ESCUCHARPor Sofía Conrero y Silvia E. Fontana (*)
Especial para Comercio y Justicia
Cada vez se producen más fenómenos extremos que provocan desastres de todo tipo. Los desastres son una realidad frecuente y contundente, cuyas consecuencias aumentan de manera exponencial y generan grandes pérdidas y efectos negativos en nuestras vidas. El riesgo de desastres se ha convertido en una preocupación mundial, ya que entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI aproximadamente, más de 200 millones de personas por año se vieron afectadas por alguno de estos eventos.
La gestión del riesgo de desastres ha comenzado a tratarse en las agendas de gobierno a partir de la consideración de la contribución que estos procesos tienen en el marco del desarrollo. El destacado especialista en este tema Alan Llavell, en un escrito del año 2002, señala que “la sostenibilidad, sin control del riesgo, es imposible; el desarrollo sostenible sin ello es sólo una consigna vacía”. En este sentido, la gestión del riesgo no puede ser reducida a una obra o acción concreta sino que debe estar ligada a un proceso que conduce al planeamiento y la aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas, que debe ser asumido por todos los sectores de la sociedad.
Por lo tanto, la gestión del riesgo de desastres es un enfoque que nos interpela en todos los niveles y dimensiones, tanto organizacionales como individuales como ciudadanos y ciudadanas.
En el ámbito internacional son muchos los marcos referenciales y documentos que se han elaborado con el objetivo de comprometer los países y sus diferentes niveles de gobierno en desarrollar acciones tendientes a reducir el riesgo de desastres. Específicamente, el Marco de Sendai para el período 2015-2030 establece cuatro prioridades que pueden aplicarse tanto en la formulación de políticas públicas como en decisiones en cualquier organización, pública, privada o de la sociedad civil, para diseñar un plan de acción que aborde la gestión del riesgo de desastres. Estas prioridades son: comprender este riesgo, fortalecer su gobernanza, invertir en la resiliencia y la gestión, y mejorar la preparación en desastres para una efectiva respuesta, así como reconstruir mejor.
Al enfatizar estas prioridades, el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR) del año 2022 pone foco en la pregunta sobre cómo pueden evolucionar los sistemas de gobernanza para abordar mejor los riesgos sistémicos del futuro. Sostiene que, en este mundo interconectado, los impactos de los desastres se transmiten cada vez más en cascada a través de los territorios y las sociedades. Productos como la pandemia de covid-19 y el cambio climático están dejando claros los impactos que, a pesar del progreso, la creación de riesgos está superando la reducción de ellos. Esto significa también que no es posible un desarrollo sostenible sin gestionar el riesgo.
La gestión del riesgo de desastres involucra todos los actores de la sociedad en su proceso. Es decir, la participación social es requisito indispensable en este tema pero siempre con una coordinación estatal, ya que es el Estado el principal responsable pero no el único.
Algunas preguntas que surgen al hablar de este tema refieren a: ¿Cómo actuar ante catástrofes, accidentes, epidemias, guerras? ¿Es posible prevenirlos? ¿Cómo debe ser la comunicación? ¿Qué deben hacer los gobiernos? ¿Cómo tienen que interactuar las diferentes organizaciones y estamentos públicos y privados? Las respuestas a estas preguntas son complejas y profundas. En este sentido, el libro que recientemente publicamos en coautoría con Mario Riorda, La política del riesgo. Construcción social, liderazgo y comunicación, de Editorial La Crujía, pone el tema en la agenda de gobiernos y organizaciones en general y plantea que el riesgo se puede reducir pero no eliminar. Aunque el riesgo cero es deseable, en el actual contexto resulta inalcanzable. Sin embargo, sí es posible mitigar los daños que puedan ocurrir, por medio de la implementación de una política de gestión del riesgo de desastres.
(*) Investigadoras y docentes de la Universidad Católica de Córdoba
