La problemática provoca cuantiosas pérdidas entre organizaciones que operan en zonas rurales y expone a enormes riesgos. Se evaluó la posibilidad de realizar tareas en conjunto
La modalidad delictiva con base en la venta de cobre en el mercado ilegal fue tema de tratamiento en el ámbito del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, con específica atención a la afectación del flagelo sobre las Cooperativas de servicios públicos.
Durante el encuentro, realizado el primero de febrero, se evaluó la posibilidad de realizar tareas en conjunto en virtud de situaciones de robo de instalaciones eléctricas rurales.
Participaron de la reunión el titular de la cartera, ministro Fabián López; el comisario general, subjefe de la Policía de la provincia de Córdoba, Ariel Darío Lecler; el director de la Policía, Leonardo Gutiérrez; el director de planeamiento, ejecución y gerenciamiento de obras de la Secretaría de Desarrollo Energético de la provincia, Ezequiel Turletto; el titular de la Dirección de Comunas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Franco Paludi; junto con Paul Barberá y Guillermo Oviedo, respectivos tesorero y coordinador general de Face Córdoba y Pablo Pisani, coordinador general de FECESCOR.
El robo de transformadores eléctricos, con la finalidad de extraer el cobre que contienen en su interior y venderlo en el mercado ilegal, se ha transformado en una constante que perjudica a las cooperativas eléctricas de distintos puntos del país. La problemática afecta principalmente a los sectores rurales y ocasiona cuantiosas pérdidas.
Riesgos del robo de transformadores
Este tipo de hechos genera todo tipo de riesgos. Primero para el propio delincuente que corta los cables tensionados en baja o media tensión o desconecta un transformador para tirarlo de la plataforma.
Después está el peligro que queda tras el robo, puesto que al operar de noche los cables pueden quedar expuestos hasta que se corta la tensión de la línea afectada.
Luego está el perjuicio que le provoca a los usuarios, que los deja sin energía, ya que se destrozan las instalaciones y lleva tiempo repararlas.
Se trata de un fenómeno global, que no sólo afecta en su mayoría a los sectores alejados de las urbes
Los robos ocurren de madrugada en lugares despoblados, en zonas rurales, donde es muy difícil hacer operativos de prevención de seguridad.
Problema de alcance nacional
La Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios (FACE) realizó gestiones en distintos ámbitos gubernamentales en el orden nacional y de las catorce provincias que constituyen su área de alcance territorial.
Al respecto de este flagelo, el titular de FACE, José Álvarez, ha señalado que en la zona rural es “donde los delincuentes se manejan de la mejor manera posible, tienen todas las condiciones para realizar los robos”, sino también a varios sectores de la provincia; provocando un perjuicio hacia el usuario-cliente que ve impedido el suministro de energía eléctrica y el perjuicio ambiental ya que en ciertos casos se derrama aceite que contienen los transformadores.
El robo de cables se ha vuelto un verdadero problema que afecta a miles de usuarios que se quedan sin servicio de telefonía, internet o electricidad. En el transcurso del año 2022, en la provincia de Mendoza fueron robados al menos 15 mil kilos de cables, según datos del Ministerio de Seguridad. Es lo que se ha podido secuestrar desde el área, lo que no implica que sea mucho más.
Se trata de una situación compleja para las cooperativas por los costos que esto implica, ya que hay que sumar a los materiales, el trabajo de colocación. Por ello, es frecuente que ante los reclamos de los usuarios por falta de teléfono o internet estos deban esperar mucho tiempo a que se resuelva el inconveniente: En ocasiones, y dependiendo del daño, es difícil precisar cuándo repondrán el tendido o incluso, en algunos casos, si podrán reponerlo.