Científicos investigan las muertes “ilegítimas”

El Instituto de Antropología (Conicet-UNC) estudia cómo los padres de jóvenes asesinados procedentes de sectores populares deben emprender un trabajo simbólico para defender a sus hijos

Investigadores del Instituto de Antropología de Córdoba (Conicet-UNC) estudian cómo los padres de jóvenes asesinados procedentes de sectores populares deben encarar un trabajo simbólico para defender a sus hijos. Y cómo buscan incluir esas muertes violentas dentro del “problema de la inseguridad, para que sus reclamos por justicia tengan mayor legitimidad, un proceso del que están exentas familias de otras clases sociales”. Así lo difundió ayer la agencia de noticias científicas de la Casa de Trejo, Unciencia.
Natalia Bermúdez investiga, desde hace diez años, redes de relaciones familiares, sociales y políticas vinculadas con muertes en contextos de violencia en Villa El Libertador, Villa El Nailon, Villa La Tela, barrio Alberdi y localidades como Capilla del Monte y Río Tercero, entre otros.
En el último tiempo, se abocó a observar las jerarquías sociales que se generaban con relación a esas muertes, cómo algunas de éstas eran más o menos “legítimas”, cómo buscaban ser “posicionadas” –en el marco de un contexto político, social y cultural ligado a transformaciones urbanas en el país y en Córdoba– en el “problema de la inseguridad”.
La investigadora relata que, frente a la muerte violenta de un joven procedente de sectores populares, los familiares tienen que hacer todo un trabajo simbólico para defender al muerto, algo que no ocurre a priori en otras clases sociales.
Para los sectores populares, “el acceso a la Justicia es sumamente intrincado”, por cuestiones económicas y también educativas (muchos de esos familiares no saben leer). A ello se suma el conflicto de los términos morales, que son “muy importantes, porque para la Justicia también lo son”, explica Bermúdez.
Por ello, deben apelar al convencimiento de que ese joven muerto “era bueno, trabajador, de buen corazón”. Deben salir a defender quién era y evitar contar lo que vulnere esa identidad.
Bermúdez estudia el caso de una asociación de padres que reclama justicia para sus hijos. Esta organización surgió por la acción de un padre cuyo hijo falleció porque recibió un disparo en la puerta su casa. “Esa muerte se erigió como ejemplar y como punto de partida de la comparación moral”, señala. El padre, nominado ficcionalmente como “José”, comenzó a organizar marchas para “limpiar el nombre de su hijo”, porque los diarios habían presentado el hecho como un “ajuste de cuentas”.

Ajuste de cuentas vs inseguridad
Según registros de campo de la investigadora, José sostenía: “Acá es Villa Libertador, o sea ajuste de cuentas, claro, negros. Si mi hijo hubiera sido rubio o vivido en otro barrio, la policía y los medios no hubiesen dicho ‘ajuste de cuentas’ sino que todos se hubieran preocupado por la inseguridad”.
Para Bermúdez, a pesar de esas dificultades, en estos casos las muertes encuadradas como consecuencia del problema de la inseguridad tuvieron mayor legitimidad para poder reclamar. “Las familias encontraron que si iban por ese lado, el gobierno las podía atender”, indica la especialista. En este sentido, pertenecer a la asociación garantizó a los familiares un espacio desde donde legitimar su pelea por justicia, haciéndolo desde un lugar socialmente validado, al plantear a ese muerto como una víctima de la inseguridad y diferenciándolo de otros posibles conflictos barriales.
Bermúdez plantea que esta clasificación fue necesariamente “delimitando una serie de fronteras y jerarquizaciones morales y simbólicas, dispuestas para todos los casos que pretendieran adherirse a la asociación”. En esa línea, agrega que, en tanto imperativo moral, “excluía aquellas muertes en las que se ponía en duda la reputación del muerto. Es decir, muertes consideradas ‘ajustes de cuentas’ o por donde la droga estuviera involucrada”. En estos últimos casos, los familiares quedaban en una posición dudosa o en tensión, incluso de sospecha.

En juicio
Las miradas hacia víctimas y victimarios

La investigadora destaca que las “escalas morales” exceden las regulaciones propias de las comunidades y están fundadas en un contexto más amplio social, cultural y político, que impregna también instituciones como la Justicia. Lo ejemplifica con el relato de un juicio oral: “En el transcurso del juicio, y en consonancia con lo que en ese ámbito se consideran pruebas, fueron sopesadas las reputaciones de víctima y victimario. Que la víctima tuviera un trabajo estable, hijos reconocidos, secundario completo y no tuviera antecedentes sin duda fueron características altamente valoradas y resaltadas por abogados y fiscales”.
El agresor, en cambio, no había reconocido a sus hijos porque no tenían su apellido (respondía a una imposibilidad, ya que estaba detenido al momento de su nacimiento), no recordaba el nombre de su supuesto patrón y tenía antecedentes penales. “Las reputaciones morales, tanto del muerto como de quien supuestamente le dio muerte, residieron en la valoración por parte de los funcionarios judiciales del tránsito previsible de una persona por una serie de instituciones (escuela, familia, trabajo), así como la posibilidad de validación y demostración a través de certificados, trámites y documentos”, resume Bermúdez.