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Federación reafirmó la defensa del título indivisible de martillero y corredor

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Referentes de 14 delegaciones del país coincidieron en la lucha contra títulos que desmiembran la actividad. Uno dictado en La Rioja está bajo la lupa.

La Federación Argentina de Entidades de Martilleros y de Corredores Inmobiliarios (Faemci) reafirmó la indivisibilidad del título y matrícula universitaria única de martillero y corredor. Una vez más la entidad insitió, esta vez desde Córdoba, sentando postura en la reunión que mantuvo el sábado pasado con referentes de 14 delegaciones de todo el país, encabezados por el propio presidente de la entidad, Claudio Linardi.

“Hubo un pronunciamiento en relación con el apoyo irrestricto de la Faemci, una defensa cerrada de que  sólo existe una profesión: la de martillero y corredor público”, afirmó Gustavo Urcegui, secretario del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia (Cmycppc) y coordinador en la federación para la región que incluye Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis.

“Hay lugares donde se han aprobado leyes divisionistas, que por supuesto están siendo atacadas en el orden judicial que le corresponde a cada uno, por el hecho de que esas leyes dejen de tener utilización en esos lugares”,  agregó quien compartiera el pronunciamiento con los  referentes de 14 delegaciones de todo el país que sesionaron en la ciudad (hubo presencia de La Pampa, Misiones, Tucumán, Chaco, La Rioja y Buenos Aires, entre otras).

Cabe recordar que el debate sobre este tema se instaló en Córdoba tras la aprobación y judicialización de la ley 9445, que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Por su parte, Víctor Rostagno, asesor legal del Cmycppc, resaltó también la importancia del debate en relación con el caso de una persona que pretendía colegiarse con título terciario y había planteado la inconstitucionalidad de la ley 25028 (Régimen legal de martilleros y corredores), planteo que fue rechazado.
“Todos coincidieron plenamente en que la profesión de martillero y corredor público es una profesión que nace directamente del Código de Comercio, que es el Congreso de la Nación el que tiene la potestad -conforme el artículo 16 de la Constitución nacional- de legislar en materia de títulos universitarios”, explicó el abogado. “En el caso concreto de esta profesión -agregó-, no delega la creación de los títulos universitarios en el Ministerio de Educación sino que el Congreso asume directamente esa potestad y genera dentro del Código de Comercio una profesión que es la de martillero y corredor público. Esa posición fue avalada por Faemci”.

Durante el encuentro también advirtieron sobre la existencia de títulos que no responden a estos parámetros, es decir, en los que se ha “desmembrado” la actividad de martillero y corredor. Puntualmente, analizaron el caso de un título que se otorga, según explicaron, sin aprobación de la cartera de Educación. “Lo está dando una universidad de La Rioja sin autorización del ministerio, entonces, se ha decidido  apoyar la asociación profesional de esa provincia en la lucha (para combatir ese hecho)”, confirmó Rostagno.

Responsabilidad profesional
En otro orden, los referentes locales también se expresaron sobre la “dificil” situación por la disminución de trabajo en el área de incumbencia de martillero judicial tras la orden de suspender las ejecuciones, situación que trae como consecuencia que se dediquen entonces al corretaje.

Sobre este punto, tanto Urcegui  como Rostagno recalcaron la “responsabilidad social profesional (RSP)” que debe primar en el tema de valuaciones y tasaciones. “El famoso boom inmobiliario, que en su momento este colegio profesional lo tildó de burbuja inmobiliara, es una situaciónque ya no presenta las mismas características. Basta que cualquiera tome un periódico y se va a encontrar con que hace tres años un departamento a lo mejor se vendía en 60.000 dólares y hoy hay ofrecimiento de departamentos en zonas céntricas en aproximadamente 48, 50, 52 mil dólares. Es decir, ha llegado a un piso y ésta es una de las consecuencias de la denominada burbuja”.

“Las locaciones, valuaciones  y tasaciones de los inmuebles deben hacerse con responsabilidad. Ese ejemplo de la burbuja o los corredores inmobiliarios que tienen como objetivo único el lucro son la prueba de la irresponsabilidad social profesional”, concluyeron.

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