ESCUCHAREl bloque del Frente de Todos (FdT) acordó ayer introducir diversos cambios al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que define criterios básicos epidemiológicos para establecer medidas sanitarias que mitiguen la pandemia de coronavirus, que se prevé sea debatido en sesión especial este jueves en la Cámara de Senadores.
Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.
Fuentes de la bancada oficialista afirmaron que los temas que cambiarán son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones, ambos adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones.
Allí, Domínguez había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención de la suspensión de la actividad escolar cuando un distrito se encuentre en «situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria».
La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una «morigeración» de la medida.
La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada previamente con los responsables distritales.
El oficialismo pretende, así, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.
Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá «mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19».
El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un «plazo cierto» hasta el 31 de diciembre de este año.
«Desde el punto de vista constitucional ése podía ser un problema», destacaron los voceros.
También se eliminará del proyecto la mención de los gobernadores y del jefe de Gobierno porteño como «delegados» del Ejecutivo nacional y se los considerará «agentes del Gobierno federal».
Por otro lado, se descartó la posibilidad de incluir un artículo que permita a las provincias «adherir» a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla.
La propuesta había sido sugerida por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, en consonancia con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la postura de otros mandatarios de Juntos por el Cambio.
El proyecto, en principio, será llevado al recinto de sesiones este jueves en una sesión especial que se prevé muy extensa.
El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción, ya que debería comenzar a regir antes del 22 próximo, cuando pierde vigencia el último DNU emitido por el Presidente. El FdT tiene los votos suficientes para aprobarlo y ya sabe que no contará con el apoyo de Juntos por el Cambio ni de algunos aliados del oficialismo, como Juntos Somos Río Negro.
