ESCUCHARMientras las consultoras privadas anticipan en sus informes una posible desaceleración de la inflación en junio, el Gobierno nacional avanza con políticas que buscan contener la suba de precios aunque generan resistencia en las cadenas comerciales por su relativa eficacia. El sector de los alimentos es uno de los más sensibles, a la vez que viene registrando alzas por encima del promedio del índice que mide el Indec.
En ese contexto, desde la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria de la Alimentación y Bebidas (CAPYMA) advirtieron sobre el carácter “demagógico y extorsivo” de una reciente medida adoptada por el gabinete de Sergio Massa.
En un comunicado, la entidad señala que el Gobierno nacional oficializó, la semana pasada, en el boletín oficial la prórroga de la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024, obligando a las empresas que quieran participar a formar parte de Precios Justos y a mantener los valores de los productos fijos hasta el 15 agosto, casualmente hasta dos días después de las elecciones primarias.
“Se trata de una iniciativa de campaña inútil e ineficaz, que busca llegar a las PASO sin sobresaltos, y que no resuelve en absoluto el problema de raíz”, Ornella Calvete Nacht, presidenta de la cámara. La especialista consideró que “si bien tiene un pequeño impacto positivo, con tasas beneficiosas para los sectores bajos y medios de la pirámide de consumo, que son los principales usuarios de estos programas, sigue siendo una medida cortoplacista y electoralista que no hace más que patear los conflictos hacia adelante”.
Asimismo, la titular de la entidad, que agrupa a más de 1.800 pequeñas y medianas industrias alimenticias del ámbito nacional, señaló que “la falta de organización, la comercialización concentrada en establecimientos masivos, la especulación de industrias y grandes comercializadores, la escasa participación de las pymes y de los autoservicios de proximidad, y la baja penetración que siguen teniendo en el interior del país, demuestran que “ya es hora de ir reemplazando estos programas por acciones mucho más federales, que deleguen en los Gobiernos locales la posibilidad de comprar en empresas zonales, en función de la escala posible”.
En ese sentido, Calvete Nacht consideró que “esto no sólo impulsaría el consumo, sino que también fortalecería las economías regionales con todos los beneficios que eso genera”. El sector plantea que para que este tipo de programas tengan un mayor impacto en la comunidad y genere soluciones profundas, “el Gobierno debe poner en práctica políticas integrales que puedan equilibrar realmente los precios y sostenerlos en el tiempo”.
Asimismo, la titular de la entidad agregó que “el escenario de campaña actual va en detrimento de las pymes, porque terminan por reforzar las brechas ya existentes y por correrlas del sistema”.
El punto más fuerte del comunicado se refiere al carácter de la medida oficial respecto al congelamiento de precios por dos meses, impulsado por el Ejecutivo nacional.
“Según las autoridades de Gobierno, se trata de un acuerdo voluntario, sin imposiciones de ningún tipo. Sin embargo, si una empresa no quiere firmarlo, pierde la prioridad para poder importar y para acceder a los dólares al tipo de cambio oficial que le permiten cancelar deudas en el exterior”, dice la presidenta de CAPYMA.
Sobre esto, afirmó que “la palabra congelamiento, en un plano híper superficial, pareciera que a los consumidores les disminuye la percepción de incertidumbre, y se presenta como algo positivo, en tanto y en cuanto no se caiga en la picardía de inflar los precios previamente”.
Sin embargo, anticipó que también es una medida contradictoria, dado que “los congelamientos en Argentina siempre fueron engañosos, porque no sólo no reacomodan los precios, sino que, además, suelen venir acompañados de un desabastecimiento por especulación”.
Además, desde el punto de vista de las pymes, la referente reconoció que “para cualquier industria en donde se utilicen insumos de fabricación provenientes del exterior (como el plástico), es una solicitud que puede interpretarse como extorsiva, dado que no hay opción a negarse si se limita la compra de la materia prima necesaria para que una fábrica pueda seguir de pie”.
Calvete Nacht anticipó que el sector que preside está atravesando una situación cada vez más grave y volvió a exigir el llamado “urgente a una mesa de negociación que agrupe a todas las partes, para discutir herramientas de fondo que aumenten la competitividad, disminuyan la tutela estatal y permitan sostener los precios en el tiempo”.
