Córdoba, con brechas marcadas entre las leyes y su aplicación

Un estudio de Cippec y la Facultad de Ciencia Política de la UCC advierte múltiples falencias en la implementación o cumplimiento del marco legal, que influyen sobre la institucionalidad.

Aunque en Córdoba existe un marco legal “relativamente completo” sobre  acceso a la información, elecciones provinciales, rendición de cuentas de los poderes de gobierno, proceso presupuestario y administración pública, su efectiva implementación, circunstancia que define la calidad institucional, aún deja mucho que desear.

Así se desprende del estudio que midió en la provincia cómo se encuentra “la salud” de esas cinco dimensiones arriba enumeradas, lo cual evidencia en cada caso la brecha real entre lo normado y lo implementado. En este sentido, las distancias más marcadas entre la ley y la práctica se encuentran sobre los indicadores de acceso a la información pública, elecciones provinciales y rendición de cuentas .

El informe, hecho por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), fue presentado ayer en el marco del “Diálogo para una agenda de trabajo: ¿Cómo mejorar la calidad institucional en Córdoba?”, organizado por el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia (Copec) y el Instituto Federal de Gobierno, de la UCC, con participación de empresarios, políticos y periodistas.

“Las principales debilidades identificadas refieren al cumplimiento de la ley de acceso a la información pública; la efectiva aplicación del régimen de control patrimonial que la legislación provincial dispone para los partidos políticos; el diseño y funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia y la forma en la que, en los hechos, se da el proceso presupuestario”, indica entre las conclusiones el informe que fue presentado por el decano de la facultad, Martín Lardone, y por Fernando Straface, director de Cippec.

“Por otro lado -contrastaron-, las principales fortalezas encontradas refieren al reconocimiento y la vigencia de los derechos políticos, la existencia y funcionamiento del Defensor del Pueblo y el acceso ciudadano a la información sobre transferencias fiscales que la Provincia recibe de la Nación y las que (aquélla) realiza hacia los municipios y comunas”.

Rendición de cuentas
Si bien la provincia es uno de los ocho distritos que cuentan con una ley de acceso a la información pública en el país, los investigadores advirtieron que “la norma prácticamente no se implementa; los pedidos de acceso no son respondidos por la Administración Pública provincial; la ley 8803 no ha sido reglamentada y hay un extendido desconocimiento por parte de los funcionarios públicos respecto a los deberes que les caben en función de lo dispuesto por la normativa”.

Sobre la rendición de cuentas de los Poderes de gobierno, el estudio encontró dos grandes debilidades. Por un lado, “la provincia de Córdoba no se ha dado todavía una ley de ética pública o similar que regule en forma acabada el conflicto de intereses para los funcionarios públicos y los agentes del Estado provincial”.

Por otro, “la falta de autonomía efectiva del Tribunal de Cuentas respecto al Poder Ejecutivo de la Provincia. Esta situación es fundamentalmente producto de defectos de diseño institucional que no permiten garantizar la independencia de la agencia de control externo”.

El mapa de calidad institucional fue realizado con base en análisis de normativa; entrevistas a investigadores, académicos, ex y actuales funcionarios públicos y asesores, legisladores y periodistas, y tarjeta de puntajes sobre 183 indicadores en la ley y en la práctica.

Falencias
Rol pasivo de la legislatura en el control presupuestario del ejecutivo

El informe de Cippec y UCC también apunta falencias en el control presupuestario de la Provincia y advierte que “el Legislativo se limita a refrendar el proyecto del Ejecutivo sin que medie un análisis pormenorizado; es habitual que el Ejecutivo modifique el presupuesto durante la ejecución sin solicitar la aprobación del Legislativo y la Legislatura no realiza el control ex post de la ejecución y deja que las cuentas de inversión queden automáticamente aprobadas”. En este sentido, sugiere fortalecer las capacidades técnicas de la Unicameral con la creación de una Oficina de Presupuesto de carácter permanente y con profesionales especializados que den apoyo técnico a todos los bloques.

Además de las presentaciones de Lardone y Straface (foto), también expusieron el presidente de Coppec, Daniel Zovatto, Julián Bertranou (PNUD), Octavio Bordón (OEA), Martín Krause (Ciima) y Pablo Secchi, de Poder Ciudadano.