ESCUCHARLa semana pasada, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, pidió “equidad” ante la apertura de importaciones para productos de la canasta básica.
En diálogo con radio 10 AM710, en el marco de las acciones del Gobierno para reducir la inflación, agregó: “A todos nos gusta un poco el libre mercado, pero ningún extremo es bueno”.
Hace horas, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que en un mes los productos alimenticios nacionales comenzarán a competir con los importados y aventuró que habrá una rebaja de precios.
Reunión
Por lo pronto, la CAME solicitó una reunión con el alto funcionario para plantearle su preocupación por la liberación de importaciones de alimentos.
El titular de la entidad fue anfitrión de un encuentro con gobernadores patagónicos y cuestionó la decisión de la Administración de Javier Milei sobre la quita de impuestos para productos extranjeros.
En una entrevista con el medio Génesis Rural, sostuvo que la preocupación central son los productos con mayor agregado de valor.
También estimó que Brasil será el gran beneficiado con la decisión. “Nosotros todavía tenemos demasiados pies encima como para poder competir mano a mano”, sentenció.
Sector
El sector alimenticio plantea que la medida beneficiará a pocos y afectará a las pymes. Cabe recordar que viene insistiendo con la necesidad de liberar el mercado, pero con ciertas variables normalizadas y avances en reformas laborales e impositivas.
Cabe precisar que un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) consignó que los tributos nacionales, provinciales y municipales representan entre el 36,2 y el 48,1% del precio final de alimentos y bebidas.
En ese marco, Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la CAME, aseguró que sólo 10 grandes empresas y seis o siete cadenas de supermercados podrán importar con beneficios fiscales -es decir, exención del IVA- y disposición de dólares, mientras las pymes aún no pueden traer del exterior insumos esenciales, como los que requieren para las conservas o para los galpones de empaques.
Citando los datos del Iaraf, Vernengo adelantó que le enviarán una sugerencia al Gobierno para que primero baje los impuestos a la agroindustria nacional y le otorgue mayor competitividad.
El dirigente consideró que no están dadas las condiciones para abrir tanto la competencia. A su vez, opinó que sería desleal, ya que a las grandes empresas se les bajarán impuestos mientras las pymes lidian una alta carga impositiva, tanto nacional como provincial y municipal.
En esta línea, dijo que el Ejecutivo debería destinar lo que tiene planeado invertir en el beneficio impositivo para la importación, por el mismo tiempo, a las pequeñas y medianas industrias nacionales.
Un informe reciente de CAME relevó que la industria manufacturera pyme se retrajo 9,9% en febrero, frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes. En cuanto al sector de alimentos y bebidas, reportó que la caída fue del 0,3% anual. Los principales problemas de los productores de la rama fueron las subas de precios de los insumos, de la energía y del transporte (combustibles).
IVA
Raúl Giordano, presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), hubiera sido más beneficioso sacarles el IVA a ciertos productos esenciales -como harina, leche y aceite-, y para los sectores sociales que más lo necesitan; por ejemplo, mediante la Tarjeta Alimentar.
Recordó que durante la gestión de Mauricio Macri se eliminó por un tiempo el IVA en los alimentos, pero que la medida falló porque el beneficio fue absorbido rápidamente por la cadena y no llegó al consumidor. Así, opinó que, con esa experiencia, se podría analizar el modo de asegurar que el beneficio alcance a los más afectados por la suba de precios.
Seis meses
A diferencia de los cálculos de Caputo, Giordano evaluó que los productos importados demorarán unos seis meses en llegar a las góndolas, porque se deben registrar y hay que imprimir etiquetas. Añadió que sólo podrán hacerlo las cuatro o cinco grandes cadenas nacionales e internacionales que venden al 40% de la población, con marca propia.
En esa inteligencia, aventuró que, si bien tal vez sean un poco más baratos que los de fabricación nacional, los compradores van a presionar a los empresarios locales, ya ajustados, para que bajen los precios, y recordó que meses antes pagaron, con un dólar “inflado”, las semillas, los fertilizantes y los insumos para cosechar con los valores de una economía que “irreal”.
“Estoy de acuerdo con que tengamos libre mercado, pero no a tres meses de las elecciones y con un cambio que no está funcionando todavía, porque no están pudiendo aplicarlo”, expresó.
Sector privado
Por su parte, Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó que el peso de la suba de precios recae sobre el sector privado, pese a la información disponible sobre la carga impositiva que afronta.
Si bien la gestión actual se propuso lograr el equilibrio fiscal para empezar a bajar progresivamente los impuestos, Badaloni subrayó que la baja aún no se produce y que el DNU, que establece varias modificaciones, se está negociando y que, por ello, no se modificó ninguna variable.
Asimismo, planteó que se otorgan beneficios para importar mientras la Argentina no tiene dólares y no se liberan divisas para terminar de pagar el stock de deuda.
Sobre cuáles podrían ser medidas efectivas para corregir la situación, el representante de Mendoza ante la UIA mencionó que se debe bajar la presión impositiva y ofrecer estímulos a la exportación; resolver problemas asociados a la “industria del juicio” y convenios colectivos de más de 50 años y ampliar las opciones de financiamiento para el sector privado por parte de bancos que hasta ahora destinaron gran parte de su flujo al Estado.
Cooperativas
Cooperativas, mutuales y sindicatos de cuatro provincias, nucleadas en la Cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina, rechazaron la decisión del gobierno de abrir las importaciones de alimentos, al entender que “es un golpe devastador para las economías regionales”.
En un comunicado, el grupo de entidades de la economía social de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, sostuvo que al haberse eliminado la Ley de Abastecimiento, el gobierno “allanó el camino para que las grandes corporaciones alimenticias dicten sus propias reglas sobre los precios, desencadenando un vertiginoso proceso inflacionario que ha erosionado rápidamente el poder adquisitivo de los salarios, lo que a su vez ha llevado a una drástica caída en el consumo, especialmente perjudicial para nuestras economías regionales”.
Bajo esa premisa, alegó que la importación de alimentos “lejos de corregir las causas del problema, lo va a profundizar”, porque “favorece a las multinacionales en detrimento de los productores locales” y “socava los cimientos” de la seguridad y de la soberanía alimentaria.
La Cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina sumó que “licuará aún más” las capacidades productivas y laborales de las economías regionales.
La entidad se constituyó el año pasado, en Rosario, y reúne a 19 organizaciones; entre ellas, la Asociación Mutual de Empleados de Comercio (Amecro); la Asociación Mutual Mercantil Argentina (Amma) y la Cooperativa Agropecuaria Productores y Consumidores Limitada (Capyc).
