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El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) cuestionó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei, tras considerar que la derogación y modificación de tantas leyes no se puede hacer a través de un instrumento excepcional, y advirtió que «se pone en riesgo la libertad cuando el mismo órgano hace y aplica la ley».
La entidad que conduce el abogado y excamarista federal Ricardo Gil Lavedra emitió un comunicado en el que manifestó que «observa con preocupación el dictado del DNU 70/2023, denominado Bases para la Reconstrucción de la Economía, por no ajustarse a los parámetros excepcionales establecidos en la Constitución para su dictado».
«El enorme volumen y alcance del texto del decreto que incluye la derogación de una innumerable cantidad de leyes del Congreso y la modificación de otras tantas, algunas incluso que contemplan un régimen general, no puede ser efectuada por un instrumento excepcional y de interpretación restrictiva como un decreto de necesidad y urgencia», se sostuvo en el comunicado.
«Su aceptación conduciría a la ruptura del principio de división de poderes y nuestro régimen republicano de gobierno, en desmedro de la libertad y de los derechos de los ciudadanos», alertaron los abogados.
«Le corresponderá a los jueces efectuar el control de constitucionalidad del decreto, resolviendo si el Poder Ejecutivo Nacional se ha excedido en su ejercicio», señalaron.
Añadieron que «la Corte Suprema de Justicia en una doctrina invariable y reiterada ha señalado que las facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no ampliar el sistema presidencialista».
«En el precedente más importante destacó que debía haber una imposibilidad de que el Congreso funcionara y que la cuestión fuera de una urgencia tal, que exigiera una solución inmediata», reseñaron.
