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Con relación a los pactos de cuota litis, la iniciativa refiere que no podrá exceder de 30% del resultado del pleito, cualquiera fuese el número de acuerdos celebrados e independientemente del número de profesionales intervinientes.
Un nuevo proyecto de ley de honorarios de abogados que litigan en tribunales federales de todo el país y aquellos con asiento en la Capital Federal fue presentado por las senadoras Ada Iturrez de Cappellini (Frente Cívico) y Nanci Parrilli (FpV), integrantes de la Comisión de Legislación General, con el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y del Colegio de Abogados de Capital Federal.
La iniciativa pretende que los peritos que participen durante el proceso judicial cobren un mínimo de 5% y un máximo de 10% de honorarios, a la vez que piden un mínimo de 11% y un máximo de 25% para los abogados y procuradores.
El texto de la norma detalla que “los profesionales que actuaren para su cliente cuando hayan sido contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual, o en relación de dependencia en calidad de abogados, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación contractual”.
Con relación a los pactos de cuota litis, el anteproyecto sostiene que “no podrá exceder de 30 % del resultado del pleito, cualquiera fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número de profesionales intervinientes. Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso en que el profesional tome a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto podrá extenderse hasta el 40 % del resultado líquido del juicio”.
También especifica que “en los asuntos previsionales, de alimentos y con la intervención de menores que actuaren con representante legal, el honorario del profesional pactado no podrá superar 20 %. Los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado con el cliente”.
Restablecer orden público
En los fundamentos, las senadoras expresaron que la norma buscará limitar la discrecionalidad judicial para regular honorarios; determinar mínimos arancelarios y restablecer la calidad de orden público para la ley que regule los honorarios y aranceles que perciban los profesionales del derecho.
El proyecto busca, entre otras cosas, que “los honorarios del profesional del derecho sean considerados inembargables, alimentarios -tal como lo reconoce la jurisprudencia nacional- y de pertenencia exclusiva de quien lo hubiere devengado”, sostuvieron Iturrez de Cappellini y Parrilli en su argumentación.
