ESCUCHAROrganizaciones como Amnistía Internacional, el Consejo Federal de Defensores y Asesores
Generales, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicaciónde la Convención Internacional de los Derechos del Niño sentaron postura. También, sacerdotes y jueces
En el marco de la serie de medidas que el Gobierno nacional impulsa en materia de seguridad, diversas organizaciones ven con preocupación la propuesta de bajar la edad de imputabilidad y se manifestaron en los últimos días.
En el marco de estos anuncios, Amnistía Internacional Argentina destacó ayer que le preocupa la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. “Argentina ha sido interpelada por los organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”, comunicó la organización.
Agregó que la reforma no puede hacerse de cualquier modo: “El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”.
En este sentido, para Amnistía Internacional, “llama la atención la propuesta de baja de edad de imputabilidad presentada, ya que representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”.
En tanto, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina rechazó la iniciativa que propicia el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y la calificó de “irrazonable”.
“La reforma no reduciría los índices de inseguridad”, dijo la asociación civil que congrega a defensorías y asesorías públicas de Argentina, en un comunicado firmado por el coordinador, Maximiliano Benítez.
Benítez, también titular del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, afirmó que “el número de delitos cometidos por esta franja etaria es insignificante, tal como lo indican todas las estadísticas”.
La baja de edad de punibilidad “afecta a los principios de mínima intervención, de última ratio y viola los principios de progresividad y no regresividad” y por eso “no reduciría los índices de inseguridad”.
A cambio, postuló “dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales” ya que “la mayoría de los sistemas provinciales de protección de derechos encuentran serias dificultades para dar cumplimiento”.
El consejo recordó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “creó una comisión para analizar el tema y concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”. “El contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional”, agregó en el escrito.
Finalmente, también resaltó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas “exhortó al Estado nacional” a que las leyes “no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la responsabilidad penal” de niños, niñas y adolescentes.
“No dio resultado en ningún país”
Por otra parte, ayer se manifestó también la titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), Nora Schulman. En declaraciones a medios porteños criticó la iniciativa. “Bajar la edad de imputabilidad no dio resultados en ningún país” y agregó: “Es una medida electoralista, oportunista y ‘mala leche”.
Schulman consideró que “no se termina la inseguridad bajando la edad de imputabilidad”. Criticó el entramado económico, productivo y social diagramado por Cambiemos.
“Cierran escuelas, cierran orquestas, cierran clubes, es una situación recesiva para los jóvenes”, señaló. Además, opinó que en lugar de bajar la edad de imputabilidad, la administración del presidente Mauricio Macri debería apuntar a efectuar cambios de índole estructural.
“Si no se atacan las causas de la delincuencia, sólo habrá más chicos presos”, advirtió. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue proponiendo esta medida a la que consideran “una deuda de la democracia”. Así lo sostuvo el fin de semana el ministro de Justicia, Germán Garavano quien apoyó la iniciativa del Gobierno de fijar en ese valor la edad de imputabilidad en el Código Penal. “El Estado tiene que, una vez que se comete el delito, ver cómo lo saca al joven de de esa carrera delictiva y es importante fijar en 15 años, porque es donde se da ese salto”, señaló el funcionario nacional.
Sacerdotes calificó la iniciativa de “demagogia punitiva”
La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran curas de villas y religiosos, expresó su rechazo a “cualquier intento” de bajar la edad de imputabilidad, y señaló que la iniciativa es “demagogia punitiva” y tiene “fines electorales”. En el mismo sentido se manifestó la semana pasada la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del arzobispado de Buenos Aires, advirtiendo que medidas de este tipo “profundizan las heridas sociales” y “parecieran estar destinadas a ampliar la exclusión social”. Al respecto, advirtió que “las jóvenes generaciones necesitan políticas de promoción de su dignidad y sus derechos” ya que, según un estudio de la Unicef que citaron, “48,2% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina se sitúan en el plano de la pobreza”.
