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La Superintendencia de Servicios de Salud omitió algunas prestaciones y fijó tope a los reintegros. Los profesionales podrían cobrar menos y los pacientes, tener que pagar de su bolsillo.
La resolución 1200 recientemente dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que modificó las coberturas y el financiamiento de las prestaciones que hasta el momento cubrían las obras sociales a sus afiliados discapacitados, ya genera preocupación.
La voz de alerta se alzó entre los profesionales que atienden a este sector de la población cuando conocieron el contenido de la normativa publicada el 3 de octubre en el Boletín Ofcial de la Nación. Se trata de psicólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, fisioterapeutas y profesores en educación de deficientes, entre otros, quienes entienden que la resolución perjudicará, en primer lugar, a los pacientes que, en muchos casos, deberán costear de su bolsillo el pago de los tratamientos. Por otro lado también perjudicará a los profesionales cuyos honorarios podrán tornarse más exiguos y más difíciles de cobrar por parte de las obras sociales.
Aunque todavía hay mucha confusión respecto de los verdaderos alcances de la resolución de la SSS, los profesionales advierten que se fijaron topes a los reintegros y desapareció el llamado nomenclador de prestadores.
Consultado por Comercio y Justicia, Alejandro Bassi, titular del Centro de Tratamiento de Niñez, Adolescencia con Necesidades Especiales, advirtió que hay prestaciones que en la nueva normativa no figuran y, por lo tanto, las obras sociales no se verán obligadas a cubrir. Es el caso, por ejemplo, de las escuelas especiales. “Si no están mencionadas, tenemos que pensar que no van a ser cubiertas por las obras sociales”, señaló. Paralelamente, Bassi destacó que también se modifican el plazo y la manera en que las obras sociales tramiten los reintegros ante la SSS.
“Los trámites serán mucho más engorrosos, hay casos en los que se puede solicitar el reintegro dos veces al año, ello implica más demoras para cobrar”, explicó. Y agregó: “Si ahora los profesionales cobramos nuestros honorarios con ocho meses de demora, después de esta resolución lo haremos un año después”.
Consultado sobre el tema, el Colegio de Psicólogos se mostró sorprendido con la resolución y adelantó que no se quedará con los brazos cruzados. Angélica Dávila, su presidenta, dijo a este diario que analizarán las medidas a tomar en la reunión que mantendrán hoy en la entidad profesional.
Calificó la normativa como “discriminatoria” para los profesionales que atienden a estos pacientes y para los afiliados, quienes quedarán desprotegidos.
“ Me sorprendió sobremanera esto que ha ocurrido, va en contramano de todo. Fue un logro cuando se ordenó a las obras sociales que cubran tratamientos de especialidades, como la psicología, por ejemplo”, destacó.
En el mismo sentido se pronunció Verónica Ávila, presidenta de la Asociación Federal de Psicomotricistas. Según explicó a este diario, 80% de los profesionales de esta especialidad trabajan con obras sociales. “Esto agrava la situación que ya estamos viviendo, hoy cobramos nuestros honorarios con tres o cuatro meses de demora y se hace muy difícil sostener los centros de rehabilitación”, se quejó.
Al igual que Davila, la titular de los psicomotricistas señaló que buscarán revertir esta resolución y adelantó que, sin dudas, habrá planteos judiciales.
