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El titular del CPCE, José Arnoletto, dijo que evalúan presentar recursos administrativos y judiciales que hagan dar marcha atrás a la nueva resolución de la Unidad de Información Financiera, que les exige denunciar a clientes sospechosos.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) se encuentra, evaluando interponer medidas administrativas y judiciales contra una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), que aseguran, les impone procedimientos que exceden sus incumbencias en una temática que consideran “compleja,” como es la persecución de operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Durante el mes de enero la UIF dictó la Resolución 25/2011, donde fijó obligaciones de información, tanto a los Consejos Profesionales, cuanto a los matriculados que ejercen funciones de auditoría, sindicatura societaria y asesoramiento y liquidación de impuestos. Entre las nuevas obligaciones, figuran la elaboración de un manual de mecanismos y procedimientos, capacitación del personal y elaboración de un registro de operaciones sospechosas ; hasta incorporar a sus procedimientos un “programa global antilavado”, el cual permita detectar operaciones inusuales y mayores pautas de identificación del cliente en los casos de presunta actuación por cuenta ajena (como pantalla).
“No somos investigadores”
Dichas normas, a criterio del CPCE cordobés, exigen a los contadores que se conviertan en vigilantes e investigadores con controles y responsabilidades que exceden sus posibilidades e incumbencias profesionales.
“Así lo hizo saber nuestro Consejo ante la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) y se están evaluando los recursos administrativos y/o judiciales a interponer en defensa de los intereses de la profesión”, subrayó a Comercio y Justicia el titular de la entidad que representa a los contadores de la Provincia, José Arnoletto.
“Por supuesto que nuestro Consejo no se opone a medidas que luchen contra el lavado de dinero proveniente de origen delictivo (narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas y demás delitos), acciones éstas que repudiamos como profesionales y como ciudadanos; pero creemos que existen organismos e instituciones especialmente preparados y capacitados para la detección e investigación de este tipo de delitos”, aclaró.
El malestar por la medida de UIF se extiende por todo el país. El viernes pasado, el Consejo Profesional de Entre Ríos fue el primero en presentarse a la Justicia Federal con una acción de inconstitucionalidad y medida cautelar de no innovar.
En Córdoba, Arnoletto sostuvo que intentarán agotar el reclamo por la vía administrativa a través de un recurso de reconsideración antes de llegar a la acción de amparo.Mientras, a nivel nacional, la Facpce podría llegar a presentar una acción judicial colectiva.
Mientras, comentó que la resolución de UIF los está impactando negativamente, ya que los contadores se encuentran sumamente cautelosos y frenaron la incorporación de nuevos clientes a sus carteras.
Recargados
Los sujetos obligados (contadores) deberán reforzar el procedimiento de identificación del cliente en los casos de presunta actuación por cuenta ajena, es decir, cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, para lo cual deberán adoptarse medidas adicionales y así obtener información sobre la verdadera identidad de la persona, identificando empresas pantallas, transacciones a distancia y operaciones con personas de o en países que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
