestrías y carreras de especialidad en diversas Universidades. Directora de la Carrera de Especialización en Sindicatura Concursal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
